- Román Rodríguez remite una carta a la ministra de Educación en la que pone a su disposición los fondos autonómicos que la Consellería destina cada curso a esta iniciativa como «única vía» para asegurar su continuidad en las aulas gallegas
- «Nosotros queremos seguir en el programa, pero no a costa de multas millonarias que tendríamos que pagar con el dinero público de todos los gallegos», advierte el conselleiro
- Denuncia que el Ministerio de Educación, tras cuatro meses de retraso, volvió a convocar el programa sin incorporar garantías jurídicas para arreglar el problema
- Recuerda que las discrepancias entre los Ministerios de Educación y de Trabajo están generando sanciones millonarias por parte de este último a varias comunidades
- Reitera que, de no aceptar la propuesta, el Gobierno central será el único responsable de que Galicia tenga que prescindir de esta iniciativa de gran éxit
La Xunta de Galicia se ofrece a ceder al Gobierno del Estado los 4,8 M€ de fondos autonómicos que dedica cada curso al programa de auxiliares de conversación, de manera que sea el Ministerio de Educación el que se encargue directamente de la incorporación de estas personas durante el próximo curso 2026-2027. Así se lo viene de comunicar hoy el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, a la ministra Milagros Tolón a través de una misiva.
El titular de Educación de la Xunta compareció este miércoles en rueda de prensa para explicar que esta propuesta es «la única salida» que le queda al Gobierno autonómico para blindar el funcionamiento del programa el próximo curso sin tener que enfrentarse a multas millonarias como las que ya le fueron impuestas a otras comunidades autónomas por parte del Ministerio de Trabajo. No en vano, este Ministerio ha abierto un procedimiento similar a la Xunta, aun sin resolución, en la provincia de la Coruña.
Román Rodríguez estuvo acompañado por el secretario general técnico, Manuel Vila, y por la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, que dieron cuenta de las consultas e informes técnicos y jurídicos realizados para analizar si la nueva convocatoria, que el Ministerio viene de publicar con cuatro meses de retraso, soluciona o no el problema existente. «Nos vuelve a dejar a los pies de los caballos», declaró al explicar que no introduce la necesaria seguridad jurídica para resolver el conflicto entre ministerios pese a que así le fue exigido en reiteradas ocasiones desde el pasado año.
Una «trampa» que no entra en el fondo
«Nosotros queremos continuar con el programa, pero, dado que el Gobierno central sigue sin ofrecernos certezas, optamos por poner nuestro dinero público a su disposición y que sean ellos los que se encarguen de las incorporaciones de estas personas al sistema educativo gallego se están tan seguros de que el problema ya está resuelto», declaró. «Da la sensación de que, incluso, nos quieren tender una trampa», advirtió el conselleiro, dado que intentan «colar en un supuesto nuevo anexo cuestiones que ya aparecían recogidas hasta ahora en la guía de funcionamiento», pero sin resolver las cuestiones de fondo que están motivando verdaderamente las inspecciones de trabajo. De hecho, existe un informe de la Abogacía del Estado que no tuvo ningún efecto en Andalucía, una de las comunidades ya sancionadas. Junto con la Comunidad Valenciana, las multas impuestas suman ya 25 M€ y hay otros expedientes pendiente de resolución, entres ellos el que afecta a Galicia.
Unanimidad en el Parlamento
Román Rodríguez insiste en que, de seguir en este punto, el Gobierno del Estado será «el único responsable» de que Galicia tenga que prescindir desde programa de gran éxito desde hace 15 años, que contribuyó a situar a nuestro alumnado con el mayor nivel de inglés de España, según el informe EF. Solo este curso tenemos cerca de 700 auxiliares. A este respeto, agradeció la unanimidad de los grupos políticos en el Parlamento al apoyar la postura del Gobierno autonómico en distintas votaciones en su acción con el Ministerio.
Hace falta recordar que el programa de auxiliares de conversación está diseñado por el Ministerio de Educación, que es quien marca los requisitos. El Gobierno gallego cumple con las condiciones marcadas desde el Estado y, además, se hace cargo de la mayor parte del coste del mismo asumiendo el 90% de su financiación. Las personas que participan en este programa no tienen la condición de trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, que ahora está exigiendo la Inspección de Trabajo. No obstante, cuentan con todas las coberturas, con un seguro médico, así como con un ingreso en concepto de ayuda para gastos de alojamiento y mantenimiento que sufraga la propia Xunta (4,8 M€ de los 5,2 M€ totales).
