Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria aumentan un 10,14 % en el primer semestre del año, alcanzan su cifra más alta desde 2016 y prácticamente duplican los registrados en el mismo periodo de 2018
La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia que los datos oficiales publicados hoy por el Ministerio del Interior confirman el fracaso de su política frente a la violencia callejera y el progresivo deterioro de la seguridad a la que se enfrentan los policías nacionales en su trabajo diario. Durante el primer semestre de 2026 se registraron en España 15.893 delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria. Son 1.464 infracciones penales más que en el mismo periodo de 2025 y suponen un incremento del 10,14 % en apenas un año, demostrando que la tendencia alcista sigue desbocada.
La cifra constituye el peor resultado desde 2016 y desmiente cualquier intento de Interior de presentar lo ocurrido como un hecho ajeno a su parcela de responsabilidad de gestión directa. Y esto es así porque estos delitos llevan aumentando de manera ininterrumpida desde 2021 y han crecido en ocho de las diez últimas comparaciones interanuales. La violencia que los policías encuentran en las calles no responde, por tanto, a una oscilación puntual, sino a un problema que se ha extendido, se ha agravado y ha terminado por adquirir un carácter estructural, cronificado y profundamente arraigado sin que el Ministerio haya sido capaz de articular una respuesta eficaz.
La dimensión del fracaso se aprecia con mayor claridad al comparar la situación actual con la existente en 2018, año en el que Fernando Grande-Marlaska accedió al cargo. En el primer semestre de aquel ejercicio se contabilizaron 8.341 delitos de lesiones y riña tumultuaria, frente a los 15.893 registrados ahora. La diferencia representa un aumento del 90,54%. Después de ocho años de gestión, la violencia callejera prácticamente se ha duplicado y el ministro no puede seguir comportándose como si esta evolución no tuviera responsables políticos.
El incremento registrado en 2026 es, además, el tercero más elevado de la última década en términos porcentuales. Sólo lo superan los correspondientes a 2021 y 2022, directamente afectados por la brusca caída de la actividad delictiva durante la pandemia por la Covid-19 y por la posterior recuperación de la movilidad. Fuera de ese periodo excepcional, el aumento de este año es el más grave. Resulta especialmente significativo que, mientras el conjunto de la criminalidad crece un 0,5 %, estos delitos lo hagan hasta un 10,1%. La violencia callejera está aumentando a un ritmo veinte veces superior al de la criminalidad total e Interior continúa sin ofrecer una explicación ni una estrategia a la altura del problema.
El deterioro tampoco se concentra en unas pocas zonas, sino que alcanza prácticamente a toda España. Quince de las diecisiete comunidades autónomas han registrado durante el primer semestre de 2026 su cifra más elevada de los últimos once años. Sólo Aragón y Galicia no han alcanzado máximos históricos. Si se incluyen Ceuta (donde estos delitos han aumentado el 39,4 %, situando a la ciudad en el peor registro de toda la serie) y Melilla, dieciséis de los diecinueve territorios analizados se encuentran en máximos, lo que acredita que estamos ante un fracaso de alcance nacional.
Por volumen de delitos, Andalucía encabeza la estadística con 2.897 hechos, seguida de Cataluña, con 2.092; Madrid, con 1.953; la Comunidad Valenciana, con 1.948, y el País Vasco, con 1.064. Estas cinco comunidades concentran casi dos de cada tres delitos registrados en España. Sin embargo, la gravedad no se limita a los territorios con cifras absolutas más elevadas. En sólo un año, estos delitos han aumentado un 36,6% en Murcia, un 31,4% en Cantabria, un 25,2% en Navarra, un 19,6% en Castilla y León, un 18,8% en Castilla-La Mancha y un 17,3% en Extremadura.
