- Exige explicaciones públicas a Caballero tras el varapalo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anula la ordenanza municipal que vetaba a beneficiarios con deudas
- La concejala Patricia López Román denuncia que la ordenanza del Concello es contraria a la Ley de Inclusión Social de Galicia que garantiza recursos a las personas que carecen de ellos
- Considera lamentable que los afectados hayan tenido que recurrir al juzgado para denunciar esta situación y reclama que se anule el embargo con carácter general de todos los perjudicados
El grupo municipal del PP de Vigo ha calificado hoy de indecente e inmoral el embargo de la Renta de Inclusión Social de Galicia por parte del Concello de Vigo denunciado por los propios perceptores de esta prestación social. Así lo ha asegurado la concejala Patricia López Román haciéndose eco de la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Según ha argumentado, se trata precisamente de una prestación pública destinada a garantizar recursos económicos de subsistencia a quien carece de ellos y que a día de hoy perciben más de 2.000 vigueses, por lo que, en su opinión, no parece coherente su embargo.
En este sentido, la edil popular ha denunciado que el reglamento municipal del Concello es contrario a la Ley de Inclusión Social de Galicia, que en su Artículo 6.3 recoge que “[…] no podrá ser objeto de embargo o retención ni darse en garantía de obligaciones”.
López Román ha dejado caer que esta decisión pueda tener que ver con la política de confrontación que Caballero mantiene con la Xunta de Galicia desde su llegada al Gobierno. En todo caso, ha cuestionado que el alcalde deje sin gastar 120 millones de euros recaudados en impuestos a todos los vigueses y prohíba el cobro de la Risga a beneficiarios con deudas. “Es vergonzoso lo que está pasando en esta ciudad”, ha afirmado la concejala, quien ha puesto el acento en que “mientras la Xunta ayuda a las personas vulnerables, el Ayuntamiento les embarga”.
A este respecto, ha considerado lamentable que los afectados tuvieran que recurrir a la justicia para reclamar su derecho de cobro y ha exigido que se anule el embargo con carácter general para todos los perjudicados.
