FACUA pide sanciones para las empresas que se lucran con el spam telefónico e indemnizaciones para los afectados

La asociación viene reivindicando un cambio normativo que incluya el bloqueo de las llamadas comerciales no deseadas desde numeraciones fijas con prefijo geográfico.

FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno un cambio regulatorio que incluya indemnizaciones para los usuarios que sean víctimas del spam telefónico y sanciones para las telecos y energéticas que se lucran con este tipo de llamadas no deseadas.

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha informado de que desde el pasado mes de marzo, los operadores de telecomunicaciones han bloqueado 48 millones de llamadas y más de dos millones de mensajes de texto que escondían un fraude.

Pese a ello, multitud de consumidores continúan recibiendo llamadas comerciales no solicitadas prácticamente a diario, pues la orden ministerial no incluyó el bloqueo de este tipo de comunicaciones desde las numeraciones fijas con prefijo geográfico. La asociación viene advirtiendo de que las medidas adoptadas por el Gobierno eran claramente insuficientes y le trasladó la necesidad de ampliar dicho bloqueo a todo tipo de llamadas. Y es que estás numeraciones son ahora un gran coladero de fraudes.

El propio ministro ha admitido que tras la entrada en vigor del plan, los estafadores están usando llamadas con prefijos nacionales para sus prácticas fraudulentas ante la imposibilidad de hacerlo con numeración móvil. López ha explicado que desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública están estudiando cómo frenar esta nueva práctica.

Derecho a indemnización

FACUA insiste en la necesidad de ampliar la orden ministerial para bloquear también las llamadas spam desde numeraciones fijas con prefijo geográfico. Desde 2023, todas las llamadas comerciales no pedidas expresamente están prohibidas, aunque en la práctica, se han seguido produciendo tanto o más como se producían con anterioridad.

Además, la asociación considera fundamental que desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se impulse un cambio regulatorio para obligar a las empresas beneficiarias de altas a través de llamadas comerciales a informar al usuario de que, si no fue realizada o solicitada expresamente por él, tendría derecho a una indemnización económica al tratarse de spam telefónico.

FACUA reclama al Gobierno que todas las empresas beneficiarias de altas telefónicas tengan que garantizar que en la grabación de la llamada el usuario no solo acepta unas condiciones concretas del servicio, sino que además indica que ha realizado él la llamada o que pidió expresamente que se la hicieran. Si dicha información no aparece en la grabación, el contrato no sería válido y las empresas que los procesen estarían incurriendo en una infracción de consumo que derivaría en sanción al ser denunciada.