El Parlamento Europeo, a través de un acuerdo alcanzado esta mañana por los portavoces de los principales grupos políticos de la Comisión de Peticiones, tendrá la oportunidad de dar la cara en Bruselas el próximo 28 de enero para, como consecuencia de la iniciativa de la Confederación Española de Policía que tramita ese órgano del Legislativo comunitario y que reclama que se nos declare profesión de riesgo y que el atentado contra agente de la autoridad sea eurodelito, justificar su escandalosa inacción en el ámbito del refuerzo de la seguridad física y jurídica de los agentes frente al intolerable aumento de agresiones.
De esta forma, Grande-Marlaska -que podría evitar la comparecencia en la eurocámara, en lo que sin duda sería un bochornoso ejemplo de desprecio a los representantes de los ciudadanos de España y del resto de la Unión Europea- sigue en el foco de una de las instituciones europeas gracias al trabajo de CEP, que desde diciembre de 2023 impulsa, con el apoyo de diferentes grupos parlamentarios, la aprobación de directivas que logren ese objetivo de proteger el trabajo de los profesionales de la seguridad pública de toda Europa.
El acuerdo alcanzado esta mañana, a propuesta del grupo ‘Patriotas por Europa’ (del que forma parte VOX) y con el apoyo imprescindible del ‘Partido Popular Europeo’ (del que forma parte el PP) y otras formaciones políticas, constituye un avance esencial para que el ministro del Interior más reprobado de la democracia dé explicaciones sobre por qué sigue negándose a impulsar medidas como el declarar a los policías y guardias civiles como profesiones de riesgo (adelantando así su edad de jubilación y potenciando su pensión de retiro, para no perder cientos de euros al mes) o reformar el Código Penal para que las consecuencias de agredir a un agente no sigan siendo prácticamente testimoniales, pese a haberse alcanzado en 2024 la mayor cifra de agresiones, con una media de 1.406 al mes.
En el primer semestre de 2025 el número de agresiones a miembros de ambos Cuerpos de seguridad ha superado las 8.000 y de mantenerse esa tendencia los resultados de este año serán similares a los del pasado ejercicio, de tal forma que la mayor violencia en la calle contra los agentes se ha consolidado, erosionando así el principio de autoridad y, lo que es peor, poniendo en riesgo a quienes se juegan la vida por proteger la de los demás.
Grande-Marlaska tiene una oportunidad esencial para no huir de esta convocatoria, para dar la cara por los policías y guardias civiles y, en definitiva, para no escurrir el bulto frente al Parlamento Europeo y pasar a ser, también en el ámbito comunitario, un ministro bajo sospecha política.
Hay que recordar que a finales de mayo una misión del Parlamento Europeo visitó España para comprobar sobre el terreno, en Andalucía, la denuncia de CEP. Como consecuencia de ese viaje, el Legislativo emitió un durísimo informe, el pasado 4 de noviembre, en el que pone el foco sobre la inacción del ministro Grande-Marlaska y su pasividad frente a un fenómeno, el aumento de la violencia contra los policías, que preocupa mucho en la mayor parte de los países de la Unión Europea.
