La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia la grave escalada de incidentes violentos que están sufriendo en Ceuta los profesionales encargados de proteger la seguridad ciudadana, garantizar el ejercicio de los derechos y libertades y preservar el orden público. En apenas unos días se han sucedido ataques contra policías nacionales, guardias civiles y militares protagonizados por personas que accedieron irregularmente a la ciudad durante la entrada masiva del pasado mes de julio y que todavía permanecen en ella.
Estos incidentes no son simples episodios de desobediencia, sino que acreditan que parte de esos inmigrantes no reconoce ni respeta el principio de autoridad y está dispuesta a enfrentarse abiertamente a quienes representan y hacen cumplir la ley. Una realidad que el Ministerio del Interior no puede seguir ocultando detrás de eufemismos, silencios o mensajes tranquilizadores que ya no se sostienen frente a lo que está ocurriendo en las calles de Ceuta.
El último policía nacional herido pertenece a la VII Unidad de Intervención Policial, desplazada desde Sevilla para reforzar el dispositivo de seguridad. Durante la tarde del 26 de agosto, los agentes tuvieron que acceder al recinto de Loma Colmenar para poner fin a una pelea multitudinaria entre inmigrantes. Mientras trataban de separar a los implicados, dispersar a los participantes y evitar que el enfrentamiento adquiriese consecuencias todavía más graves, uno de los compañeros recibió en la mano derecha el impacto de un objeto contundente lanzado desde el interior de la multitud. Aunque las primeras pruebas descartaron una fractura ósea, el agente quedó con la mano completamente inutilizada y pendiente de una valoración más precisa de las lesiones en tejidos blandos. Su estado ha obligado a dar por terminada anticipadamente su comisión de servicio y a organizar su regreso a la base.
A este episodio se suma la agresión sufrida en la mañana del 27 de agosto por un grupo de militares en Benzú. Una multitud de inmigrantes acometió contra los efectivos, causó lesiones a uno de ellos y ocasionó daños en un vehículo militar. A tenor de la información que ha trascendido, estamos ante un ataque colectivo en el que los militares fueron rodeados y apedreados, una actuación de extrema gravedad que evidencia hasta qué punto se está erosionando el principio de autoridad en Ceuta.
Durante las últimas semanas también se han registrado el lanzamiento de piedras contra policías, guardias civiles y militares en Loma Colmenar; la agresión a patadas y puñetazos sufrida por un guardia civil fuera de servicio después de identificarse como agente; el empujón a otro guardia civil durante un intento de fuga en el Tarajal; y la amenaza directa de un inmigrante armado con un machete contra un policía nacional, que tuvo que efectuar un disparo al aire para proteger su integridad.
La concentración de tantos incidentes en un periodo tan corto resulta especialmente alarmante si se compara con la evolución de los delitos de atentado contra agente de la autoridad en Ceuta. Después de registrarse 96 casos en 2017 y 93 en 2019, la cifra descendió hasta 52 en 2023 y se mantuvo en 53 tanto en 2024 como en 2025. Ceuta venía mostrando, además, una tendencia descendente que no seguía la evolución general de España. Que en apenas unos días se hayan acumulado tantos ataques contra quienes ejercen funciones policiales o de seguridad constituye una señal de alarma que ningún responsable público puede minimizar.
Por otra parte, la tensión social también crece. El 25 de agosto, una concentración convocada contra la reubicación de inmigrantes en el acuartelamiento ‘Coronel Fiscer’ comenzó con unas 150 personas y llegó a reunir aproximadamente a un millar. Ese mismo día, otra movilización para exigir la dimisión del delegado del Gobierno por la gestión de la crisis migratoria arrancó con unas 800 personas y terminó congregando alrededor de 1.200. No se produjeron episodios violentos, pero la dimensión alcanzada por ambas convocatorias demuestra el hartazgo de una ciudad que lleva semanas soportando una presión extraordinaria y que no encuentra una respuesta suficiente por parte del Gobierno.
El Ministerio del Interior tiene la obligación de recuperar el control de la situación y proteger a quienes está enviando a hacerlo. No puede exigir a los policías que contengan peleas multitudinarias, afronten lanzamientos de objetos, intervengan frente a individuos armados y respondan a altercados crecientes mientras mantiene un despliegue insuficiente y regatea los medios necesarios. Cada día que Interior aplaza una respuesta proporcional a la gravedad de la crisis aumenta el riesgo para los agentes y para el conjunto de los ciudadanos de Ceuta.
CEP exige el envío inmediato de nuevos efectivos especializados en orden público, tanto de las Unidades de Intervención Policial como de las Unidades de Prevención y Reacción. Los refuerzos deben responder a una planificación estable y suficiente, no a parches improvisados ni a desplazamientos que se agotan conforme se multiplican los incidentes. Ese despliegue debe realizarse, además, en condiciones dignas. Los policías trasladados a Ceuta necesitan un alojamiento adecuado, manutención suficiente, garantías de salubridad, periodos reales de descanso y un trato acorde con la dureza de la misión que están desempeñando. No es admisible que quienes están soportando jornadas de enorme tensión, exposición constante al riesgo y una carga física y emocional extraordinaria tengan que pelear también por unas condiciones mínimas durante su comisión de servicio. CEP reitera igualmente la exigencia, ya formulada días atrás, de que estos servicios sean objeto de compensaciones económicas extraordinarias. La penosidad, peligrosidad, duración y excepcionalidad del despliegue están fuera de cualquier prestación ordinaria y deben ser reconocidas como tales. Interior debe decidir de una vez si está dispuesto a preservar el principio de autoridad o si va a seguir abandonando a los policías frente a quienes desafían abiertamente la ley. Los agentes no pueden continuar pagando con su integridad física la pasividad, la imprevisión y la falta de firmeza política del Ministerio. Ceuta necesita más policías, los necesita ya y los necesita protegidos, respaldados y tratados con la dignidad que merece quien se juega su seguridad para defender la de todos.
