- Allegue exige que el texto garantice expresamente que el Estado asumirá las consecuencias económicas de una eventual nulidad de las prórrogas, las inversiones en la AP-9 y las futuras bonificaciones
- Incide en que Galicia quiere la transferencia de la AP-9, pero con un traspaso pleno, correctamente financiado y con seguridad jurídica y financiera
- Allegue advierte de que sería «profundamente irresponsable» que Galicia asumiera miles de millones derivados de decisiones que no tomó
- La Xunta solicitó la convocatoria de la Comisión Bilateral Estado-Galicia para resolver las discrepancias antes de culminar el proceso de transferencia
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, reclamó hoy al Estado que las garantías económicas y jurídicas vinculadas a la transferencia de la AP-9 queden expresamente recogidas por escrito, con el objetivo de evitar que Galicia tenga que pagar una factura millonaria y asumir en el futuro costes derivados de decisiones adoptadas por el Estado antes del traspaso.
Durante su intervención en O Pazo del Hórreo, la conselleira reivindicó que se recuperen en la Ley Orgánica aprobada en Madrid las garantías que figuraban en el acuerdo aprobado por unanimidad por el Parlamento gallego. En este sentido, incidió en que, si el Estado va a asumir los deberes y consecuencias económicos vinculadas a la autopista, «lo pongamos por escrito, que quede constancia», subrayó.
A este respecto, M. Allegue señaló que deben quedar por escrito, entre otras cuestiones, que Galicia no asumirá las consecuencias económicas de una eventual nulidad de las prórrogas de la concesión, que el Estado hará frente a las actuaciones e inversiones necesarios en la AP-9 y que estarán garantizados los recursos necesarios para ampliar las bonificaciones.
La conselleira advirtió de que estos son riesgos que la Xunta considera reales y que deben quedar resueltos antes de culminar el proceso de transferencia. Ante esta situación, la Xunta solicitó formalmente la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y Galicia con el objetivo de resolver las discrepancias existentes y garantizar que el futuro traspaso cuente con la máxima seguridad jurídica y financiera.
Allegue concretó como, a través de esta vía, la Xunta pretende que el traspaso no sea un lastre para Galicia, garantizar la seguridad jurídica que presupone una Ley Orgánica, y blindar la norma frente a ambigüedades existentes en el texto aprobado en el Congreso, para que la futura Comisión Mixta de Transferencias pueda desarrollar sus trabajos sobre un marco cierto y seguro.
Advirtió de que sería «profundamente irresponsable aceptar hoy una transferencia y descubrir mañana que Galicia tiene que asumir miles de millones de euros derivados de decisiones que no tomó».
Recordó que la Xunta lleva más de una década reclamando formalmente esta transferencia, a través de sucesivas iniciativas impulsadas desde el Parlamento de Galicia.
Allegue reivindicó que Galicia quiere la transferencia de la AP-9 y rechazó que se ponga en cuestión esta voluntad. En este sentido, subrayó que Galicia quiere una AP-9 gallega, pero no una factura que no corresponde a los gallegos y que, según advirtió, si pretende que asuma Galicia.
Finalmente, la conselleira, reclamó a las fuerzas políticas del Parlamento que rectifiquen y que las garantías queden expresamente recogidas por escrito.
