El colectivo «Por un Parque Canino Funcional en Barreiro» exige la suspensión cautelar del
expediente de contratación y denuncia que, en una ciudad con casi 50.000 perros censados, la
mayor población canina de Galicia, la participación ciudadana ha quedado reducida a «papel
mojado»
Vigo, 3 de septiembre de 2026. El grupo de más de un centenar de familias con perros de BarreiroLavadores que desde marzo de 2025 reclama la revisión del proyecto municipal del parque canino
de Barreiro ha hecho público hoy un doble llamamiento, coincidiendo con el anuncio del Concello
de Vigo de licitar las obras de esta instalación por un importe aproximado de 169.000 euros y una
superficie de 1.105 m². El colectivo solicita públicamente dos actuaciones concretas:
- La paralización del expediente de contratación del parque canino de Barreiro, al menos hasta
que se realice una revisión técnica del proyecto, se valore formalmente la alternativa vecinal
de 2.200 m² y se dé una respuesta expresa, motivada y solvente a la propuesta registrada el
10 de marzo de 2025. - La implicación activa de los grupos municipales de la oposición, en particular BNG y PP, a
los que el colectivo pide que soliciten explicaciones al Gobierno local, reclamen acceso
íntegro a la documentación técnica y administrativa del expediente, y exijan que el proyecto
sea revisado antes de que la contratación quede definitivamente comprometida.
Para las familias afectadas, lo que está en juego trasciende los metros cuadrados de un parque: es,
dicen, «el termómetro más preciso de la calidad democrática municipal». Existe, sostienen, una
paradoja singular en el Vigo de 2026: una ciudad que alberga cerca de 50.000 perros registrados —
la mayor población canina de Galicia— se ve envuelta en un conflicto que revela un modelo de
gestión que confunde consulta con participación, eficiencia con sordera institucional, y modernidad
con la perpetuación de esquemas urbanísticos obsoletos envueltos, en palabras del propio colectivo,
«en el celofán de la innovación urbana».
Una promesa de nueve parques que empezó a torcerse en Barreiro
El 9 de diciembre de 2024, el alcalde Abel Caballero anunció una red de nueve parques caninos
municipales —Navia, Faisán, Barreiro, Ribadavia-Pizarro, A Bouza, Atalaia, María Xosé Queizán,
Avenida Castelao y O Calvario—, con una inversión conjunta anunciada de 628.700 euros. Barreiro
fue la primera ubicación designada, presentado como el buque insignia de toda la red, con una
superficie prevista de 1.105 m². La cifra generó inquietud desde el primer momento entre las
familias con perros de Lavadores, un barrio de 17.442 habitantes donde, según estimaciones
vecinales basadas en la proporción general de un perro por cada seis habitantes de la ciudad,
conviven cerca de 3.000 perros.
El 13 de febrero de 2025, el Concello lanzó una consulta ciudadana online para recoger opiniones
sobre la futura red. La encuesta, sin embargo, no permitía valorar la idoneidad de los
emplazamientos ni cuestionar las dimensiones propuestas: se limitaba, denuncia el colectivo, a
recabar preferencias sobre aspectos secundarios de una propuesta ya cerrada, «un referéndum sobre
el color de las paredes cuando lo que estaba en discusión era la arquitectura del edificio». Con 894
respuestas sobre una población potencialmente afectada de más de 96.000 personas —dos
cuidadores por cada uno de los 48.170 perros censados en Vigo—, la muestra apenas representó el
1% de los directamente implicados, un porcentaje que, por sí solo, cuestiona la representatividad de
todo el ejercicio.
Durante ese mismo periodo, voces expertas empezaron a señalar públicamente los riesgos de un
diseño insuficiente. La veterinaria especializada en comportamiento canino Xiana Costas advirtió
en La Voz de Galicia de la conveniencia de que estos espacios sean, en sus palabras, «lo más
amplios posibles», subrayando que suelen resultar demasiado pequeños para cómo se relacionan
realmente los perros entre sí.
