- El director de Turismo de Galicia se reúne con representantes de las asociaciones para informar de la habilitación normativa que creará la tasa que pide Santiago
- Indicó que el marco legal avanza en su definición y será debatido y enriquecido en el Parlamento pero no será un impuesto general ya que «la realidad turística actual de Galicia no lo hace necesario»
El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, se reunió hoy con una representación del sector turístico de alojamiento para abordar el proyecto de ley que regula el impuesto sobre estancias turísticas en la Comunidad Autónoma de Galicia, que se avanza nos sus trámites. En el encuentro se informó del documento llevado a la Ley de Medidas de los Presupuestos para 2025 que recoge la habilitación normativa para crear la tasa turística que pide el Ayuntamiento de Santiago.
Xosé Merelles destacó que el marco legal para la puesta en marcha de este impuesto avanza en su tramitación para ser debatido y enriquecido en el Parlamento de Galicia y recordó también que, en todo caso, es una medida voluntaria y será íntegramente gestionado, recaudado e inspeccionado por los ayuntamientos que decidan implantarlo. «No es en ningún caso una tasa turística para toda la Comunidad gallega porque la realidad turística actual no la hace necesaria, pero con esta ley daremos las herramientas a los ayuntamientos que lo piden y justifiquen para que se responsabilicen de su gestión y funcionamiento. Oficialmente solo la pidió Santiago», remarcó.
En este sentido, el director de Turismo de Galicia informó de las características principales que se incluyen, como avance, en la Ley de Medidas de los Presupuestos de 2025 como, entre otras, que los ingresos obtenidos por este impuesto estarán afectados cuando menos en un 80 % a inversiones y gastos vinculados a la promoción, impulso, protección, fomento y desarrollo del turismo sostenible, en la forma que se determine en la ley.
Ordenanza de los ayuntamientos
Además, los ayuntamientos que decidan establecer el recargo deberán aprobar, con carácter previo, una ordenanza fiscal en cuyo procedimiento de elaboración se justifiquen las razones de la exigencia del recargo, y se evalúe el impacto y eficacia.
También recordó que, tal como se fija en el documento, en el procedimiento de elaboración los ayuntamientos deberán garantizar la consulta, participación y audiencia a las organizaciones y asociaciones representativas del sector turístico sobre los problemas que se pretenden solucionar con la norma; la necesidad y oportunidad de su aprobación; los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas. En la ordenanza se asumirán y se determinarán las competencias de gestión, recaudación e inspección, así como la potestad sancionadora.
Comisión de asesoramiento
Además, en la ordenanza se preverá la constitución, organización y funciones de una comisión municipal de asesoramiento y seguimiento de la implementación del impuesto conformada por personas representantes del ayuntamiento, así como por personas representantes de las empresas del sector y asociaciones vecinales. Esta comisión realizará funciones de asesoramiento y seguimiento permanente de la aplicación del impuesto, teniendo en cuenta indicadores como la evolución del nivel de ocupación, el número de plazas turísticas, el rendimiento por cada plaza o cualquier otro indicador de los sectores turísticos del municipio. La comisión aprobará cada año un informe de evaluación de impacto del recargo en relación con las finalidades pretendidas con su aprobación.
Xosé Merelles reiteró que el Ayuntamiento de Santiago de Compostela fue el único que solicitó la implantación de este impuesto y recordó la importancia de que esta medida no busque lanzar el mensaje equivocado de si hay demasiados visitantes en un destino. «No es el caso de Galicia», sentenció.
En el encuentro estaban representados empresarios del sector del alojamiento de la ciudad de Santiago de Compostela -la única ciudad que lo solicitó formalmente-, así como los sectoriales del resto de las tipologías turísticas de alojamiento definidas en la Ley de Turismo, las asociaciones provinciales y el Clúster de Turismo de Galicia.