La comparación con 2018 muestra hasta qué punto Interior ha permitido que esta realidad se descontrole. Desde entonces, los delitos de lesiones y riña tumultuaria han aumentado un 174,3% en Castilla-La Mancha y un 174,2% en Murcia. En la Comunidad Valenciana el crecimiento es del 122,1%; en Andalucía, del 116,2%; en el País Vasco, del 112,8%, y en Madrid, del 102,8%. En todos estos territorios la violencia se ha duplicado y, en algunos casos, está cerca de haberse triplicado durante la etapa del actual ministro.
Este crecimiento tiene una repercusión directa sobre la integridad física de los policías nacionales. Los agentes son quienes deben intervenir en las agresiones, detener a sus autores, separar a los participantes en peleas y reyertas y afrontar situaciones en las que el nivel de violencia resulta cada vez mayor. La estadística, por tanto, describe un duro escenario en el que miles de compañeros prestan servicio todos los días y en el que cualquier intervención puede terminar con un agente lesionado.
De hecho, los datos de delitos de atentado contra policías nacionales y guardias civiles durante 2025 confirmaron ese diagnóstico. Madrid registró 2.896 agresiones; Andalucía, 2.895; la Comunidad Valenciana, 2.183; el País Vasco, 685; Murcia, 582, y Castilla-La Mancha, 567. Sólo entre estas seis comunidades acumularon 9.808 atentados, el 59,2 % de los contabilizados en toda España. Por tanto, el crecimiento de la violencia se desarrolla en un contexto en el que las agresiones y los atentados contra quienes tienen la obligación de combatirla alcanzan también una dimensión intolerable.
Pese a la contundencia de estas cifras, el Ministerio continúa negando a los policías nacionales el reconocimiento como profesión de riesgo. Interior exige a los agentes que afronten una violencia cada vez más frecuente y grave, pero se niega a asumir las consecuencias laborales y de protección social derivadas de esa exposición. El Gobierno conoce los datos y sabe cuál es la realidad de las calles porque dispone de información detallada sobre los atentados sufridos por policías y guardias civiles. Por ello, su negativa ya no puede justificarse por desconocimiento, sino por una decisión política consciente de ahorrar a costa de la seguridad y de la jubilación de quienes protegen a los ciudadanos.
Esa misma falta de voluntad explica la mesa ‘fake’ de trabajo sobre el adelanto de la jubilación policial que Interior mantiene abierta con el resto de organizaciones sindicales desde hace cinco meses sin un solo avance. La ausencia de una propuesta normativa, de una memoria económica o de un calendario concreto, además del oscurantismo y la opacidad sobre lo que allí se habla y debate, demuestran que no existe una negociación real, sino una maniobra para aparentar un diálogo que dé oxígeno al peor ministro del Interior que hayamos tenido y prolongar así indefinidamente el problema. CEP no participa en esa mesa porque no está dispuesta a servir de coartada a una estafa laboral ni a validar una escenificación que no contiene una sola garantía para los policías nacionales.
Frente a esa estrategia, CEP continúa defendiendo en solitario ante el Parlamento Europeo el reconocimiento de la Policía Nacional como profesión de riesgo. Ese trabajo ya ha permitido avances y seguirá desarrollándose mientras el Gobierno español mantenga bloqueada una reivindicación que sus propios datos hacen cada vez más difícil de negar.
Interior puede intentar esconder este deterioro detrás del dato global de criminalidad, pero no puede borrar sus propias estadísticas ni descargar indefinidamente sobre los policías las consecuencias de su incompetencia. Después de ocho años, la violencia callejera prácticamente se ha duplicado, la mayoría de las comunidades autónomas alcanza máximos históricos y miles de agentes continúan trabajando sin el reconocimiento profesional que les corresponde.
CEP seguirá denunciando este fracaso dentro y fuera de España. No vamos a permitir que el Gobierno convierta la agresión, el riesgo y el abandono institucional en condiciones normalizadas del trabajo policial. Cuando la violencia se descontrola, son los policías quienes se sitúan entre los agresores y los ciudadanos. A quienes se juegan la integridad física para proteger a los demás se les respalda y se les protege; no se les abandona entre propaganda y excusas.