La propuesta de 108 familias: «no era una queja, era una contrapropuesta»
El 10 de marzo de 2025 —el mismo día en que el Concello difundía los resultados de su consulta
alegando «alta aceptación»— el colectivo registró por vía municipal una propuesta técnica
alternativa avalada por 108 familias de Barreiro-Lavadores. Las propias familias insisten en cómo
describen ese documento: no era una queja, era una contrapropuesta, elaborada por quienes mejor
conocen las dinámicas reales de uso del espacio, avalada por más de un centenar de firmas y
económicamente viable sin incremento significativo del presupuesto previsto. No era, subrayan, un
trabajo amateur: incorporaba criterios profesionales, análisis de costes, estudios de ubicación y
fundamentos técnicos que cualquier consultoría especializada habría facturado como un encargo
profesional.
La propuesta planteaba duplicar la superficie hasta los 2.200 m², cifra que su fundamentación
etológica señala como el mínimo necesario para que un parque canino sea funcional, y reubicar la
instalación en una zona más tranquila del propio parque de Barreiro, alejada del tráfico rodado y de
las instalaciones deportivas ruidosas, aprovechando un espacio que muchas familias ya utilizaban
espontáneamente con sus perros. La coincidencia temporal entre la propuesta vecinal y la difusión
de los resultados de la consulta municipal no pasó desapercibida: las familias firmantes lo
interpretaron como un intento de cerrar el debate técnico antes de que pudiera ser considerado.
Lo que siguió fue silencio. Entre abril y julio de 2025, el Concello no ofreció explicación técnica ni
argumento alguno que justificase el descarte de la propuesta: cinco meses que, sostiene el colectivo,
constituyen por sí solos «una declaración de intenciones más elocuente que cualquier comunicado
oficial». El 28 de agosto de 2025, el alcalde anunció que la Junta de Gobierno Local aprobaría el
proyecto original sin ningún cambio, sin motivar el rechazo de la alternativa vecinal, dejando claro
—denuncian las familias— que la consulta había sido «una operación cosmética diseñada para
legitimar decisiones previamente adoptadas».
«Como gallinas encerradas»: la protesta que midió el terreno
Ante el anuncio, las familias hicieron público su rechazo el 1 de septiembre de 2025 mediante un
comunicado que calificaba de «incoherencia institucional» abrir un proceso de participación para
después no atender ninguna de sus aportaciones. Dos semanas más tarde, el 14 de septiembre de
2025, decenas de familias con perros llevaron a cabo una concentración simbólica en la que
delimitaron físicamente sobre el terreno el espacio exacto que ocuparía la instalación proyectada,
para visualizar ante los medios y la propia vecindad lo reducido de sus dimensiones reales.
La concentración se llenó de pancartas —»Unidos por un parque canino digno», «Os cans queren
herba, os cans queren terra», «Por un parque de verdad, no un corral de ciudad», «Menos agility y
más espacio abierto»— y de frases que resumían el malestar acumulado. Una de las vecinas
presentes lo expresó así: sus perros no entienden de política, pero sí notarán si pueden correr o si
quedan «encerrados como gallinas».
Una respuesta municipal que las familias han desmontado punto por punto
Tras la protesta, el Concello sí reaccionó: a finales de septiembre de 2025 emitió una respuesta
pública a las objeciones planteadas. Pero, según ha documentado exhaustivamente el colectivo, se
trató de una réplica que reutilizaba casi literalmente los modelos de respuesta empleados para
quejas individuales del servicio municipal 010, y que acumulaba errores materiales difíciles de
sostener: alegó riesgo de procesionaria en una parcela donde solo hay un pino —cuya eventual
plaga sería, en cualquier caso, responsabilidad municipal—; invocó un «efecto túnel» acústico en un
recinto completamente al aire libre; confundió un pequeño manantial con un río cercano; y, para
justificar que la ubicación propuesta por las familias con perros debería contar con aparcamiento
propio, citó como modelo el parque canino municipal ya existente de Pontenova, una instalación
que en realidad carece de aparcamiento propio.
El «modelo jaula y letrina»: una red diseñada al mínimo
Esa misma respuesta amparaba el diseño de Barreiro en la guía técnica NTJ 15G, de 2015 —una
normativa de jardinería orientativa, no vinculante y que las familias consideran obsoleta—, que fija
un mínimo de referencia de apenas 442 m². El propio Concello reconoció que los 1.105 m² de
Barreiro «multiplican por 2,5» ese mínimo. El colectivo replica que ese argumento se derrumba en
cuanto se observa el resto de la red: Pizarro (365 m²), Atalaia (380 m²), Castelao (331 m²) y
Calvario (363 m²) no alcanzan ni siquiera ese mínimo de 442 m².
