- La frente nacionalista registra iniciativas en el Congreso y en el Parlamento gallego para evitar la destrucción de puestos en los centros de Vigo, Pontevedra y A Coruña, después de mantener una juntanza con representantes del Comité de Empresa
Néstor Rego: «El BNG demandamos en más de una ocasión recuperar la autorización administrativa previa para los ERE que permitiría evitar casos como el de Vodafone»
Carmela González: » La Junta tiene que actuar como autoridad laboral para garantizar la continuidad de los empleos en la Galiza»
El Bloque Nacionalista Gallego reclama a los Gobiernos español y gallego que impidan el ERE en Vodafone que amenaza hasta 60 empleos en Galiza. La frente nacionalista registrará iniciativas en el Congreso y en el Parlamento gallego para evitar la destrucción de ducias de puestos de trabajo en los centros de Vigo, Pontevedra y A Coruña anunciada por el fondo voitre Zegona tras la adquisición de la empresa de telecomunicaciones.
«Es incomprensible la pasividad del Gobierno español cuando estamos hablando de una compañía que prestamos a muchas áreas y organismos públicos, incluso estratégicos para la propia Administración del Estado», denunció el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, que mantuvo este viernes una juntanza en Vigo con representantes del Comité de Empresa cuando la diputada en el Parlamento gallego, Carmela González, y el portavoz municipal, Xabier P. Igrexas.
Riego trasladó el total apoyo a las trabajadoras y trabajadores de Vodafone amenazados por el ERE que, destacó, tiene como principal responsable al Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz por incumplir la promesa de derogar íntegramente la reforma laboral del PP. Entre otros aspectos, destacó, para recuperar la autorización administrativa previa para los expediente de regulación de empleo. «En este caso sería la propia Adminstración Pública quien habría capacidad de autorizar este ERE, un mecanismo de presión superior que podría evitar la destrucción de los puestos de trabajo», aseguró.
Falla de motivación para o despedimento
El portavoz del Bloque en el Congreso instó por estos motivos a que el Gobierno español presione la Zegona para paralizar este ERE, afeando que no se hayan cumplido ni tan siquiera los criterios mínimos para anunciarlo. «Es imposible que en un plazo de 10 días se estudien alternativas de viabilidad como pretende la empresa», criticó denunciando la «total falla de motivación» para el despido colectivo en una empresa que viene de reducir en un 98% sus pérdidas y que facturó más de 3 mil 400 millones de euros en el último ejercicio.
Aliás, Rego advirtió de que esta destrucción de empleos (un 37% del total, alrededor de 900 puestos de trabajo en todo el Estado) va a afectar a la calidad de los servicios, alguno de ellos de carácter estratégico y crítico, que presta Vodafone para distintas Administraciones y organismos públicos. A este respeto la destrucción de empleo prevista comprometería la continuidad de proyectos, como la implantación de redes 5G, que cuentan con un millonario financiación público.
«El Gobierno español tiene que mudar la pasividad por un compromiso activo para evitar este ERE», demandó el nacionalista criticando la falla de acción de los Ministerios de Economía, Transformación Digital y, sobre todo, de Trabajo. En este sentido, Rego cuestionó que el Gobierno español de PSOE-Sumar venga de autorizar la adquisición por el fondo voitre Zegona, en una operación claramente «especulativa» sin imponer condiciones que ganan la continuidad del empleo y de la actividad de Vodafone en el territorio. Condiciones que sí se aplicaron, por ejemplo, a la hora de autorizar la fusión entre Orange y Más Móvil.
La Junta tiene mucho que decir
En la misma línea, la diputada del BNG en el Parlamento gallego, Carmela González, anunció el registro de iniciativas para exigir que la Junta actúe para evitar el sexto ERE en Vodafone en 7 años. Así, de los más de 300 puestos de trabajo de la empresa en Galiza hoy apenas se mantienen la mitad en los centros de Vigo, Pontevedra y A Coruña, de los que 1 de cada 3 están en la actualidad bajo la amenaza del ERE.
González aseguró que el Gobierno gallego «tiene mucho que decir» en este caso para evitar la destrucción de empleos. «La Junta de Galiza tiene que hacer valer la fuerza que tiene como cliente de la empresa y además actuar como autoridad laboral», reclamó, advirtiendo de que el cierre en Vigo va a provocar un «efecto dominó» que va a afectar a muchas empresas que hoy prestan servicios a este centros.
