- Alberto Pazos afirma que el Parlamento de Galicia reclamará transparencia, depuración de responsabilidades y respeto a las instituciones democráticas ante los casos de presunta corrupción vinculados al entorno del Gobierno de España.
- Los populares defenderán también la transferencia íntegra de la AP-9, una reforma consensuada del Reglamento de la Cámara y formularán preguntas sobre energía eólica, el Corredor Atlántico y el Estatuto Marco del personal sanitario.
El portavoz del Grupo Popular, Alberto Pazos, avanzó hoy los asuntos que se abordarán en el próximo Pleno del Parlamento de Galicia, una sesión en la que los populares gallegos centrarán sus iniciativas en la defensa de las instituciones democráticas, del Estado de Derecho y de los intereses de Galicia.
En este sentido, el Grupo Popular defenderá una Proposición no de Ley para expresar la condena del Parlamento ante los ataques dirigidos contra la Justicia y los medios de comunicación, así como para reclamar transparencia y la depuración de responsabilidades políticas que puedan derivarse de los casos de presunta corrupción conocidos en las últimas semanas y vinculados al entorno político e institucional del Gobierno de España.
Alberto Pazos señaló que «la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas constituye uno de los principales activos de cualquier sociedad» y advirtió de la creciente preocupación social generada por estos hechos y por el deterioro de la credibilidad de las instituciones públicas.
«El Parlamento de Galicia debe trasladar un mensaje claro de defensa de la independencia judicial, de la libertad de información, de la transparencia y de la rendición de cuentas, principios esenciales para garantizar el correcto funcionamiento de la democracia», afirmó.
La iniciativa popular insta además al Gobierno de España a actuar con total transparencia y plena colaboración con los órganos investigadores, así como a poner fin a cualquier utilización partidista de los medios públicos estatales.
La iniciativa popular insta además al Gobierno de España a actuar con total transparencia y plena colaboración con los órganos investigadores, así como a poner fin a cualquier utilización partidista de los medios públicos.
DEFENSA DE LA TRANSFERENCIA ÍNTEGRA DE LA AP-9
El Grupo Popular llevará también al Pleno una iniciativa para reivindicar que la transferencia de la AP-9 se materialice exactamente en los términos aprobados por unanimidad por la Cámara gallega.
Pazos mostró su preocupación por los cambios introducidos por los grupos que sustentan al Gobierno central en un acuerdo que modifica radicalmente aspectos sustanciales del texto consensuado por todas las fuerzas políticas gallegas, sin contar con la Xunta de Galicia.
Los populares defenderán que Galicia asuma la gestión integral de la autopista, incluyendo la planificación, explotación, conservación y política tarifaria, sin limitaciones ni reinterpretaciones posteriores. Asimismo, consideran irrenunciable que la transferencia no suponga ningún coste adicional para los gallegos y que el Estado continúe asumiendo todas las obligaciones económicas derivadas de la concesión.
REFORMA DEL REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
El primer punto del orden del día de la próxima sesión plenaria será la Proposición de Ley de Reforma del Reglamento del Parlamento de Galicia, una modificación puntual que cuenta con el consenso de los cuatro grupos con representación en la Cámara y que se tramitará por lectura única.
La reforma incorpora nuevos supuestos para el ejercicio del voto en situaciones de hospitalización, incapacidad temporal o enfermedad grave, ampliando así las garantías para que diputadas y diputados puedan ejercer sus derechos parlamentarios.
Además, se actualiza el régimen de las preguntas orales pendientes al finalizar los períodos ordinarios de sesiones, con el objetivo de dotar de mayor claridad y agilidad a su tramitación y favorecer un funcionamiento más eficaz de la institución.
El pleno acogerá también la comparecencia del consejero de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional para informar sobre la evolución de las políticas de investigación e innovación impulsadas por la Xunta de Galicia.
El portavoz popular destacó que la ciencia constituye una de las prioridades de esta legislatura y recordó la aprobación del Plan gallego de investigación e innovación 2025-2027, orientado a fortalecer el sistema gallego de I+D+i, impulsar la transferencia de conocimiento y reforzar la competitividad de la comunidad.
Según indicó, el ecuador de la vigencia del plan representa una oportunidad para evaluar los avances alcanzados y analizar los retos pendientes para seguir consolidando Galicia como referente en investigación e innovación.
PREGUNTAS SOBRE CUESTIONES ESTRATÉGICAS PARA GALICIA
El Grupo Popular formulará además tres preguntas orales centradas en cuestiones estratégicas para Galicia.
La primera de ellas abordará la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el parque eólico de Bustelo, que, según los populares, avala aspectos clave de la tramitación administrativa y ambiental de los proyectos eólicos y puede contribuir a desbloquear el desarrollo de las energías renovables en la comunidad.
La segunda se centrará en los resultados de la reunión mantenida por el consejero de Presidencia con el coordinador europeo del Corredor Atlántico, una infraestructura considerada fundamental para mejorar las conexiones ferroviarias, reforzar la competitividad económica de Galicia y fortalecer los vínculos con Portugal y con el resto de Europa.
Finalmente, el Grupo Popular preguntará por las consecuencias de la aprobación por el Gobierno de España del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal sanitario. Alberto Pazos expresó su preocupación por la falta de consenso con las comunidades autónomas y con los profesionales médicos, así como por el impacto que esta situación está teniendo sobre la asistencia sanitaria.
En este sentido, recordó que desde el inicio de las huelgas en diciembre se han suspendido en Galicia cerca de 245.000 actos médicos, al tiempo que destacó la capacidad de diálogo de la Xunta, que alcanzó siete acuerdos con organizaciones sindicales para mejorar las condiciones laborales del personal sanitario.
