El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, advirtió este martes de que el Gobierno gallego emprenderá acciones judiciales contra el Ejecutivo central si en el plazo de un mes no recibe la documentación solicitada sobre la respuesta de España al dictamen de la Comisión Europea que cuestiona la prórroga de la concesión de la autopista AP-9 hasta el año 2048.
Rueda recordó que la Comisión Europea emitió el pasado año un dictamen en el que “cuestiona abiertamente la legalidad” de dicha prórroga y que, además, trasladó al Gobierno central un “último aviso”, advirtiendo de la posibilidad de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no se adoptan medidas adecuadas.
Según explicó, hace más de tres meses la Xunta solicitó formalmente al Ministerio de Transportes la documentación remitida a Bruselas, así como la respuesta enviada por el Gobierno español a la Comisión Europea. “No hemos tenido ningún tipo de respuesta”, lamentó el presidente gallego, que señaló que el Ejecutivo autonómico reiteró la petición sin obtener contestación alguna.
Ante esta situación, la Xunta ha decidido fijar un plazo de un mes para recibir la información solicitada. En caso contrario, anunció Rueda, el Gobierno gallego interpondrá un recurso contencioso-administrativo por la falta de respuesta del Gobierno central. “Necesitamos saber qué está haciendo el Gobierno y qué le está contestando a la Unión Europea para poder actuar en consecuencia”, subrayó.
El presidente de la Xunta criticó que, mientras en otras zonas del Estado se están eliminando peajes, la AP-9 ha vuelto a registrar una subida del 5 % a comienzos de este año. En este contexto, insistió en que la “mejor y única solución” para Galicia pasa por el rescate de la autopista y la posterior transferencia de su gestión a la comunidad autónoma, una posición que —recordó— fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia.
Rueda también se refirió a las recientes manifestaciones del Gobierno central en las que se defiende que la concesión está en vigor y que no se prevé adoptar ninguna medida. Frente a ello, recalcó que es la propia Unión Europea la que está requiriendo explicaciones y actuaciones, por lo que la Xunta considera imprescindible conocer el contenido de las comunicaciones entre España y Bruselas.
