La petición de la Confederación Española de Policía (CEP) para que los profesionales de la seguridad pública de Europa tengan una mayor protección jurídica frente a agresiones y para que los Estados miembros apliquen un mismo castigo penal para los delitos de atentado ha llevado a miembros del Legislativo comunitario, pertenecientes a la Comisión de Peticiones, a realizar, por primera vez en la historia, un desplazamiento a un país, el nuestro, cuyo objetivo es analizar sobre el terreno el cada vez más preocupante aumento de los ataques a los policías. De esta forma, ocho miembros de la eurocámara iniciaron ayer una visita de tres días que incluirá reuniones con instituciones oficiales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y agentes que, al igual que sus familias, podrán trasladar directamente a esta misión sus experiencias
El viaje de esta Comisión, que incluye visitas oficiales y reuniones en Barbate, Algeciras y Sevilla, ofrecerá una visión más directa de algo que CEP lleva trasladándoles desde hace un año -tanto a ese órgano del legislativo comunitario como a otros con los que trabajamos estrechamente- y que es la necesidad de que Europa proteja más y mejor a quienes dedican su vida a cuidar la de los demás. En estamisiónseintegranochoparlamentariosdelosquedossonpolacos(unodeellos,presidentedeesta delegación),unafrancesa,unaportuguesayunoaustriaco.Duranteesostresdíasestaránacompañados por dos miembros del Partido Popular Europeo (Maravillas Abadía y Juan Ignacio Zoido), por otra del grupo Patriotas por Europa (Mireia Borrás), una más del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (Nora Junco) y por un representante del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (Lina Gálvez).
En este sentido, loquetrasladó CEP en su día al Parlamento Europeo, a través de la petición registrada en diciembre de 2023, fue un escenario en el que tanto España como otros países están sufriendo un grave aumento de las agresiones a los policías. Según cifras oficiales del Ministerio del Interior español, en 2024 alcanzamos un récord histórico, con 16.878 delitos de atentado contra policías y guardiasciviles.Esacifra,quesuponeunamediamensualde1.406ataques, superaalade2018enun 36,5% y esto último, sin duda, constituye un deterioro muy significativo del nivel de seguridad personal y jurídica que tenemos los policías en nuestro país.
Lo que CEP ha venido reclamando, y en lo que ya trabaja el legislativo europeo, es la elaboración y aprobacióndeunaDirectivaquenosotorguealospolicías (ytambiénalosmilitares,alosfuncionarios deprisionesyalosdeaduanas)lacondicióndeprofesiónderiesgoyque,enconsecuencia,fijemedidas de protección social, laboral, jurídica, médica y psicológica, además de formación y medios físicos que reduzcan el nivel de exposición en nuestras intervenciones.
Perotambiénestamostrabajando,juntoalosmiembrosdelLegislativoeuropeo,enlacalificacióndel atentadocontralosmiembrosdelasFuerzasyCuerposdeSeguridadcomouneurodelito,detalforma que homogeneice el castigo penal en todos los países para que agredir a un agente no salga gratis, como ocurre en la actualidad en no pocas ocasiones debido al escaso reproche penal de este tipo de ataques. Esa falta de unidad en el criterio jurídico aplicable provoca que la impunidad se abra paso y que el principio de autoridad, legítimo y democrático en todo Estado de Derecho, se diluya hasta niveles nunca antes conocidos.
EnlaexposiciónqueCEPhizoayerantelosmiembrosdelaexpedicióneuropea serecordóqueestamos ante un problema comunitario, que afecta a países como Francia, Alemania, Italia, Polonia o cualquier otro porque no entiende de fronteras. Y precisamente para reforzar esa dimensión global de la amenaza, hoy se reunirácon la misión del legislativo unarepresentación del ‘European Police Union’ (EPU), el gran sindicato europeo de policías del que forma parte CEP, que, a través del testimonio de su vicepresidente, el polaco Rafal Jankowsky, traerá a España la realidad que viven compañeros nuestros de otros países.
Aunque la elección de Barbate y Algeciras, en Cádiz, y de Sevilla como puntos a visitar por parte del ParlamentoEuropeoesunadecisiónadoptadaporsusmiembros,enCEPhemosrecordadoqueen2024 la provincia gaditana también vivió su propio récord histórico de agresiones a policías y guardias civiles,con507delitosde este tipo (un7,64% más que en2023 yun10,5% másqueen 2018), yque la tasadeestasinfraccionespenalesporcadamilhabitantesenesazonaessuperioraladelconjuntode España.
Tambiénhemosrecordadoqueenelcombatecontraeldelito,ycomoconsecuenciadelasagresiones quesufrimos,pierdenlavidapolicíasnacionalesyguardiasciviles.SóloenelcasodenuestroCuerpo, entre 2016 y 2024 perdieron la vida hasta 14 compañeros en acto de servicio o ‘in itinere’. Una cifra que es superior en el ámbito de Guardia Civil y que, en todo caso, debería llevar a las autoridades españolasyeuropeasamarcarsecomoprioridadelreduciresacifracuantoantesycontodoslosmedios jurídicos y presupuestarios a su alcance.
Finalmente, en CEP queremos recordar que todos estos avances se producen mientras el Ministerio delInteriordenuestropaísevitamejorarnuestraprotecciónjurídica.Porquenosólonosecontempla modificación alguna del Código Penal para endurecer el delito de atentado sino que, por ejemplo, el departamentodeGrande-MarlaskaseniegaaejecutarunaSentenciadelTribunalSupremodefebrero de 2024, ganada también por CEP, en la que se le obliga a desarrollar un seguro que cubra la responsabilidadcivildelospolicíasdurantesusintervenciones.Todoello,además,enunescenarioen elqueconstantementeseanuncianmodificacionesyrecortesdelaprincipalherramientanormativacon la quecuentanlospolicías enelámbitoadministrativo:lamalllamada‘Ley Mordaza’oLey Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Cuando en Europa se avanza para proteger a los policías y escuchar nuestras legítimas demandas, en España parece haberse impuesto una indiferencia que nadie entiende.
