Los grupos de la oposición en el Concello de Vigo han mostrado un rechazo contundente al modelo de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) impulsado por el gobierno municipal, cuestionando tanto su enfoque como sus consecuencias para la ciudadanía.
Desde el Partido Popular, su presidenta en Vigo, Luisa Sánchez, ha acusado al alcalde de “faltar a la verdad” al asegurar en reiteradas ocasiones que las ZBE no tendrían carácter sancionador. Tras la aprobación inicial de la ordenanza, los populares sostienen que se confirma la imposición de multas de hasta 200 euros a los vehículos que incumplan la normativa una vez finalice el periodo de advertencia. En este sentido, han reclamado retrasar al máximo la entrada en vigor del régimen sancionador y ampliar las exenciones, además de reforzar el transporte público con más frecuencias y tarifas más accesibles.
Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha reiterado su rechazo frontal al proyecto, al considerar que se basa en “prohibiciones y sanciones” en lugar de ofrecer alternativas reales al uso del vehículo privado. Su portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, ha calificado la ordenanza como una “contradicción”, al entender que combina restricciones con numerosas excepciones que, en la práctica, limitarían su eficacia.
El BNG defiende un modelo alternativo centrado en la mejora del transporte público, la ampliación de espacios peatonales y el impulso de la movilidad sostenible, como la bicicleta o los vehículos de movilidad personal. Asimismo, ha criticado la falta de participación durante la elaboración de la ordenanza y ha pedido actualizar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad.
Ambas formaciones coinciden en la necesidad de priorizar políticas que faciliten una transición justa hacia una movilidad más sostenible, minimizando el impacto económico y social sobre la ciudadanía
