- Denuncia el engaño masivo de Rueda axs galegxs con la vivienda: ni 100 pisos entregados de los 1.800 en alquiler social que había prometido para 2026
- Propuestas BNG: zonas tensionadas en los ayuntamientos con los precios disparados, comprar 4.000 viviendas vacías en cinco años y toda la protegida en venta
- Pide a Sánchez un decreto valiente: prórroga de contratos vigentes y prohibir el desahucio de personas vulnerables y el negocio de los fondos buitre»
La portavoz nacional, Ana Pontón, advirtió que en Galicia hubo entre 2021 y 2025 más de 6.600 desahucios, la mayoría de ellos por impagos del alquiler, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
“Creo que tenemos la obligación de preguntarnos cuántas Maricarmen hay entre esas 6.600 familias que fueron desahuciadas en nuestro País en los últimos años”, se preguntó tras el caso del desahucio de Maricarmen en Madrid, a lo que se refirió en rueda de prensa.
“Que una persona de 87 años sea echada de la casa en la que vivió durante 71 es el retrato perfecto de donde nos conduce convertir el derecho de la vivienda en el negocio de unos pocos porque el que se está haciendo es jugar con la vida de la gente y, además, sin lo más mínimo escrúpulo y sin el menor sentido de la decencia”, denunció.
Pontón recalcó que el problema tan grave que hay hoy por hoy con la vivienda no se soluciona ni con anuncios ni con la habitual propaganda de un Alfonso Rueda incumplidora sus propias promesas el que, subrayó, “no deja de ser una estafa a la sociedad”.
La líder nacionalista denunció en este punto el “engaño masivo” de un presidente de la Xunta que prometió en 2023 1.800 viviendas en alquiler social para 2026 de las que, la tan sólo tres meses de finalizar el año, solo entregó 74 y anunció la entrega de otras 24 para los próximos días.
“En total, 98 pisos de los 1.800 pisos prometidos para el final de 2026, 1.800 viviendas que no existen y un nuevo engaño masivo para tapar que el Partido Popular convirtió en un negocio el derecho a la vivienda y es responsable de la crisis que tenemos hoy por hoy en Galicia”, remarcó.
Pontón afondó en la promesa realizada por el titular de Ejecutivo para este año: de los 1.800 pisos en alquiler social, 959 corresponderían la promoción directa de la Xunta en las grandes ciudades, 260 a los ejecutados por promotores privados y ayuntamientos, 157 que se iban a construir a través del Plan Rexurbe para la rehabilitación en casos históricos, 331 en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y otros 125 que la Xunta compraría a la Sareb y a Abanca.
“En total, 1.800 viviendas en alquiler social de las que solo hay 98, esto es la propaganda de Rueda”, sintetizó, para reprocharle a continuación que su hoja real de servicio en materia de vivienda “consiste en lograr, en cinco años, la mayor subida de los precios de los alquileres, dejando en la angustia a millares de gallegos y gallegas que no pueden acceder a una vivienda”.
Este es el resultado, alegó, de 17 años de gobierno de un PP que dinamitó la política social de vivienda y deja año tras año millones de euros sin ejecutar en este ámbito de actuación y, en este contexto, reclamó al presidente de la Xunta “menos propaganda, menos anuncios, menos fraude y más hechos” y lo hizo además poniendo las alternativas del Bloque sobre la mesa.
Propuestas concretas que ayudarían a solucionar el problema de acceso a la vivienda, como declarar zonas tensionadas todos los ayuntamientos que cumplan con los requisitos, el que permitiría contener unos precios del alquiler que están disparados en docenas de municipios.
La portavoz del BNG también apostó por que la Xunta compre toda la vivienda protegida que se ponga a la venta, ejerciendo su derecho de tanteo y retracto, y ponga en mrcha un plan de compra masiva de vivienda para alquiler, toda vez que hay 90.000 viviendas vacías solo en las ciudades.
Por último, defendió la regulación y limitación del uso y la extensión de las Viviendas de Uso Turístico (VUTs). “El que no podemos permitir es que el parque de vivienda se convierta en un parque hotelero”.
Pontón criticó al PP que en la vez de defender el derecho a la vivienda, esté “defendiendo la especulación”. “Un Partido Popular que se permite el lujo de gastar seis millones de euros en un aticazo para sus cargos y mira para otro lado mientras se echa de su casa a una señora de 87 años”, remarcó incidiendo en el caso de Maricarmen en Madrid.
En este sentido, también avanzó la disposición del BNG para negociar en el Congreso una respuesta a la demanda social con un decreto “ambicioso” que contenga “medidas valientes y eficaces” para “evitar casos como los de Maricarmen, pero también que eviten que miles de personas vivan cada día con la angustia de se pueden o no pagar su alquiler o tan siquiera acceder a uno”.
Medidas, alegó, como prorrogar la duración de los contratos de alquiler vigentes, prohibir el desahucio de personas vulnerables, impedirle a los hondos buitre y a los grandes grupos empresariales que compren vivienda o establecer topes en el alquiler.
En definitiva, “que se ponga el derecho de la gente a tener una casa en la que vivir dignamente por delante de la especulación”, resumió. “Es evidente que tener una casa en la que vivir es un derecho que tienen que tener todas las personas que no puede convertirse en un negocio y estamos dentro de un instante en el que la sociedad está diciendo ‘Basta’ y el Gobierno tiene que escuchar el que le está pidiendo la mayoría de la sociedad”, concluyó.
