El Consello tomó razón hoy de las alegaciones presentadas por el Gobierno autonómico en el marco del proceso de información pública de la modificación normativa impulsada de forma unilateral por el Estado
- Rueda lamenta que se propongan cambios en las concesiones que «comprometerían el futuro» de instalaciones claves para la economía gallega como «astilleros, conserveras o establecimientos de hostelería»
- La reforma revocaría prórrogas sobre concesiones ya otorgadas, denegaría peticiones nuevas y aplicaría un régimen más restrictivo para poder operar en la costa
- Alerta de que la acuicultura marina sería uno de los sectores más perjudicados, ya que a la hora de tramitar las correspondientes autorizaciones para ocupar el dominio público se han equipado «bateas y otras instalaciones acuícolas con los chiringuitos playeros»
- Los cambios propuestos derivarían, además, en un aumento de recursos y litigios entre afectados y administraciones ante las contradicciones del nuevo reglamento con la Ley de Costas aún en vigor y mismo en el pago de unas indemnizaciones cuyos costes se pretenden trasladar a las comunidades autónomas
- Defiende «preservar el litoral» al tiempo que se garantiza «una vida económica ordenada jurídicamente» en el mismo
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó hoy de que la Xunta acaba de solicitar al Gobierno central «que suspenda de inmediato la reforma del Reglamento de Costas» porque «invade competencias exclusivas de Galicia y vulnera los derechos de los titulares de concesiones del litoral». El Gobierno autonómico recuerda además que, en los términos actualmente previstos, este reglamento no se adecuaría a las exigencias de la Comisión Europea ni al propio Derecho comunitario y contradiría la normativa estatal.
Así se recoge en el acuerdo del que tomó razón esta mañana el Consello da Xunta y en el que se da cuenta de las alegaciones conjuntas inscritas por las Consellerías de Medio Ambiente y Cambio Climático y del Mar en el marco del trámite de información pública del referido anteproyecto, cuyo plazo para hacer observaciones remataba el pasado 15 de abril. El presidente destacó que el Gobierno central quiere modificar el reglamento «de manera unilateral y sin ningún tipo de consulta con las comunidades y los sectores afectados».
El Ejecutivo gallego basa su rechazo en la reforma del Reglamento de Costas en argumentos competenciales, jurídicos y también económicos. Así, entre las principales alegaciones formuladas, se destaca que el Gobierno central pretende imponer cambios en los procedimientos de otorgamiento y revocación de los títulos concesionales en la costa aún a pesar de tratarse de una competencia que, tal y como reconocen el Estatuto de Autonomía y la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia, corresponde en exclusiva a la Administración autonómica.
Rueda resaltó que se trataría de cambios que podrían derivar en el pago de indemnizaciones para compensar los posibles afectados. En este sentido, dado que la memoria del anteproyecto no prevé costes económicos para el Estado ni especifica quien si haría cargo de estas indemnizaciones, la Xunta interpreta que lo que se pretende es trasladar a las comunidades autónomas los costes de unas decisiones adoptadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y hacerlo, además, sin ningún tipo de diálogo previo. «Podría darse el caso de que decisiones tomadas de manera unilateral por el Gobierno central fueran indemnizadas por las comunidades con costa», indicó.
Esta situación supondría, además, un perjuicio directo para las empresas y personas que ejercen actualmente algún tipo de actividad económica en la franja costera, dado que verán peligrar su futuro y las inversiones realizadas con base en un escenario que va a cambiar por el carácter retroactivo de muchas de las medidas recogidas en el anteproyecto. «La pretensión del Gobierno es clara: limitar al máximo la actividad en el litoral. Y esto compromete el futuro de instalaciones claves para la economía gallega como astilleros, conserveras o establecimientos de hostelería», destacó el presidente.
