- Asociaciones vecinales y ecologistas se han concentrado en el acceso a Toralla para reclamar la entrada libre a la isla y la senda peatonal litoral aprobada en 2008.
- En la concentración desplegaron una pancarta gigante haciendo un llamado a los vigueses y viguesas para que se unan «a la reconquista de Toralla».
- Varios activistas ecologistas entraron en la isla e izaron una bandera de Vigo simbolizando el comienzo de la Reconquista.
Decenas de personas pertenecientes a la Asociación Vecinal de Corujo, la Asociación Vecinal de San Miguel de Oia, la Plataforma por la Defensa de la ría Vigo-Cíes, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción y Greenpeace se manifestaron hoy en el puente que une la playa del Valle con la isla de Toralla para reclamar su recuperación como espacio público. Durante el recorrido desplegaron una pancarta de veinte metros de largo en la balaustrada del puente, en la que se podía leer «Únete a la reconquista de Toralla», un convite a la ciudadanía viguesa para que reclame la isla para la ciudad. Seguidamente, activistas ecologistas penetraron en el interior de la isla con una bandera de Vigo para simbolizar a Reconquista.
Con una superficie de algo más de 10 hectáreas, la isla de Toralla fue objeto de una absoluta especulación urbanística desde la década de 1960, en base a intereses empresariales privados. Un claro ejemplo de la cultura del pelotazo. En ese tiempo se comenzó a urbanizar a Illa. Se hizo el puente y al comienzo de ésta se puso un valo y un vigilante que sólo permitía su paso a propietarios o personas autorizadas. La urbanización del aislote continuó, destacando el horrible edificio de 21 pisos y 70 metros de altura que se puede ver desde cualquier punto de la ría. La Ley de Costas 22/1988, de 26 de julio, establece límites que nunca se han cumplido. Después vendría la modificación con la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral, que sigue sin cumplirse y la Isla de Toralla permanece restringida al paso público.
Una barrera y un vigilante al final del puente impiden hoy el acceso de vehículos y peatones al interior de la isla de Toralla. La decisión parte de los privilegiados propietarios de la treintena de chalets que existen en la isla y que no superan los 170 vecinos y vecinas y de la vista gorda de las autoridades. Una prohibición sin sustento legal. Al mismo tiempo, las ampliaciones realizadas por algunos de sus habitantes en sus terrenos y propiedades, ocupando parte del borde litoral, impiden el paso de personas. Ni siquiera se pudo llevar a cabo la senda peatonal de tres metros de ancho alrededor de la isla que en 2008 aprobó el Ministerio de Medio Ambiente, de aquella dirigido por Elena Espinosa, para proceder a la recuperación del dominio público marítimo-terrestre. El proyecto sigue guardado en algún cajón.
«Toralla sigue siendo un espacio público usurpado hay décadas para beneficio de unas pocas personas privilegiadas que deben tener muy buenos contactos políticos para seguir ahí tantos años sin cumplir las leyes. Hacemos un llamamiento a los vigueses y viguesas para que se unan a la reconquista de Toralla y a las administraciones para que hagan cumplir la ley y devuelvan a Vigo la isla» declaró la activista que izó la bandera de Vigo dentro de la isla de Toralla.
La legislación vigente contempla que cualquier persona puede llegar hasta la ribera del mar a pie. Pero la realidad es que lavisitantes sólo se permite acceder a los arenales situados a ambos lados del puente. La norma contempla restricciones a las fincas limítrofes con el dominio público marítimo-terrestre para garantizar el libre paso de los ciudadanos y vehículos de vigilancia y salvamento. Además de la zona que pertenece al dominio público, la legislación señala que el terreno inmediato a la ribera del mar que no es parte de dominio público también está afectado por una serie de servidumbres. Se establecen obligaciones respecto a las servidumbres de protección, cuya función es proporcionar protección a la costa y que en general recae sobre una franja de 100 metros de medida tierra dentro desde el límite interior de la ribera del mar. Una extensión que puede ser ampliada en determinados casos hasta los 200 metros y se reduce a 20 metros en los terrenos ya clasificados como urbanos. Con la modificación realizada en 2013 de la Ley, la servidumbre de protección pasa a ser de manera general de 20 metros.
Después está la servidumbre de tránsito. Su objetivo es permitir la libre circulación de los ciudadanos a lo largo de la costa. Recae sobre una franja de 6 metros, medidos tierra dentro a partir del límite interior de la ribera del mar, aunque en lugares de tránsito difícil o peligroso dicha anchura podrá ampliarse en lo que resulte necesario, hasta un máximo de 20 metros. La Ley señala claramente que esta zona deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos.
La servidumbre de tránsito no se cumple en la Isla de Toralla. Tampoco la servidumbre de acceso al mar que se establece en varios puntos a lo largo de la costa para garantizar el acceso público y de balde al mar. Su tamaño debe garantizar su función, y no se permite interrumpir el acceso al mar si no exiiste un acceso alternativo con la misma eficacia.
«Pedimos al gobierno de la ciudad que emplea acciones legales para recuperar Toralla y también solicitamos a la Xunta de Galicia que nos aclare si la nueva Ley 4/2023 de ordenación y generación.stión integrada del litoral de Galicia va a ser útil para ello o sólo para contruir hoteles privados en la costa y eternizar ciertas ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre«, indicaron desde las organizaciones convocantes.
Las organizaciones convocantes recordan que existen varios pronunciamientos por parte de la Justicia sobre el cierre de la Isla de Toralla. En octubre de 1997, el Tribunal Supremo rechazaba el recurso presentado por los residentes particulares de la isla que pedían la exclusividad del uso y disfrute del puente y sus playas. Entonces quedó claro que la puente era para uso público de todo el mundo. La sentencia dejaba claro que en base a la Ley de Costas los propietarios deberían ceder para dominio público seis metros de terreno a partir de la máxima pleamar registrada. En definitiva, estamos ante un largo problema de incumplimiento legal en relación a dominio público marítimo-terrestre al que debe ponerse fin. Es un espacio público pero que en la práctica se utiliza como reserva privada de forma ilegal.
