- Advierte que el aumento continuado del precio de la VP por parte del Gobierno de Rueda está dificultando el acceso a la vivienda precisamente a las rentas más bajas
- Propone comprar 4.000 viviendas en cinco años para poner en alquiler a precios que los gallegos y gallegas puedan pagar
- Aboga por garantizar también por ley la protección permanente de toda la vivienda protegida para acabar con la especulación
La portavoz nacional, Ana Pontón, anunció en Santiago que el BNG registrará en este mismo mes de abril en el Parlamento una proposición de ley para “blindar la función social de la vivienda” y para “evitar que el parque de vivienda se convierta en un parque hotelero”.
Así lo avanzó en la apertura de la jornada ‘A vivenda en Galiza. Retos e solucións’ organizada por el BNG para analizar las propuestas y alternativas a desarrollar en este ámbito de actuación, y en la que participaron especialistas en la materia como la directora general de Vivienda de Navarra, Elga Molina; los profesores de la USC, Andrés Quintiá y María José Piñeira; o la abogada y asesora de Agrelar Consultora, Mariola Pazos.
Pontón explicó que entre las medidas que contempla su propuesta legislativa, el Bloque incluye el establecimiento de un tope al número de Viviendas de Uso Turístico (VUT) que puede haber en Galicia, un límite que además debe tener en cuenta el impacto por zonas.
De igual modo, apostará por blindar la exigencia de licencia previa para las VUT, una licencia que tendría una duración de cinco años prorrogables, medida que Pontón también consideró importante, dado que la Xunta tiene en su registro “muchísimas viviendas ilegales que no cumplen con la normativa”. “Creemos que hay que acabar con ese coladero y que esas viviendas de uso turístico tengan que cumplir la ley para poder salir al mercado”, profundizó.
La proposición no de ley nacionalista incluye también la elaboración de un mapa que examine cómo está la distribución de las VUT en el País, un análisis de quién es la persona física o jurídica propietaria de estas viviendas y la gestión que se hace de las mismas, así como del impacto que están teniendo las concentraciones de VUT en el derecho a una vivienda habitual.
“Se trata de que el Gobierno utilice la capacidad legislativa que tiene para garantizar el derecho a una vivienda, en este caso regulando las Viviendas de Uso Turístico, que sabemos que es una cuestión que, en este momento, está incidiendo en muchas áreas a la hora de reducir el número de viviendas destinadas al alquiler”, argumentó para defender la necesidad de “impulsar medidas legislativas valientes y de calado”.
En este sentido, la líder nacionalista defendió asimismo blindar por ley que la Xunta tenga que establecer zonas donde se regulen los precios del alquiler, de manera que tenga capacidad para contener los incrementos tan importantes que se están produciendo actualmente.
Pontón abogó por garantizar por ley la protección permanente de toda la vivienda protegida (VP), ya que hay VP que no se está haciendo en suelo público pero que recibe recursos públicos y que, advirtió, en 15 años puede estar vendiéndose a precios imposibles en el mercado libre. “Esta vivienda también tiene que tener protección permanente”, incidió.
Por último, avanzó también el impulso de un paquete de cambios normativos para promover las cooperativas de vivienda en cesión de uso y el derecho de superficie.
Movilización de vivienda vacía
Además del ámbito legislativo, la segunda cuestión sobre la que la organización nacionalista considera preciso incidir es en la movilización de vivienda vacía en régimen de alquiler a través de la combinación de distintos instrumentos que incentiven que una parte de esas viviendas, especialmente en las zonas de mayor demanda, pueda salir al mercado a precios asequibles.
Esta movilización tendría un impacto muy importante, alegó, teniendo en cuenta además que Galicia es la segunda comunidad de todo el Estado con más vivienda vacía y que solo en las grandes ciudades hay 90.000 en esta situación.
Compra de 4.000 viviendas
La tercera y última línea de actuación apuntada por el Bloque tiene por objetivo multiplicar el parque de vivienda pública mediante la construcción de vivienda nueva, pero también mediante la compra y rehabilitación de la ya construida, empezando por comprar toda la vivienda protegida que se ponga a la venta.
En esta línea, la portavoz nacional recordó que en los últimos años se vendieron en el País 7.000 viviendas protegidas sin que “la Xunta comprara la primera” —a pesar de tener derecho de tanteo— e indicó que en los próximos cinco años caducará la calificación de otras 14.000. “Nosotros lo que reclamamos es que la Xunta compre todas esas viviendas para destinarlas a alquiler a precios que la gente pueda pagar”, resumió.
En segundo lugar, reiteró la necesidad de poner en marcha un programa de compra de vivienda ya construida para destinarla a alquiler social y asequible. “Estamos hablando de que se puedan comprar en los próximos cinco años 4.000 viviendas; hay fondos extraordinarios para hacerlo y lo único que falta es voluntad política”, incidió.
Pontón defendió las propuestas del BNG frente a un Gobierno del PP al que calificó de incapaz de ofrecer respuesta al problema de la vivienda, que “se está convirtiendo en un factor de exclusión social”, fruto de un modelo neoliberal que la ha convertido en objeto de especulación. Como prueba, señaló que el 43% de las viviendas compradas en este 2026 hasta el mes de marzo fueron adquiridas pagando al contado.
En este sentido, recordó que el precio del alquiler supera en Galicia el salario de más de 100.000 personas, con precios disparados en ciudades como Vigo o A Coruña, lo que hace imposible la emancipación de la juventud.
“Llevamos 17 años de un Gobierno del Partido Popular que demolió la política social de vivienda”, recalcó, criticando que el Ejecutivo de Rueda solo construyera 171 viviendas protegidas en los últimos dos años pese a su promesa de alcanzar las 20.000 para 2028. Asimismo, recordó que los populares dejaron de invertir 490 millones de euros presupuestados para vivienda en los últimos cinco años.
Finalmente, criticó que el Ejecutivo incremente el precio de la vivienda protegida en más de un 30% en los últimos años, lo que “dificulta cada vez más el acceso a las rentas más bajas”. “El PP no es parte de la solución porque es parte del problema”, concluyó, defendiendo las propuestas nacionalistas para facilitar el acceso a una vivienda digna.
