- Anuncia que el Gobierno gallego «no cederá a los chantajes» y mantiene su previsión de abrir en este ayuntamiento lucense el primer centro específico para menores extranjeros no acompañados
- Solicita la colaboración de otras administraciones en el refuerzo de la vigilancia policial y en la instalación de cámaras en la zona para evitar posibles ataques
- Insta al resto de fuerzas políticas a no polarizar y a no usar este tipo de actos violentos «con fines electorales y para sacar rédito partidista?»
La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, trasladó esta mañana su condena y la de todo el Gobierno gallego al ataque violento realizado este fin de semana contra el edificio residencial Francisco Suárez, de la entidad social Prodeme, donde la Xunta ha previsto acoger al primer grupo de menores migrantes no acompañados. En su visita al inmueble para comprobar el alcance de los daños, avanzó que el Ejecutivo autonómico «no cederá a los chantajes», por lo que no contempla el cambio de localización del futuro centro.
Fabiola García, que insistió en que este tipo de actos violentos «no tienen cabida en Galicia», anunció que la Xunta ampliará las medidas de seguridad del inmueble, una medida para la que solicitó colaboración al resto de administraciones, con el objetivo de reforzar la vigilancia policial y mediante la instalación de cámaras en la zona. En la visita, estuvo acompañada por el gerente de Prodeme, Julio Cortiñas, por la vicepresidenta primera del Parlamento gallego, Elena Candia, y por el diputado provincial, Antonio Ameijide.
En su intervención, la conselleira destacó, además, que «es importante y urgente que esta cuestión deje de emplearse como arma para polarizar o sacar rédito partidista», por lo que solicitó «responsabilidad» al resto de fuerzas políticas y que no usen este acto violento «con fines electorales».
Fabiola García hizo hincapié en que la creación de este tipo de centros específicos como el de Monforte de Lemos «es la única alternativa de la Xunta ante la imposición del Gobierno central» de derivar a Galicia 317 menores, mientras que la otras comunidades como País Vasco y Cataluña no se le asigna ninguno. Este traslado, denunció, «rompe con el sistema integrador e inclusivo de protección de Galicia», basado en pequeños recursos residenciales en los que los menores conviven sin tener en cuenta su origen. La conselleira incidió en que, tal y como fue advertido en numerosas ocasiones al Gobierno central, Galicia no cuenta a día de hoy con capacidad para acoger 317 menores, por lo que se ve en el deber de crear centros específicos como el de Monforte.
