- El frente nacionalista advierte de que la emergencia habitacional no se resuelve con «amagos para aparentar que se va a hacer algo»
- Presentó 12 enmiendas para convertir EMVIGO en un verdadero servicio público, que fueron rechazadas por los votos del PSOE y la abastención del PP
- Xabier P. Igrexas: “ La vivienda es un derecho fundamental, no un negocio. Vigo precisa una empresa municipal útil, potente y transformadora, no un logotipo”
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo lamentó que la «falta de ambición» del Gobierno de Abel Caballero amenace con convertir la futura Empresa Municipal de Vivienda (EMVIGO) en una «cáscara vacía», incapaz de dar respuesta a la grave emergencia habitacional que atraviesa Vigo.
Durante el debate plenario de la aprobación inicial de la memoria de creación de la sociedad municipal, aun sin constituir, el portavoz del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, advirtió de que «la situación que vive la ciudad no se resuelve con amagos para aparentar que se va a hacer algo».
En ese sentido, incidió en la situación “imposible” del mercado del alquiler, marcada por el hecho de que hoy en la ciudad haya ya 8 pisos turísticos por cada vivienda disponible para alquiler residencial, y que la mitad de los que se ofertan tienen precios superiores a los 1.000 euros mensuales.
«Vigo precisa un verdadero instrumento público para garantizar el derecho a la vivienda, no una empresa descafeinada, supeditada a la lógica del mercado y diseñada para cuadrar balances», afirmó el portavoz municipal nacionalista.
Aliás, recordó que la creación de una empresa municipal de vivienda fue una demanda histórica del BNG, frente a la negativa mantenida durante años por el Gobierno local, que alegaba carecer de competencias en esta materia.
Sin ambición
Para el BNG, la memoria aprobada inicialmente solo con los votos del PSOE presenta «dos males de origen»: la falta de ambición social y la sumisión a los criterios del mercado. Igrexas criticó que el principal proyecto previsto por el Gobierno municipal, en Santa Cristina de Lavadores, contemple destinar dos tercios del suelo público a la promoción privada. «El suelo municipal no se vende ni se cede para favorecer la especulación. El suelo público tiene que servir para promover vivienda cien por ciento pública, bajo gestión pública y protegida de manera permanente», defendió.
La frente nacionalista cuestiona también que el documento considere «accesibles» alquileres de hasta 700 euros mensuales y que reserve únicamente el 10% de las futuras viviendas para atender situaciones de emergencia habitacional. “En qué ciudad viven?” interpeló el portavoz municipal, recordando que la mayoría social no tiene salarios tan elevados como las dedicaciones exclusivas que percibe el Gobierno.
«Un alquiler público no puede ser un pequeño descuento sobre el mercado. Tiene que garantizar que ninguna familia destine más del 30% de sus ingresos al acceso a la vivienda», sostuvo Igrexas, quien calificó también de «ridícula» la reserva prevista para emergencia social que proponen triplicar. A este respeto, volvió a cargar contra los “discursos indecentes que se atreven a afirmar que en Vigo hay gente durmiendo en calle porque quiere, cuando la realidad es que no hay soluciones para la gente sin hogar y cada semana se producen desahucios sin alternativa habitacional”.
Segundo el portavoz nacionalista, la memoria está «obsesionada con la llamada regla del 50%», que hace prevalecer la rentabilidad financiera de la futura sociedad, cuando «la prioridad absoluta de un Ayuntamiento debe ser garantizar el derecho de la vecindad a poder vivir en su ciudad».
Doce enmiendas
Con el objetivo de reorientar el proyecto, el BNG presentó un voto particular con doce enmiendas destinadas a transformar EMVIGO en un auténtico instrumento de intervención pública frente a la crisis de la vivienda.
Entre las principales propuestas figura la promoción pública directa de 500 viviendas protegidas -frente las 250 recogidas inicialmente-, la movilización inmediata de las viviendas vacías de la SAREB y de las entidades financieras rescatadas, así como un programa anual de 10 millones de euros para adquisición y rehabilitación de inmuebles.
El BNG propuso también elevar la dotación inicial de la empresa hasta, como mínimo, los 20 millones de euros, garantizar la captación de fondos de otras administraciones -incluida la Diputación-, blindar el carácter público del parque municipal para impedir su venta a hondos buitre o capital privado y dotar EMVIGO de un plantel propio que evite privatizaciones encubiertas mediante externalizaciones.
La alternativa nacionalista incorporaba además indicadores de impacto social para evaluar la actividad de la empresa —como la reducción de la lista de espera o del esfuerzo económico de las familias— en lugar de limitar su viabilidad a parámetros exclusivamente financieros, y redefine la finalidad de la sociedad para convertirla en una verdadera herramienta pública frente a la emergencia habitacional.
Además incidieron en la “democratización” de la gestión de la futura empresa municipal, para lo cual reclamaron que se garantice la presencia con voz y voto de todos los grupos políticos en la Xunta General y en el Consejo de Administración, pero estableciendo la prohibición expresa de cobrar cualquier tipo de dieta o retribución.
La vivienda como derecho
El portavoz del BNG insistió en que el debate plenario «no era una cuestión burocrática», sino una decisión estratégica sobre el modelo de ciudad. «Hoy decidimos se queremos que la Empresa Municipal de la Vivienda sea un simple espectador del mercado o una herramienta útil para garantizar el primer derecho de la ciudadanía: poder habitar su ciudad», afirmó.
Para Iglesias, Vigo necesita una política pública de vivienda «a la altura de la emergencia social que vivimos», por el que reclamó al Gobierno municipal que rectifique e incorpore las propuestas formuladas por el BNG. No obstante, el voto particular del Bloque fue rechazado con el votos en contra del grupo municipal del PSOE y la abstención del PP.
«La vivienda es un derecho fundamental, no un negocio. El que precisa Vigo son políticas valientes y recursos suficientes para garantizar ese derecho, no amagos ni operaciones cosméticas para aparentar que se hace algo mientras continúa agravándose la crisis habitacional», concluyó.