En todo caso, y además de la invasión competencial señalada y de su impacto sobre las actividades económicas ligadas al mar en Galicia, el Gobierno autonómico argumenta también en sus alegaciones que el nuevo reglamento generará inseguridad jurídica en la medida en que su redacción es contradictoria con el articulado de la propia Ley de Costas aún vigente. Recuerda en este sentido que los reglamentos contrarios a las leyes que desarrollan son nulos de pleno derecho y que, por lo tanto, la modificación propuesta generaría un escenario de inestabilidad normativa y obligaría a volver a la situación anterior.
En concreto, explicaron que esta modificación, tal y como figura en el propio texto del Gobierno central, permitiría la anulación de prórrogas sobre concesiones ya otorgadas, la denegación de prórrogas solicitadas y la aplicación, con carácter general, de un régimen más restrictivo a las nuevas concesiones, al tiempo que se pretende eliminar también la figura de las prórrogas extraordinarias recogida en la Ley de Costas.
Todas estas medidas que se van a introducir por vía reglamentaria, qué limitan o mismo contradicen preceptos de la propia normativa estatal avalados por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, abrirán un nuevo escenario para las actividades económicas asentadas en la costa, generando inseguridad tanto para los titulares de concesiones como para las administraciones encargadas de aplicarlas y, por consiguiente, desencadenará un aumento de los recursos y litigios en defensa de los intereses de los afectados.
El informe de alegaciones de la Xunta advierte así del riesgo de inseguridad jurídica y de conflictividad social que van implícitos en esta reforma por el impacto negativo que puede tener, entre otras cosas, la vulneración de derechos adquiridos por parte de los titulares de concesiones en la costa gallega, que es la más extensa de todo el país -con 2.555 km- y concentra cerca de 1,5 millones de habitantes -más de la mitad de la población-.
Además, mientras el Gobierno central justifica los cambios propuestos como una solución al procedimiento de infracción iniciado en 2023 por la Comisión Europea contra España por incumplir la Directiva de servicios comunitaria en las concesiones del litoral, el Gobierno autonómico alega que esta solución propuesta nunca supondría una garantía de compatibilidad de la legislación española con la europea, dado que el que Bruselas demanda es un cambio con rango de ley y no la reforma de un reglamento.
Afición a la acuicultura
Ante este escenario, la Xunta lleva meses advirtiendo que el futuro de muchas instalaciones asentadas en la franja costera. En particular y como ejemplo especialmente preocupante en una comunidad como la gallega, las alegaciones hacen una mención específica al caso de la acuicultura, un sector clave que suma 2.500 empresas y casi 4.500 trabajadores en Galicia y que podría resultar uno de los más perjudicados por los cambios propuestos en la tramitación de las concesiones que dan derecho a ocupar el dominio público.
Así, la decisión del Gobierno central de aplicar la Directiva de servicios comunitaria a todas las actividades y sectores productivos asentados en el litoral, sin hacer distinciones, «supondría en la práctica equiparar bateas, y otras instalaciones acuícolas con los chiringuitos playeros» cuando son actividades totalmente distintas y con sus propias singularidades.
Por todos los motivos que se recogen en las alegaciones y habida cuenta de la falta de diálogo que caracterizó desde el principio la elaboración del anteproyecto de reforma del Reglamento General de Costas, la Xunta aprovechó el trámite de información pública para reclamar al Ministerio, una vez más, que convoque una conferencia sectorial con presencia de todas las comunidades con competencias exclusivas sobre la gestión del litoral.
El objetivo de este encuentro sería promover y consensuar un cambio legislativo -en lugar de reglamentario- que sea proporcionado, adecuado y ajustado al ordenamiento jurídico vigente de forma que se pueda adoptar una solución estable y con plenas garantías ante el expediente abierto por la UE, que reclama seguridad jurídica y una garantía de compatibilidad de la Ley de Costas española con la Directiva de servicios europea. «Somos los primeros interesados en preservar nuestro litoral, pero también en que haya vida económica, ordenada jurídicamente y con seguridad en este litoral», indicó.
