- Paula Prado asegura que seguirán “luchando” por defender la competencia sobre el litoral, respaldada por el Tribunal Constitucional, y rechaza que “desde Moncloa” se pretenda “decirnos como gobernar” la Comunidad
- Ángeles Vázquez advierte de la “manía ideológica” del Gobierno de Sánchez con una gestión de la costa fundamentada en los principios de “expropiar sin pagar y prohibir sin invertir”
- Mariña Gueimunde reclama seguridad para un ayuntamiento como Viveiro, donde “casi todo el espacio urbano forma parte del litoral”
. El PPdeG no va “a consentir que el Gobierno de España” modifique el Reglamento General de espaldas introduciendo “nuevos criterios para los límites del deslinde que perjudicarían a nuestra costa y a sus vecinos y vecinas”. “No vamos a consentir que desde un despacho en Madrid se tomen decisiones que perjudican nuestro territorio”, insistió la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, desde Viveiro, uno de los múltiples ayuntamientos gallegos afectados por este cambio normativo que el Ejecutivo central pretende introducir a través de un Real Decreto de medidas de gestión de los riesgos de inundación.
Junto con el responsable del área de Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno gallego, Ángeles Vázquez, y la alcaldesa de la localidad lucense, Mariña Gueimunde, denunció que “una vez más” el Gobierno de Pedro Sánchez “toma una decisión que perjudica a Galicia”; con el agravante de que, en este caso, “tenemos ya la competencia” sobre el litoral, como respaldou el Tribunal Constitucional. “A pesar de eso, el Gobierno de España pretende decirnos como gestionar nuestra costa y como gobernar Galicia”, censuró. Como comunidad con más kilómetros de litoral de España, “tenemos derecho a continuación decidiendo que hacer en nuestra costa”, subrayó.
Paula Prado criticó el hecho de que el BNG, que “siempre pide más autogobierno” y “más competencias”, semeja que “no tiene nada que decir” ante el “perjuicio” de esta modificación legal para los habitantes y la “actividad económica” en la costa. “Ana Pontón está absolutamente callada en relación con este nuevo insulto a Galicia”, añadió. Del mismo modo, “los alcaldes y alcaldesas del BNG y del PSOE” de los ayuntamientos afectados “tampoco defienden a sus vecinos”, dijo, por el que se preguntó “qué tiene que pasar para que el BNG alce la voz contra Pedro Sánchez y le diga que basta ya de hacer daño la Galicia y a nuestro territorio”.
A número dos de los populares gallegos avanzó que tanto desde el Gobierno autonómico como “desde el PPdeG, desde todos los ayuntamientos que gobiernamos, seguiremos luchando para defender esa competencia que tenemos” sobre el litoral, “que es legítima y legal”. “Desde un despacho en Madrid no se puede intentar gobernar Galicia y gobernar la costa gallega”, concluyó.
UNA “MANÍA IDEOLÓGICA” DEL MINISTERIO
Ángeles Vázquez quiso “denunciar públicamente lo maltrato que están recibiendo los ciudadanos por una manía”, la del Gobierno central con la gestión de la costa, “que es simplemente ideológica y no responde ni a lo que pueda acontecer con su seguridad ni al cuidado medioambiental”, sino que “es algo que va mucho más allá y que no tienen que pagar los vecinos”.
La titular de Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno gallego puso como ejemplo de estas prácticas el Edificio Neptuno de Viveiro, ante el cuál se reunieron durante la visita con algunos de sus vecinos. Este edificio, segundo explicó, había solicitado la prórroga de la concesión de ocupación en dominio público marítimo-terrestre, pero “durante 8 años estuvo metida en un cajón”, de tal manera que Costas del Estado y el Ministerio de Transición Ecológica “no le dieron respuesta”. La Xunta, una vez transferido el expediente por parte del Estado, lo resolvió en 10 meses, como parte de las 1.800 autorizaciones concedidas por el Gobierno gallego desde que Galicia asumió la gestión de su litoral hace un año.
Vázquez detalló que, “de forma extemporánea”, fuera de plazo, Costas emitió un informe desfavorable sobre la prórroga de la concesión, que se bien no es vinculante, advirtió de que sí lo sería con la reforma del Regulamento de Costas. De salir adelante este cambio legal, y tal y como figura en dicho informe, la explotación para arrendar las viviendas o locales del edificio tendría que someterse a concurso público. Esto supone “tratar igual un chiringuito que un edificio de viviendas que un hotel o que cualquier otra actividad que se lleve a cabo en la costa”, explicó.
La pretensión del Gobierno central, recordó Vázquez, es que no se concedan prórrogas en las concesiones; y que aquellas ya concedidas se revisen de oficio y si retiren. Y, adicionalmente, que cualquier espacio donde llegue la onda de un temporal pase de ser privado a formar parte del dominio público, como figura en un artículo del Real decreto sobre inundaciones. “Esto es: expropiar sin pagar y prohibir sin invertir”, resumió. Frente a esta pretensión, la Xunta trabaja para presentar los alegatos pertinentes.
UN CAMBIO “INVIABLE” Y “ESCONDIDO”
Mariña Gueimunde calificó de “inviable” la modificación del Regulamento de Costas que pretende introducir el Gobierno central, a lo que demandó que “dejen” de “esconder detrás de decretos decisiones” que “nos perjudican a todos”. La regidora reclamó “seguridad” para un ayuntamiento como Viveiro, donde “casi todo el espacio urbano forma parte” del litoral, frente a medidas que “comprometen no solo los espacios municipales, sino también a las personas”.
