●Los populares gallegos consideran que el reciente dictamen de la Comisión Europea supone una «ventana de oportunidad» que debería ser aprovechada para «avanzar en el objetivo de conseguir una AP-9 gallega y gratuita»
●»La gestión de la autopista por parte del Estado en los últimos años ha sido claramente perjudicial para el interés general y especialmente para Galicia», argumenta Roberto Rodríguez en referencia a la suba de los peajes sufrido por los usuarios gallegos en paralelo al incremento de los beneficios de la concesionaria
El Partido Popular de Galicia demanda al Gobierno central que, previo reciente dictamen de la Comisión Europea, acuerde de inmediato el rescate de la concesión y la liberación de los peajes de la AP-9 por ser «la opción más beneficiosa para Galicia y más razonable para las cuentas públicas».
Los populares vienen de registrar en el Parlamento la gestión de la Autopista del Atlántico por parte del Estado en los últimos años ha sido claramente perjudicial para el interés general y especialmente para Galicia», en tanto de Galicia una proposición no de ley con este fin aprovechando la «ventana de oportunidad» que supone, en su opinión, el plazo de respuesta concedido al Ejecutivo por parte de las autoridades europeas previa emisión de ese dictamen. «Esta eventualidad puede suponer una oportunidad para avanzar en el objetivo de conseguir una AP-9 gallega y libre de peajes», afirman.
Argumentan que el rescate de esta autopista estatal y la liberación de los peajes supone «la alternativa más ventajosa para el interés público» en la medida en que, según los cálculos de la Xunta de Galicia, el coste de la indemnización por el rescate de la vía (entorno de los 2.356 millones de euros) sería similar al coste que supone el mantenimiento del actual sistema de bonificaciones para los usuarios hasta el final de la concesión.
A ello se suma que el rescate de la concesión y la liberación del peaje implicarían el trasvase del tráfico desde las carreteras convencionales hacia la AP-9, lo cual redundaría en numerosos beneficios ambientales, de seguridad vial, de calidad de vida y de competitividad que también deberían ser cuantificados por el Ministerio para un mejor criterio en la toma de decisión sobre el rescate.
«Queda acreditado una vez más que la gestión de la Autopista del Atlántico por parte del Estado en los últimos años ha sido claramente perjudicial para el interés general y especialmente para Galicia», concluye el portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular en el Parlamento gallego, Roberto Rodríguez, refiriéndose a los beneficios económicos de la empresa concesionaria y a la suba de las tarifas que los usuarios gallegos han sufrido en mayor medida que los de otras vías similares en el resto de España.
Un desleixo hacia Galicia cuya máxima representación es el hecho de que, a día de hoy, las prórrogas a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley sobre la transferencia de la AP-9 a Galicia en el Congreso de los Diputados asciendan ya a 53 desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa.
Por todo ello, Rodríguez y el resto de diputados del PPdeG consideran que está es «una oportunidad única» e instan así al Gobierno de España a la reflexionar sobre la conveniencia de un rescate que «cuanto más tarde se haga, más caro será para el peto de los gallegos y del resto de españoles».
