La investigación judicial sobre el accidente mortal ocurrido en las fiestas de Matamá en agosto de 2024 continúa generando una intensa conmoción política y social en Vigo. La imputación de la concejala de Seguridad del Concello, Patricia Rodríguez Calviño, por presuntos delitos de homicidio imprudente y lesiones graves por imprudencia ha desencadenado una ola de críticas por parte de la oposición y también de voces expertas vinculadas a la seguridad pública.
El juez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, plaza 3, acordó continuar el procedimiento abreviado contra el propietario de la atracción “Saltamontes” y contra la edil responsable del área de Seguridade, Contratación, Festas e Xestión Municipal.
El auto judicial señala fallos de control municipal
La resolución judicial sostiene que la atracción carecía de autorización para operar durante las fiestas de Matamá, celebradas entre el 30 de julio y el 5 de agosto de 2024. A pesar de ello, el Saltamontes funcionó con normalidad sin que se adoptaran medidas efectivas para impedirlo.
El magistrado considera que la concejalía competente no comprobó que la atracción seguía funcionando ni ordenó su precinto, pese a que existía una desautorización expresa. Además, señala que no consta una orden formal dirigida a la Policía Local para paralizar la actividad.
La investigación técnica apunta a que el accidente se produjo por un fallo mecánico derivado de un insuficiente apriete en los tornillos de sujeción de uno de los brazos de la atracción, lo que terminó provocando su rotura por fatiga. El siniestro causó la muerte de un joven y heridas a otras dos personas.
El Gobierno local respalda a la concejala
Tras conocerse el auto, el Gobierno municipal manifestó su “absoluta convicción en el buen trabajo desarrollado” por Patricia Rodríguez Calviño y reiteró su “confianza total en la justicia”.
El Ejecutivo local recordó además que la resolución judicial no es firme y anunció que presentará recurso para solicitar su revisión.
BNG y PP exigen responsabilidades políticas
La oposición municipal ha endurecido sus críticas contra el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y contra la responsable de Seguridad.
El Bloque Nacionalista Galego (BNG), a través de su portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, exige la comparecencia urgente del alcalde en el Pleno y reclama el cese inmediato de la concejala.
La formación nacionalista considera que el auto judicial desmonta la versión ofrecida hasta ahora por el Gobierno local y apunta directamente a una falta de control municipal sobre la atracción.
Además, el BNG insiste en la necesidad de crear una Comisión Especial de Investigación para esclarecer lo ocurrido y revisar los protocolos de seguridad en las fiestas populares.
En la misma línea, la presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, reclamó la destitución inmediata de Patricia Rodríguez Calviño y acusó al alcalde de mantener un “silencio cómplice”.
La dirigente popular considera especialmente relevante que el juez haya archivado provisionalmente la causa contra responsables técnicos y policiales, centrando la investigación en la dirección política del área de Seguridad.
Antonio Juste: “El Ayuntamiento tenía obligación legal de paralizar la atracción”
Durante el programa Foro Hermes de Hermes TV Vigo, el ex policía local de Vigo Antonio Juste ofreció una dura valoración sobre la gestión municipal previa al accidente.
Juste recordó que el 1 de agosto se autorizó el funcionamiento de ocho atracciones en las fiestas de Matamá, pero el Saltamontes no contaba con autorización para operar. Por ello, cuestionó por qué el Ayuntamiento no adoptó medidas cautelares o coercitivas para impedir su puesta en marcha.
“El Ayuntamiento tenía la obligación legal de actuar”, afirmó, señalando que la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Galicia obliga a los ayuntamientos a paralizar actividades no autorizadas e incluso permite proceder al precinto de las instalaciones.
El ex agente explicó que durante su etapa en la Policía Local participó en actuaciones similares contra establecimientos que incumplían órdenes de cierre, donde los agentes procedían al desalojo y precinto por orden municipal.
En su análisis, Juste sostuvo que muchas administraciones “juegan al porcentaje de suerte” confiando en que “nunca pasa nada”, hasta que finalmente ocurre una tragedia.
Asimismo, defendió que, aunque los responsables políticos puedan no dominar todos los aspectos técnicos o legales, existen funcionarios y técnicos municipales cuya obligación es asesorar jurídicamente y advertir de los riesgos y de las medidas que deben adoptarse.
Durante su intervención también vinculó este caso con otros episodios ocurridos en Vigo, como el accidente de O Marisquiño, asegurando que en aquella ocasión “hubo suerte” porque la marea estaba baja y el resultado pudo haber sido mucho más grave.
Juste criticó además la falta de medios municipales de inspección y aseguró que el Concello tenía la obligación tanto de inspeccionar como de actuar ante el incumplimiento de las condiciones legales.
“A mi entender, aquí va a haber responsabilidades políticas, pero también responsabilidades penales por parte del Ayuntamiento”, concluyó.
Un caso con gran impacto en Vigo
La tragedia del Saltamontes dejó una profunda huella en la ciudad y especialmente en el barrio de Matamá. Ahora, la decisión judicial y el intenso debate político vuelven a poner el foco sobre los mecanismos de control de seguridad en eventos festivos y sobre la actuación del Concello de Vigo.
Mientras el Gobierno local mantiene su apoyo a la concejala imputada y prepara recurso contra el auto, la oposición incrementa la presión política y reclama explicaciones públicas, transparencia y responsabilidades.
