Los nacionalistas piden retirar la ordenanza por “injusta y fracasada”, mientras el PP reclama retrasar las multas y aplicar exenciones vinculadas a la renta.
El debate sobre la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en Vigo sigue elevando la presión sobre el gobierno municipal de Abel Caballero. Tanto el BNG como el PP han presentado propuestas y críticas contra la ordenanza actualmente en tramitación, coincidiendo en cuestionar el modelo planteado por el Concello aunque con enfoques diferentes.
El Bloque Nacionalista Galego ha registrado una enmienda a la totalidad para pedir la devolución del proyecto de ZBE con multas y perímetros restringidos. El portavoz municipal nacionalista, Xabier P. Igrexas, considera que el plan “discrimina y castiga a los vecinos que no pueden permitirse cambiar de vehículo”.
El BNG rechaza un modelo basado en sanciones y limitaciones al tráfico y propone, en su lugar, una estrategia centrada en reforzar el transporte público y fomentar la movilidad peatonal, en bicicleta y en vehículos de movilidad personal. “Estamos a tiempo de evitar una nueva equivocación y avanzar hacia un Nuevo Vigo más verde, seguro, saludable y habitable”, defendió Igrexas.
Además, la formación nacionalista reclama actualizar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), sin revisar desde 2020, y abrir un proceso participativo con los consejos sectoriales de Transporte, Medio Ambiente y Accesibilidad.
Por su parte, el Partido Popular de Vigo ha presentado siete enmiendas para “mejorar” la ordenanza municipal. La presidenta local del partido, Luisa Sánchez, calificó la tramitación de las ZBE como una “chapuza”, un “despropósito” y un proceso “oscurantista”.
Entre las medidas planteadas por los populares destaca retrasar al máximo la aplicación de las multas ampliando a 18 meses el régimen transitorio de cada fase de implantación. También proponen crear exenciones vinculadas a la renta para conductores con menos recursos, tomando como referencia el modelo aplicado en Barcelona y ligado al IPREM.
El PP reclama igualmente que el sistema de autorizaciones esté operativo desde el primer día de entrada en vigor de las restricciones, además de habilitar un teléfono de información y una oficina presencial para atender a la ciudadanía.
En materia de movilidad, los populares insisten en reforzar el transporte urbano con más rutas, frecuencias y nuevos abonos mensuales y anuales, especialmente en las conexiones con Vigo centro, Plaza de Portugal, Calvario y Bouzas.
Tanto BNG como PP coinciden en que las Zonas de Bajas Emisiones deben integrarse dentro de una estrategia global de movilidad sostenible y acompañarse de una actualización del PMUS para adaptarlo a la nueva realidad urbana de Vigo.
