La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia el trato indigno y miserable que el Ministerio del Interior está dispensando a los policías desplazados a Ceuta para reforzar el dispositivo de seguridad ante la mayor crisis migratoria vivida en nuestro país. Mientras a estos agentes se les exige disponibilidad absoluta, profesionalidad y capacidad para responder a una situación extraordinaria, cuando termina su servicio Interior los devuelve a unas dependencias marcadas por el hacinamiento, el calor, la falta de higiene y unas condiciones de descanso impropias de una Administración que pretenda respetar a sus policías. Mientras el ministro se desplaza a Ceuta a gastos pagados y a dormir en un hotel, los policías se ven obligados a dormir en catres o en colchones viejos y sucios en el suelo de instalaciones del siglo pasado
Como en toda crisis grave que vive España, los policías nacionales están a la altura de lo que se espera de ellos. Protegen vidas y bienes y auxilian a los ciudadanos. Pero el ministro del Interior, Grande-Marlaska, todavía no ha sido capaz de garantizar algo tan elemental como que puedan dormir, ducharse, asearse y recuperarse en condiciones dignas. Esta actitud, que se ha venido reiterando durante los ocho años en los que ha ostentado esa responsabilidad, confirman lo que CEP viene defendiendo desde hace tiempo: estamos ante el peor ministro que hemos tenido los policías en democracia.
Los policías desplazados a Ceuta han sido instalados en dependencias del Regimiento Mixto de Artillería nº30 que, según la información trasladada a CEP, se encontraban previamente sin uso y fueron acondicionadas apresuradamente. El resultado habla por sí solo: siete u ocho funcionarios hacinados en pequeñas estancias o directamente en el suelo, entre literas, taquillas insuficientes, maletas y material acumulado; y, en una de las plantas, unos 70 policías obligados a compartir un único inodoro. Setenta agentes haciendo cola para poder utilizar un retrete después de haber sido enviados por el Estado a sostener un dispositivo policial extraordinario
Esta imprevisión se ha convertido en la marca de la casa de Interior. Y provoca, por ejemplo, que los compañeros allí desplegados se vean obligados a utilizar duchas con problemas de funcionamiento y suministro intermitente de agua caliente, ausencia de una climatización adecuada, ventilación insuficiente y ventanas deterioradas o rotas. En Ceuta, en pleno mes de agosto, con altas temperaturas, humedad y decenas de personas concentradas en espacios reducidos, el resultado es un ambiente que dificulta seriamente el descanso y la convivencia de quienes, pocas horas después, deben volver a estar en condiciones de prestar un servicio policial de máxima exigencia.
Pero el catálogo de despropósitos no termina ahí. Los agentes han tenido que utilizar colchones antiguos, deteriorados y con manchas, una situación documentada gráficamente y que retrata mejor que cualquier comunicado oficial la consideración que parece merecer para Interior el descanso de sus policías. No hablamos de hoteles, lujos ni privilegios. Hablamos de que un funcionario pueda regresar de un servicio extraordinario y acostarse sobre un colchón limpio. El listón no puede estar más bajo y, aun así, Interior ha conseguido pasar por debajo.
También merece capítulo aparte la alimentación facilitada durante los primeros días del despliegue, compuesta por una pequeña botella de agua, pan, una lata de conserva y unos gramos de mortadela envueltos en papel de aluminio. Cuesta asociar semejante ración con la logística de un Ministerio que sabe cuántos agentes desplaza, dónde los desplaza y durante cuánto tiempo pretende mantenerlos operativos. Y siendo eso así, la ofensa y el desprecio hacia los policías alcanza cotas jamás vistas en ese departamento y en un Gobierno que jamás ha movido un dedo por dignificar las dietas que perciben los policías y guardias civiles cuando son movilizados.
Para CEP resulta especialmente grave que esta situación se produzca en una ciudad en la que las infraestructuras policiales llevan años evidenciando un agotamiento que Interior conoce perfectamente. La propia Jefatura Superior de Policía ocupa un inmueble de apenas 1.700 metros cuadrados, procedente de una antigua estación de autobuses remodelada para albergar dependencias policiales y que se encuentra sobreocupado desde hace años. A ello se añade el edificio policial de la avenida San Juan de Dios, un inmueble construido en 1930, concebido originalmente como acuartelamiento de la Policía Armada y con una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados. Ese es el contexto real en el que Interior pretende gestionar ahora una crisis extraordinaria, con una estructura policial permanentemente tensionada, edificios que hace tiempo dejaron de responder adecuadamente a las necesidades operativas y, cuando llegan refuerzos, soluciones improvisadas que terminan convirtiendo el descanso de los agentes en otra prueba de resistencia.
Lo sucedido con el alojamiento de las unidades desplazadas es la consecuencia de una política de gestión en la que la Policía Nacional en Ceuta parece obligada a funcionar siempre al límite, confiando en que la profesionalidad y el sacrificio de los funcionarios compensen aquello que el Ministerio no planifica, no dota o no resuelve. Y la responsabilidad política de esto es inequívoca. Quien decide movilizar policías tiene la obligación elemental de garantizar su alojamiento, higiene, alimentación, descanso y protección de su salud.
CEP ya ha trasladado formalmente los hechos a la Comisión de Seguridad y Salud Laboral Policial de nuestro Cuerpo y ha exigido una inspección urgente, una evaluación específica de riesgos, mediciones de temperatura, humedad y ventilación, la revisión inmediata de aseos y duchas, la sustitución de colchones deteriorados, medidas efectivas de climatización y ventilación y, si esas dependencias no pueden garantizar unas condiciones dignas, el alojamiento inmediato de los policías en otras instalaciones.
El Ministerio del Interior debería explicar ahora quién consideró aceptables estas instalaciones, quién decidió alojar allí a los policías, qué evaluación preventiva se realizó antes de ocuparlas y quién piensa asumir la responsabilidad por haber permitido que esta situación llegara hasta aquí. Y en todo caso, lo que debe hacer un ministro reprobado y achicharrado políticamente es dejar de aferrarse a un cargo que, en lo relativo a las condiciones profesionales de más de 75.000 policías, ha ostentado con un fracaso total que exige su cese o dimisión.
