La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia el enésimo desprecio del ministro del Interior a los policías nacionales al haber firmado el pasado viernes la concesión de 651 condecoraciones al mérito policial para personas ajenas a la Policía Nacional. Esta cifra, que supone un récord respecto a ejercicios anteriores, constituye un ‘atraco’ a las expectativas de cientos de profesionales de la seguridad pública que, gracias a esa estrategia
bochornosa y ofensiva, se han quedado este año sin el justo reconocimiento a intervenciones arriesgadas y excepcionales que han permitido salvar vidas, proteger a víctimas de innumerables delitos o desactivar todo tipo de grupos criminales organizados. Pese a ello, Interior se ha vuelto a situar frente a los policías. Y lo hace con un titular del departamento cuyo liderazgo está irremediablemente hecho añicos, tras siete años de ausencia
absoluta de diálogo para avanzar en nuestros derechos profesionales
Grande-Marlaska firmó el 19 de septiembre varias órdenes ministeriales con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios mediante las que reconoce la actuación meritoria y arriesgada de los miembros de la Policía Nacional. Pero resulta que entre esas condecoraciones hay 651 que van a quedarse en manos de personas ajenas a nuestra institución. En concreto, 7 han sido agraciadas con una Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo y 644 con una Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco. La cifra supone un incremento del 23% respecto a las concedidas en el año 2021 y perpetúa la sangría de condecoraciones que se dejan de entregar a policías para asignarse a colectivos ajenos a este Cuerpo.
Sólo en cinco años, casi 3.000 policías se han quedado sin un reconocimiento profesional porque Interior se niega a poner fin a una práctica que deteriora el prestigio de la Orden al Mérito Policial. Y lo hace porque pese a que en CEP llevamos años exigiendo una Ley de Condecoraciones que sustituya a la actual -en vigor desde hace sesenta y un años sin que el Gobierno, paradójicamente, haya apostado por su actualización pese a tener su origen en una dictadura- a Grande-Marlaska no le debe parecer importante impulsar una iniciativa que devuelva a los policías la confianza en que no habrá ni una sola intervención meritoria que se quede sin su justo reconocimiento profesional. Con la aprobación de una nueva norma cabría crear otro tipo de condecoración, no policial, que pueda destinarse a personas ajenas a nuestro Cuerpo
El ministro del Interior afirmó en sede parlamentaria, en enero de 2024, que la nueva Ley de Condecoraciones era una prioridad para él porque la normativa actual es preconstitucional. Su número dos, el ya ex Secretario de Estado de Seguridad, confesó en una comparecencia, en junio de 2024, que ya existía un borrador de la norma. El propio Director General de la Policía, también en una intervención en la Cámara Baja, en octubre de 2024, confirmó que ese documento existe y que se iba a negociar con los sindicatos de Policía Nacional. Desde entonces, las palabras de unos y otros se las ha llevado el viento. Y eso que tanto el Congreso -que aprobó en su Comisión de Interior una proposición no de ley, en febrero de 2024- como el Senado -que en un Pleno de diciembre de
2024 sacó adelante una moción que insta al Gobierno a revisar los requisitos de concesión de condecoracionesse han posicionado inequívocamente del lado de los policías, reclamando una nueva Ley que cierre la puerta a arbitrariedades, que imponga la transparencia como criterio de actuación y que impida que ni un solo agente que lo merezca se quede sin el reconocimiento profesional que merece.
Esta actitud de resistencia y obstruccionismo sólo puede tener una explicación: a Interior le interesa perpetuar una norma, por mucho que sea franquista, si con ello puede mantener un mecanismo de concesión de reconocimientos que la mayoría aplastante de los policías no reconoce como justo. Frente a ello, como defendemos en CEP, sólo cabe pedir la dimisión del peor ministro del Interior de la democracia y que al despacho del Paseo de la Castellana, sede del departamento, llegue alguien que sitúe de verdad a los policías en el centro de sus preocupaciones.
Además, la aprobación de las condecoraciones policiales de este año por parte del Ministerio del Interior reabre la polémica por la entrega de diez Medallas de Plata -la máxima condecoración que puede recibir un policía en vida, con una pensión del 15% del sueldo del funcionario- a determinados mandos que se han jubilado e incluso al ‘número dos’ de la Dirección Adjunta Operativa. Este año serán, entre otros, ocho los comisarios principales beneficiados por esta cuestionable medida que suscita, además, un amplio rechazo entre las Escalas de mando de la Policía Nacional al ver cómo unos pocos acceden a su jubilación con una pensión ‘dopada’ mientras la mayoría de los policías nacionales se tienen que marchar a casa al cumplir 65 años, perdiendo cientos de euros en sus ingresos mensuales.
De las 4.158 condecoraciones policiales que Interior entrega este año, el 15,8% irán a parar a manos de personas ajenas a la actividad de nuestro Cuerpo. Entre ellas, el Jefe del Gabinete de la Presidencia del Tribunal Constitucional; el propietario de una bodega riojana; un ex subdelegado del Gobierno en Cádiz; empresarios de hostelería; el presidente de la Cámara de Comercio de Navarra; los embajadores de España en Libia, Senegal o Brasil; un gerente de un hospital; la coordinadora general de Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid; una Vocal Asesora del Gabinete del propio ministro del Interior; la Federación de Fútbol de la Región de Murcia; el presidente de Cruz Roja en Cataluña; un alto cargo de un banco; varios abogados; cardiólogos; un piloto de rallys; un piragüista; la jueza que investigó a seis policías nacionales por el caso de la ‘patada en la puerta’ en un piso de Madrid durante la pandemia; el jefe de Protocolo del Gobierno de Aragón; una directora de área de la Secretaría General del Senado; y hasta un mozo de espadas
