La oposición municipal en Vigo, Partido Popular y Bloque Nacionalista Galego, ha mostrado un rechazo frontal a la decisión del gobierno local de Abel Caballero de aprobar una nueva prórroga del contrato de gestión del abastecimiento y saneamiento de agua a la empresa Aqualia. La ampliación, que se aprobará este lunes 29 de diciembre en una junta de gobierno local extraordinaria, extenderá la concesión durante cinco años más, hasta el 31 de diciembre de 2030.
Desde el PP de Vigo se denuncia que la prórroga se tramita “en plena Navidad y a solo dos días de que venza la actual concesión”, lo que consideran una maniobra para que pase desapercibida. Los populares critican el “oscurantismo” del gobierno local y cuestionan que se vuelva a ampliar el contrato pese a que la concesionaria no ha cumplido con las inversiones comprometidas.
Según el PP, la segunda prórroga del contrato, concedida en 2020, estaba condicionada a la ejecución de un plan de inversiones por valor de 40,5 millones de euros, de los cuales Aqualia solo ha justificado 18,4 millones, “menos de la mitad de lo acordado”. También reclaman explicaciones sobre las obras de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de O Casal, cuyo coste fue anunciado en 23 millones de euros, pero de las que ahora solo se justifican 14,9 millones.
Por su parte, el BNG de Vigo ha acusado al alcalde de “estafar de nuevo a la ciudad” y de incumplir su palabra tras prometer que el servicio sería licitado de nuevo. Los nacionalistas denuncian que la prórroga se aprueba “por la puerta de atrás”, sin facilitar el expediente a la oposición y manteniendo un modelo de gestión privatizada que califican de “ineficiente, caro y opaco”.
El BNG insiste en que Vigo paga uno de los recibos del agua más caros de Galicia y de España, con un modelo tarifario que ha supuesto importantes subidas en las cuotas fijas domésticas y comerciales. Además, alerta de las deficiencias en la red, con pérdidas de agua que en algunos puntos alcanzan el 30%, y reclama una auditoría integral del servicio.
Ambos grupos coinciden en rechazar que se vuelva a prorrogar un contrato vigente desde 1991 y caducado formalmente en 2016. Mientras el PP exige explicaciones y mayor control sobre la concesionaria, el BNG defiende avanzar hacia la remunicipalización del ciclo integral del agua y ha anunciado que en el próximo pleno exigirá que cualquier prórroga sea “por el tiempo imprescindible y ni un minuto más”, con el objetivo de crear una empresa pública municipal.
La prórroga de Aqualia se convierte así en un nuevo foco de confrontación política en Vigo, con la oposición acusando al gobierno de Abel Caballero de perpetuar un modelo que consideran perjudicial para los intereses de la ciudad.
