La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia la vergonzosa marcha atrás del Ministerio del Interior, que acaba de modificar el protocolo sobre utilización de sprays de defensa personal en la Policía Nacional apenas 28 días después de haber aprobado su anterior versión. Fernando Grande-Marlaska ha cumplido su amenaza tras los incidentes registrados durante la huelga general del pasado 11 de noviembre y ha impulsado una rectificación que retrata su falta de criterio político, su sometimiento a las presiones de quienes cuestionan sistemáticamente la actuación policial y su absoluta incapacidad para defender a los funcionarios que tienen que enfrentarse a situaciones de violencia en las calles.
Lo verdaderamente escandaloso es que el protocolo que ahora se modifica había sido aprobado el pasado 19 de octubre por el propio departamento que dirige Marlaska, con la firma del Subdirector General de Logística e Innovación de la Policía Nacional. Aquel documento contemplaba expresamente el spray MK9 como medio destinado al orden público, una identificación que se repetía en diferentes apartados de su contenido. Menos de un mes después, sin que hayan cambiado las características técnicas del dispositivo ni las condiciones generales que justificaban su utilización, Interior ha decidido eliminar esas referencias e introducir una nueva limitación. Los mismos responsables policiales que firmaron el protocolo anterior han firmado hoy su rectificación. Una demostración difícilmente superable de incoherencia.
La modificación es especialmente reveladora. Donde antes se identificaba el MK9 como spray de orden público, ahora se elimina esa denominación y se incorpora, dentro de los supuestos de uso no recomendado, una referencia expresa a las actuaciones de control de masas. La nueva redacción desaconseja su utilización en esos escenarios, con carácter general, aunque contempla excepciones ante circunstancias debidamente justificadas o situaciones de peligro inminente y grave. Es decir, Marlaska anunció una prohibición y su propio departamento ha terminado plasmando una recomendación restrictiva con excepciones. Ni siquiera ha sido capaz de trasladar con coherencia sus anuncios públicos a las instrucciones operativas que deben cumplir los policías nacionales.
Desde CEP consideramos inadmisible que las herramientas de intervención policial y los criterios que regulan su empleo puedan modificarse al ritmo de las controversias políticas. Las unidades de orden público no trabajan en escenarios teóricos ni tienen la posibilidad de detener una intervención para valorar qué reacción resulta más conveniente para la imagen pública del ministro. Trabajan frente a agresiones, lanzamiento de objetos, alteraciones violentas y situaciones que pueden comprometer gravemente su integridad física y la seguridad de terceros. Es muy fácil recortar desde un despacho las posibilidades de actuación de quienes se juegan la integridad física en la calle. Lo verdaderamente difícil es hacer frente a quienes recurren a la violencia sin disponer de todos los medios necesarios para responder con seguridad y proporcionalidad.
Resulta todavía más indignante que esta rectificación se produzca después de aquella jornada, en la que diferentes alteraciones del orden público provocaron que nueve policías nacionales resultaran heridos en Madrid. En lugar de reforzar públicamente el respaldo a los agentes, Marlaska anunció investigaciones extraordinarias y restricciones sobre sus medios de intervención. Ahora, apenas unos días después, consuma una modificación que parece responder mucho más a la necesidad de proteger su posición política que a una revisión técnica rigurosa. No se ha incorporado al nuevo protocolo una justificación técnica que explique qué circunstancias han cambiado desde el 19 de octubre para hacer desaconsejable en el control de masas un recurso que entonces se identificaba expresamente con el orden público.
Este disparate alcanza dimensiones todavía mayores cuando se examina la documentación oficial de la propia Dirección General de la Policía. El pasado 1 de octubre, Interior adjudicó por 71.656 euros la adquisición de al menos 790 sprays MK9, precisamente los dispositivos cuyo empleo en actuaciones de control de masas ahora desaconseja. Y lo más escandaloso es que el pliego de prescripciones técnicas, fechado en abril de 2026, justificaba expresamente su utilización “especialmente en el restablecimiento del orden público”, mientras que la memoria justificativa de junio defendía su idoneidad para las UIP y UPR, destacando que su mayor capacidad permitía una respuesta proporcionada “en tareas de orden público frente a grandes masas de individuos”. Es decir, el propio Ministerio que hace apenas unos meses justificaba técnica y económicamente la necesidad de adquirir estos dispositivos para afrontar situaciones de violencia colectiva es el mismo que ahora restringe su utilización en esos escenarios. ¿Qué sentido tiene comprometer más de 71.000 euros de dinero público en unos medios policiales cuya finalidad operativa se cuestiona apenas unas semanas después de adjudicar su compra?.
Ni CEP ni nadie reclamamos que las intervenciones policiales queden impunes a cualquier control. Pero exigimos, precisamente, que las decisiones que afectan a la seguridad de los agentes se adopten con criterios profesionales, informes técnicos y responsabilidades claramente definidas, y no como una reacción precipitada a las críticas de determinados sectores políticos.
Marlaska debe explicar por qué su Ministerio consideraba adecuado hace 28 días lo que hoy decide restringir, qué informes justifican ese cambio y qué alternativas operativas ofrece a los policías. Porque si mañana un compañero resulta gravemente herido en una intervención en la que se haya visto condicionado por estas nuevas restricciones, el ministro no podrá esconderse detrás de quienes han firmado el protocolo. La responsabilidad política será suya. Y una vez más habrá demostrado que, cuando debe elegir entre defender a sus policías o proteger su propia continuidad política, los policías siempre salen perdiendo.
