La Confederación Española de Policía denuncia que los datos conocidos hoy sobre la evolución de la criminalidad en el primer semestre del año confirman que la delincuencia violenta en las calles de España ha alcanzado el peor registro histórico en una década, con 14.366 delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias, en lo que, sin duda, constituye un fracaso del Ministerio del Interior a la hora de atajar un fenómeno que causa alarma social y que pone también en riesgo la seguridad de los policías nacionales, que cada vez deben hacer frente a más agresiones en sus intervenciones.
La cifra de delitos violentos conocida hoy supone no sólo un empeoramiento de la registrada en el mismo periodo del año pasado, con un 4,13% más de infracciones penales de este tipo, sino que confirma que tras la pandemia el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha tenido el dudoso honor de encadenar cinco años consecutivos de incremento de este tipo de incidentes en las calles, de tal forma que no estamos ya ante repuntes ocasionales sino que, al contrario, sufrimos un constante deterioro de la seguridad ciudadana que tiene una relación directa con el deterioro del principio de autoridad.
Así, desde que el ministro accedió al cargo -y exceptuando el año en el que España vivió la pandemia por la Covid-19, que supuso un desplome de toda la criminalidad convencional- se han sucedido aumentossistemáticosenlaestadísticadelesionesyriñastumultuariasenlosprimerossemestresde cadaañoyenlacifratotalanual.Hayquerecordar,enestesentido,queenelprimersemestrede2019 seregistraron9.176delitosviolentosdeestetipoyqueenlosseisprimerosmesesde2025esacifrase ha disparado un 56% respecto a la otra. Ese grave e intenso aumento de estas infraccionespenales no puedeseguirsiendoignoradoporelMinisteriodelInterior,quetienelaobligacióndetomarlasmedidas necesarias para proteger más y mejor a los policías nacionales y al conjunto de la sociedad.
Laestadísticaconocidahoyconfirma,además,queestosdelitosviolentoshanaumentadonuevamente en doce Comunidades Autónomas y que cinco de ellas -Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco y Canarias, en ese orden- aglutinan hasta el 69% del total de lesiones y riñas tumultuarias de toda España, manteniéndose así una tendencia que se ya se viene arrastrando desde hace años. Esas cinco,aexcepción de Cataluña,han alcanzado lapeor cifra históricade esta modalidad delictivaenunprimersemestre.Y en e lcaso de Madrid,además,el aumento registra do entre eneroy
juniode2025suponeundeteriorodel5,6%frentealmismoperiodode2024,estandoporencimade la media nacional en cuanto al empeoramiento de las cifras.
De mantenerse esta tendencia en el segundo semestre de 2025 la cifra final del año volverá a ser un nuevo récord histórico, que confirme que el Ministerio del Interior sigue perdiendo el pulso de la protección de la seguridad ciudadana en las calles de España y que los policías -en general, los profesionales de la seguridad pública- estamos más expuestos que nunca frente a delitos violentos. No debemos olvidar, en este sentido, que en 2024 se alcanzó también la cifra más elevada en la estadística histórica de delitos de atentado contra agente de la autoridad, con 16.878 agresiones.
Lasinfraccionespenalesagrupadasbajoelepígrafedelesionesyriñatumultuaria,quecomprendenlos delitos tipificados en los artículos 147 a 152 y 154 del Código Penal, tienen un impacto directo en la sensación subjetiva de seguridad de los ciudadanos y deben constituir una prioridad para el Ministerio del Interior. Sin embargo, quienes directamente hacemos frente a esos episodios de violencia en la calle, los policías, seguimos sin tener reconocida la profesión de riesgo, una jubilación digna, la equiparación salarial real o una adecuada protección frente a las agresiones.
Interior,endefinitiva,haceyamuchotiempoquesedesentendiódelaspreocupacionesdelospolicías y viene adoptando en esta materia una actitud de resistencia y obstrucción, cuando no de evidente insumisión como en la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo ganada por CEP en febrero de 2024yqueobligaaldepartamentodeGrande-Marlaskaamaterializarelseguroderesponsabilidadcivil para los profesionales de la seguridad pública.
DesdeCEPreiteramos,unavezmás,lanecesidaddequeelpeorministrodelInteriordelademocracia -esa es nuestra opinión, por la ausencia absoluta de compromiso real con los policías y sus derechos profesionales- dimita y deje el cargo cuanto antes. Como eso no va a ocurrir, en CEP mantenemos el conflicto colectivo de trabajo que le declaramos a Grande-Marlaska en abril de 2024 y que no lo levantaremos hasta que abandone el Gobierno o asuma compromisos reales con los policías