Las familias han bautizado esta forma de proyectar la red como el «modelo jaula y letrina»: espacios
mínimos de funcionalidad dudosa, concebidos, sostienen, desde criterios economicistas que
privilegian multiplicar el número de instalaciones sobre garantizar su funcionalidad real. Lo
resumen con una imagen directa: es la lógica del marketing político aplicada al urbanismo, porque
nueve parques suenan mejor que cuatro, aunque los nueve terminen siendo disfuncionales y los
cuatro hubieran podido ser verdaderamente útiles. A ello suman una crítica de fondo a la propia
normativa invocada: la NTJ 15G data de una guía de jardinería de hace más de una década que no
incorpora los avances contemporáneos en etología canina ni las dinámicas de socialización en
espacios reducidos; basar en ella decisiones urbanísticas actuales equivale, dicen, a diseñar hoy una
red de comunicaciones con criterios de la era pre-internet: técnicamente posible, funcionalmente
obsoleto.
El dato que nadie ha aclarado: cuánto espacio les queda realmente a los perros
Más allá del debate sobre los 1.105 m² frente a los 2.200 m² propuestos por los vecinos, el colectivo
insiste en una pregunta previa que el Concello no ha respondido: cuál es la superficie neta que
realmente quedará disponible para que los perros corran y jueguen. El proyecto municipal no
consiste en un recinto único, sino en dos recintos separados —»jaulas», en la expresión que emplean
reiteradamente las familias afectadas—, y dentro de esos 1.105 m² brutos se instalarán vallado
perimetral completo, mobiliario urbano, bancos, fuente, papeleras, red de recogida de pluviales,
boca de riego y una zona de agility en madera. Ninguno de los documentos municipales publicados
hasta la fecha desglosa qué porcentaje de esa superficie corresponde a espacio diáfano de
esparcimiento y qué porcentaje queda ocupado por estos elementos.
El colectivo recuerda que organizaciones de referencia en comportamiento animal —la Sociedad
Española de Etología y Ecología Evolutiva (SEEEE) y la Asociación Internacional de Consultores
en Comportamiento Animal (IAABC)— sitúan en 2.000 m² el umbral recomendado para evitar
hacinamiento, estrés y conflictos entre perros en zonas densamente pobladas. Tomando como
referencia la propia estimación vecinal de población canina en Lavadores —cerca de 3.000 perros
—, el colectivo advierte de que incluso repartiendo la superficie bruta anunciada, sin descontar
todavía vallados ni mobiliario, entre una fracción moderada de esa comunidad canina, el resultado
se queda muy por debajo de un metro cuadrado por perro si el uso fuese simultáneo. Es la base del
argumento que ha llevado a las familias a describir la instalación como «obsoleta antes de
construirse».
«Construir primero, pensar después»: el coste de oportunidad de un precedente
Para el colectivo, el conflicto de Barreiro no es un incidente aislado, sino la puesta en práctica de lo
que describen como la «cultura del hormigón»: construir primero y pensar después, tratando el
espacio urbano como un lienzo en blanco sobre el que proyectar decisiones ya tomadas, en lugar de
reconocer que ese espacio está habitado por comunidades con necesidades específicas y
conocimiento acumulado. El coste de oportunidad, advierten, es considerable: los 169.000 euros
destinados a Barreiro podrían haberse invertido en un espacio verdaderamente funcional, diseñado
de forma colaborativa, capaz de servir como modelo replicable para el resto de la red. De
consolidarse en cambio el mismo criterio en los ocho parques restantes, la ciudad habrá destinado
más de medio millón de euros —sobre los 628.700 euros anunciados para el conjunto de la red— a
una infraestructura concebida, sostienen, con criterios obsoletos y sin participación real de sus
usuarios, lo que previsiblemente generará problemas de funcionalidad que a medio plazo exigirán
nuevas inversiones para corregirse.
Marco legal invocado por el colectivo
Las familias fundamentan su petición, entre otras normas, en la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de
protección de los derechos y el bienestar de los animales, que exige que los espacios destinados al
esparcimiento animal sean adecuados para su correcto desarrollo físico y emocional, y en la Ley
9/2017, de Contratos del Sector Público, que exige motivar la necesidad y adecuación de todo
contrato público antes de su licitación. Recuerdan además que, conforme al artículo 124 de esa
misma ley, una vez aprobados los pliegos y adjudicada la obra, cualquier modificación sustancial
resulta administrativa y económicamente mucho más compleja: de ahí la urgencia de revisar el
proyecto antes de que se consolide la contratación, y no después.
