El IMV llega en julio a 879.225 hogares y supone una nómina mensual de 473,3 millones de euros, mientras crece el debate sobre la dependencia de las prestaciones frente a la creación de empleo
El Gobierno de Pedro Sánchez continúa ampliando las prestaciones sociales. En julio de 2026, el Ingreso Mínimo Vital ha llegado a 879.225 hogares, en los que viven 2.682.646 personas, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
La nómina del IMV correspondiente a julio de 2026 asciende a 473,3 millones de euros, con una prestación media de 504,5 euros al mes por hogar.
Además, en julio se contabilizan 126.756 prestaciones activas más que en el mismo mes de 2025, lo que supone un incremento del 16,9%. El número de beneficiarios también crece: 383.646 personas más que hace un año, un 16,7%.
El Gobierno presenta estas cifras como un refuerzo de la protección social. Sin embargo, los datos también abren otro debate: ¿por qué cada vez son más las personas que necesitan una prestación pública y no se pone el mismo esfuerzo en crear las condiciones necesarias para que puedan vivir de un empleo?
Más ayudas en julio, pero la pregunta sigue siendo el empleo
El IMV puede resultar imprescindible para familias que atraviesan una situación de vulnerabilidad. El problema está en convertir las prestaciones en la principal respuesta ante las dificultades económicas.
En julio de 2026, más de 1,08 millones de menores son beneficiarios del IMV y cerca del 70% de los hogares que reciben esta prestación tienen menores a cargo.
El sistema se completa con el Complemento de Ayuda para la Infancia, que en julio llega a 613.088 hogares, con una ayuda media de 122,8 euros por hogar.
Las cifras son importantes porque muestran el alcance que ha adquirido la red de prestaciones públicas. Pero también deberían llevar al Gobierno a plantearse una cuestión fundamental: ¿cuántas de estas familias podrán dejar de necesitar estas ayudas gracias a un empleo estable?
Crear empleo debería ser la prioridad
Una prestación puede ayudar a una familia a superar una situación complicada, pero un empleo estable proporciona independencia económica y una salida de la vulnerabilidad.
Por eso, además de mantener una red de protección para quienes realmente la necesitan, las políticas económicas deberían centrarse en facilitar la contratación, reducir la burocracia y aliviar las cargas que soportan autónomos y empresarios.
Porque el objetivo no debería ser simplemente aumentar cada año el número de beneficiarios de las ayudas públicas.
El verdadero éxito de una política social debería medirse por el número de personas que consiguen dejar de necesitarlas porque han encontrado un empleo.
Los datos de julio de 2026 vuelven a poner esta cuestión sobre la mesa: mientras el IMV alcanza ya a 2,68 millones de personas y mueve 473,3 millones de euros en un solo mes, el debate sobre cómo generar más empleo y reducir la dependencia de las prestaciones sigue abierto.
Ayudar a quien lo necesita es necesario. Crear las condiciones para que cada vez menos personas necesiten ayuda debería ser la prioridad.
