La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado hoy ante el Grupo de Trabajo sobre Schengen y Control de Fronteras del Parlamento Europeo que el Ministerio del Interior fracasó antes, durante y después de la mayor avalancha migratoria de España sufrida en Ceuta. Más de 72.000 personas entraron irregularmente en apenas dos días en una ciudad de 85.000 habitantes, mientras los policías sostenían la frontera europea sin medios suficientes, sin previsión y en condiciones indignas.
CEP ha trasladado a los eurodiputados de todos los grupos políticos que no se trató de un episodio imprevisible ni de una crisis inevitable. Ceuta llevaba semanas alertando del aumento diario de entradas a nado; el 29 de julio, un día antes del colapso, CEP denunciaba ya que más de mil personas habían llegado en una sola semana, que las instalaciones de acogida de la ciudad autónoma estaban saturadas y que los policías ya no podían asumir más presión.
“El Ministerio del Interior no fue víctima de la crisis: fue responsable de no anticiparla. Sabía lo que estaba ocurriendo, recibió avisos y decidió no reaccionar hasta que la frontera ya había saltado por los aires”, ha advertido CEP ante el Parlamento Europeo. Desde CEP hemos recordado que, desde el 8 de julio, Interior conocía además una sentencia del Tribunal Supremo que exigía tramitar individualmente los rechazos en frontera de quienes llegasen a nado. Lejos de activar refuerzos, procedimientos y recursos, el Ministerio dejó que la vulnerabilidad marítima de Ceuta se convirtiera en una puerta abierta para decenas de miles de personas.
Desde CEP hemos recordado que, desde el 8 de julio, Interior conocía además una sentencia del Tribunal Supremo que exigía tramitar individualmente los rechazos en frontera de quienes llegasen a nado. Lejos de activar refuerzos, procedimientos y recursos, el Ministerio dejó que la vulnerabilidad marítima de Ceuta se convirtiera en una puerta abierta para decenas de miles de personas.
A la improvisación en Ceuta se suma, según CEP, la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo calculó que afectaría a unas 500.000 personas, pero acabó recibiendo 1.174.978 solicitudes. Más de un millón de expedientes de identificación, comprobación documental y consulta de antecedentes que han recaído sobre una Policía Nacional sin refuerzos suficientes y con más de 600.000 solicitudes aún pendientes de resolver.
CEP ha alertado de que esta decisión no es un asunto exclusivamente interno, de nuestro país. Aunque un permiso de residencia español no habilita para trabajar o instalarse en otro Estado miembro, sí permite viajar por el espacio Schengen durante noventa días de cada ciento ochenta. “España no puede actuar unilateralmente en una frontera exterior de la Unión y después pretender que los efectos de sus decisiones terminen en la frontera española”, ha subrayado el sindicato. La comparecencia ha puesto el foco también en las contradicciones del Gobierno tras la avalancha. Mientras Interior aseguró que la situación estaba revertida en veinticuatro horas, veintiséis días después declaró una situación de interés para la seguridad nacional. El Ministerio habla ahora de 72.000 entradas, 70.000 retornos
y 5.000 personas aún en Ceuta. Las cuentas no salen porque el Gobierno ceutí sitúa la presencia real entre 8.000 y 11.000 personas. “Un Estado que no sabe cuántas personas han entrado, cuántas han salido y cuántas permanecen en su territorio tampoco sabe quiénes son, dónde están ni qué riesgos debe afrontar. Eso no es gestión: es un agujero negro de seguridad”, ha denunciado CEP. Por otra parte, y como ya denunció CEP, los policías enviados como refuerzo a Ceuta llegaron a dormir hacinados sobre colchones viejos y sucios y alrededor de setenta agentes tuvieron que compartir un único inodoro. A pesar de ello, siguieron acudiendo ejerciendo sus cometidos con profesionalidad en la frontera y las calles de la ciudad, incluso después de las agresiones sufridas por policías, guardias civiles y militares. Para CEP, el sacrificio de los agentes se ha convertido en la única respuesta real de un Ministerio sin plan de contingencia.
