- Allegue avanzó que los “tres Gobiernos autonómicos solicitarán una reunión con el vicepresidente Ejecutivo de Mercado Interior de la CE, Stéphane Séjourné, para trasladar la preocupación ante una discriminación territorial que es inaceptable”
- Reivindicó que “el Gobierno central rescate la AP-9, pues el coste es equivalente al que debe pagar por las bonificaciones comprometidas hasta el fin de la concesión”
- Reiteró la transferencia de la AP-9 a la Xunta, pero financiada”, es decir, sin cargas extra para la Comunidad, y con la certeza de que las futuras cargas que puedan surgir de los procesos judiciales abiertos sean asumidas por el Estado”
- Criticó que mientras el Gobierno libera peajes en otros territorios, la AP-9 cada vez es más cara, con trayectos, solo de ida, entre Ferrol y Tui, con un desembolso de 28€ y de A Coruña a Vigo, 21,40€
La Xunta exige el rescate de la AP-9 y firma con los Gobiernos de Asturias y Castilla y León y el tejido empresarial de las tres comunidades la Declaración Compostela, que insta a la Comisión Europea a culminar el dictamen sobre las prórrogas de la AP-9 y AP-66. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, intervino en el encuentro ‘As infraestruturas viarias do Noroeste’, organizado por la Confederación de Empresarios de Galicia e impulsada por la asociación En-Colectivo, cuyo presidente, Diego Maraña, también asistió.
Allegue, con el conselleiro de Movilidad del Principado de Asturias, Alejandro Calvo; y la secretaria general de la Consejería de Movilidad de la Junta de Castilla y León, Natalia Flórez; y los presidentes de las confederaciones empresariales de las tres comunidades, firmaron el citado documento, como alianza para la defensa de la AP-9 y de la AP-66.
Recordó que el Gobierno gallego viene de presentar el escrito de demanda para exigir la información que el Estado remitió a la Comisión Europea en relación con el dictamen sobre la prórroga de la concesión de la AP-9.
Incidió en que el “Gobierno debe asumir jurídicamente el dictamen y, por otro lado, las tres CCAA nos dirigiremos a la CE para que impulse con celeridad la conclusión del procedimiento de infracción derivado del dictamen”.
En este sentido, avanzó que los “tres Gobiernos autonómicos pedirán una reunión con el vicepresidente Ejecutivo de Mercado Interior de la CE, Stéphane Séjourné, para trasladarle la preocupación ante una situación de discriminación territorial que es inaceptable”.
María M. Allegue señaló que la AP-9 presta servicio a más del 60% de la población gallega y une las principales ciudades. Criticó que mientras el Gobierno libera peajes en otros territorios, la AP-9 es cada vez más cara. Puso como ejemplos los trayectos, solo de ida, entre Ferrol y Tui, con un desembolso de 28€ y el de A Coruña a Vigo, 21,40€.
Reivindicó que “el Gobierno central rescate la AP-9 y proceda luego a la transferencia de la titularidad a la Xunta, pero un traspaso financiado”. Lamentó que el Gobierno niegue el rescate, cuando “su coste es equivalente al que debe pagar por las bonificaciones comprometidas hasta el fin de la concesión”.
Defendió la transferencia de la AP-9, que debe venir “financiada”, es decir, sin cargas extra para la Comunidad, y con la certeza de que las futuras cargas que puedan surgir de los procesos judiciales abiertos en relación con la autopista sean asumidas por el Estado.
Hizo hincapié en que el traspaso tiene que respetar el texto aprobado por unanimidad en la Proposición de Ley Orgánica del Parlamento de Galicia, sin desvirtuarlo como pretenden ahora grupos políticos como PSOE, BNG y Sumar.