¿Qué es participar? La pregunta de fondo que plantea el colectivo
Más allá del expediente concreto, el colectivo sitúa el conflicto en un debate más amplio, que
formula abiertamente como pregunta: ¿qué significa participación ciudadana en la democracia
urbana contemporánea? ¿Es suficiente con habilitar un buzón de sugerencias digital, o la
participación real exige procesos más sofisticados que incorporen el conocimiento ciudadano como
elemento central de la toma de decisiones, y no como un trámite posterior a decisiones ya
adoptadas?
Las familias sostienen que una administración inteligente debería tratar las propuestas vecinales
fundamentadas como una suerte de «auditoría gratuita» de sus propios proyectos, y no como una
interferencia en su autonomía decisoria. Ignorar ese conocimiento acumulado, insisten, no es solo
una cuestión de cortesía institucional: es un despilfarro de capital social que una administración
eficiente debería incorporar como activo estratégico, algo equiparable a «descartar el manual de
instrucciones cuando se intenta reparar una máquina». Por eso reclaman evolucionar de lo que
llaman «urbanismo del gesto» —la lógica del impacto mediático, de anunciar nueve parques porque
suenan mejor que cuatro— hacia un «urbanismo de la convivencia», centrado en la funcionalidad
real de los espacios y en quienes los usan a diario.
El llamamiento directo a BNG y PP
En este contexto, el colectivo ha decidido dirigirse formalmente a los dos principales grupos de la
oposición municipal. A BNG y PP les pide que, en el ejercicio de su labor de control al Gobierno
local, soliciten explicaciones públicas sobre por qué no se ha comparado técnicamente el proyecto
municipal con la alternativa vecinal, reclamen acceso a toda la documentación del expediente —
proyecto, memoria, presupuesto desglosado, informes técnicos y jurídicos, pliegos administrativos
y técnicos— y exijan, antes de la adjudicación definitiva, una revisión del proyecto que dé respuesta
motivada a las cuestiones planteadas.
El colectivo insiste en que su reivindicación no busca impedir la construcción de un parque canino
en Barreiro, sino garantizar que los 169.000 euros de fondos públicos se traduzcan en una
infraestructura que funcione realmente durante años: «No estamos planteando que no se construya
un parque canino […] queremos que el dinero público se destine a una instalación que pueda
funcionar adecuadamente», señalan en su comunicado a los grupos municipales.
Lo que piden ahora
En síntesis, y a la espera de la respuesta del Concello, de BNG y de PP, el colectivo «Por un Parque
Canino Funcional en Barreiro» reclama:
- La suspensión cautelar del expediente de contratación de las obras (169.000 €) hasta que se
resuelvan de forma expresa y motivada las cuestiones planteadas. - El acceso íntegro al expediente técnico y administrativo.
- Una revisión técnica independiente que compare de forma objetiva el proyecto municipal
(1.105 m², dos recintos) y la propuesta vecinal (2.200 m², ubicación alternativa). - La constitución de una mesa de diálogo técnico y vecinal, con participación de veterinarios,
etólogos y educadores caninos independientes. - Que se aclare, de forma desglosada, cuál es la superficie neta real disponible para el
esparcimiento de los perros, una vez descontados vallados, mobiliario, accesos y zonas de
agility. - La implicación activa de BNG y PP para forzar esta revisión antes de que la obra quede
adjudicada.
El colectivo ha registrado un escrito formal ante el Concello y ante la Valedora da Cidadanía con
estas mismas peticiones y sostiene que la respuesta que reciban «no determinará solo el futuro de
los parques caninos de Vigo, sino la calidad de la democracia participativa en la ciudad». Pone a
disposición de medios de comunicación y grupos municipales toda la documentación y cronología
del conflicto a través de su blog.
Para más información, entrevistas, documentación del expediente o material gráfico de la
concentración de septiembre de 2025:
Grupo de Familias con Perros «Por un Parque Canino Funcional en Barreiro» Blog y cronología
completa del conflicto:
