Ante el auto emitido por el Juzgado número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, con el que finaliza la instrucción de la causa abierta por la trágica muerte producida en una atracción de feria en las fiestas de Matamá en agosto de 2024, desde el Bloque Nacionalista Galego queremos trasladar públicamente, como primera valoración, las siguientes consideraciones:
- La decisión judicial, concluida la instrucción de la causa, de imputar a la concejala del Área de Gobierno de Seguridad, Contratación, Fiestas y Gestión Municipal por los delitos de homicidio imprudente y de lesiones por imprudencia grave por la falta de actuación de la responsable municipal para evitar que una atracción que no contaba con autorización pudiera estar en funcionamiento, exige el cese y la inmediata salida del Gobierno local de la señora Rodríguez Calviño.
- La no imputación ni de la Comisión de Fiestas organizadora, ni del Jefe del Servicio del Área de Seguridad del Ayuntamiento, ni del Jefe de la Policía Local, señala de manera incontestable que la responsabilidad se sitúa, además de en la propiedad de la propia atracción, también en la dirección política y en la propia acción de gobierno.
- En ese sentido, el auto señala de manera contundente que el Gobierno municipal no habría adoptado las medidas necesarias para ejercer sus competencias legales en materia de inspección y control, lo que acabó colaborando en el fatídico accidente en el que perdió la vida un vecino. Extremo por el que el BNG demandó explicaciones desde el primer momento y que el ejecutivo de Abel Caballero nunca dio. Al contrario, asistimos a una estrategia de confusión en la que se pretendió por parte del gobierno eludir toda responsabilidad imputándosela primero a la Comisión de Fiestas e intentando derivarla después a la actuación de los efectivos de la Policía Local, como quedó de manifiesto en la propia declaración judicial de la señora Rodríguez Calviño.
- La gravedad del asunto, así como las decisiones políticas persistentes de no ofrecer ninguna explicación, de negarse a atender las interpelaciones de la oposición y de mantener incomprensiblemente en su cargo a la concejala ahora ya imputada por graves delitos con resultado de muerte, obligan a que el alcalde, Abel Caballero, como máximo responsable del Gobierno municipal, dé la cara y proceda a comparecer de manera urgente ante el Pleno para dar las respuestas que la ciudadanía viguesa merece.
- Reiteramos la necesidad de constituir una Comisión Especial de Investigación a nivel municipal que permita no solo depurar todas las responsabilidades también desde el punto de vista administrativo, sino también detectar las deficiencias en los procedimientos y actuaciones y adoptar medidas que eviten que un suceso así pueda volver a ocurrir nunca más.
