La diputada nacionalista señala un «abuso de poder» y una «competencia desleal» que asfixia economicamente a las vendedoras, mientras la Xunta se excusa en una falta de competencias
a diputada del Bloque Nacionalista Gallego, Carmela González, ha denunciado la situación «preocupante» que viven los vendedores y vendedoras de prensa escrita, al borde de la desaparición por unas condiciones comerciales «inviables» y abusivas por parte de las empresas distribuidoras.
González detalló las prácticas que asfixian economicamente a las quiosqueras: fianzas abusivas de hasta 8.000 euros, comisiones ridículas por venta de menos de 20 céntimos por jornal, y devoluciones tardías que convierten los locales en almacenes. Además, denunció que las distribuidoras cobran por adelantado a los ejemplares, pero tardan «meses» en devolver el dinero por los que no se venden, mientras que el transporte corre a cargo del vendedor. «Esta situación supone que siempre deben dinero a la distribuidora», lamentó, destacando que esta realidad es un «claro caso de abuso de poder» y «competencia desleal», ya que grandes superficies como supermercados no están sujetas a las mismas condiciones.
La diputada recordó que el 21 de septiembre de 2017 el Parlamento gallego aprobó por unanimidad trasladar esta problemática a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, solicitando una regulación que ponga fin a los abusos. Seis años después, la situación no sólo no ha mejorado, sino que se agravó, cerrando cientos de kioscos en toda Galiza.
Inacción de la Junta y excusa en las competencias
Ante esta crisis, González censuró la inacción del gobierno del PP. Señaló que, a pesar de que en 2018 la entonces directora general de Comercio confirmó que se trasladara el acuerdo y que la Comisión Gallega de Competencia defendía incluir la figura del «abuso de dependencia económica» en la ley para poder actuar administrativamente, «han pasado seis años desde ese momento» sin que se hayan producido avances.
La diputada ha criticado que el consejero actual, José González, no suele responder a las preguntas sobre las que gestiones se han hecho en estos años, ni se ha elaborado el informe solicitado o se promovió el diálogo entre las partes. «La realidad es que nos trasladan que no», afirmó, acusando a la Xunta de «no ver el problema» y de eludir sus responsabilidades escudándose en que no es competencia, cuando la Comisión Gallega de Competencia tiene el mandato de velar por la competencia leal y podría actuar.
Carmela González alertó de que la desaparición de los quioscos no es sólo una crisis comercial, sino un problema de derechos ciudadanos, ya que afecta principalmente a personas mayores sin acceso a Internet, privándolas de su derecho a la información. Exigió a la Junta que, a través de la Dirección General de Comercio, medie de manera efectiva, haga el informe pendiente y apoye un sector estratégico para la cohesión social y el acceso a la información en Galicia
