La Confederación Española de Policía (CEP) exige el cese inmediato del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, tras sus declaraciones de hoy sobre la intervención de las Unidades de Intervención Policial (UIP) en la Universidad Complutense. Martín ha anunciado una “investigación de urgencia” y ha reclamado la adopción de las “medidas inmediatas que sean pertinentes”, después de considerar que la actuación de los agentes aparentemente no se corresponde con la proporcionalidad exigible. CEP considera especialmente grave que quien ostenta la máxima responsabilidad gubernativa sobre la seguridad ciudadana en Madrid emita semejante valoración antes de que se esclarezcan los hechos
Resulta especialmente grave que el representante del Gobierno en Madrid, sin esperar a conocer las conclusiones de la investigación que él mismo ha solicitado, haya trasladado públicamente una valoración desfavorable de una intervención de orden público, desarrollada en circunstancias de elevada tensión. Es el caso, por ejemplo, de los incidentes protagonizados esta mañana por unos 250 manifestantes que participaron en una concentración no comunicada en la zona de Moncloa, durante la cual se cortó el tráfico y varios concentrados arremetieron contra la línea policial. Los agentes tuvieron que intervenir para restablecer la circulación, resultando heridos dos policías.
No es la primera vez que Francisco Martín actúa de esta manera ante una controversia sobre intervenciones policiales. El pasado mes de septiembre, a raíz del dispositivo desplegado durante el desahucio de una mujer de avanzada edad en Madrid, el delegado anunció otra investigación después de afirmar que había visto imágenes que “no nos han gustado”. En marzo de 2024, tras difundirse un vídeo de una intervención en Lavapiés, también se anunció una investigación y Martín recordó públicamente que la proporcionalidad debía presidir la acción policial. Para CEP este tipo de declaraciones constituyen un escandaloso ejercicio de sospecha prematura sobre los profesionales encargados de garantizar la seguridad ciudadana.
Sin embargo, la evolución de estas declaraciones contrasta con el posicionamiento que el propio Francisco Martín sostuvo en noviembre de 2023, cuando expresó su “total apoyo” a la Policía Nacional y su “más firme rechazo” a cualquier actitud que pusiera en duda la profesionalidad de sus agentes, en relación con las actuaciones desarrolladas durante las protestas de Ferraz, frente a la sede del partido político al que pertenece. Esta doble vara de medir, que se produce además en pleno periodo electoral, demuestra la deriva de incoherencia institucional en la que ha caído el máximo responsable de policías y guardias civiles en Madrid. Porque la profesionalidad de los compañeros debe merecer el mismo respeto, con independencia de la controversia política que rodee a cada dispositivo.
Los sucesos de esta semana ofrecen, además, una imagen preocupante de los riesgos que asumimos los policías. El pasado 12 de octubre, los enfrentamientos protagonizados por grupos de distinta orientación política en la Puerta del Sol terminaron con cuatro policías heridos y otras tantas personas detenidas. A esos incidentes se suman hoy los dos agentes lesionados y los cinco detenidos en Moncloa. Seis policías heridos y nueve detenidos en apenas tres días constituyen un balance que demuestra claramente que el deterioro del orden público en la capital de España, cuya competencia recae en exclusiva en la esfera de gestión del delegado del Gobierno, es una evidencia que todo el mundo ve y que los madrileños sufren.
Este contexto tiene, como vienen denunciando CEP, un llamativo contraste con los indicadores de seguridad en Madrid que acreditan el deterioro de la violencia en las calles. Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria en la región han pasado de 2.172 en 2018 a 3.832 en 2025, lo que representa un incremento del 76,43 % y el máximo de la serie analizada. Por su parte, la estadística de atentados contra agentes que maneja la Confederación recoge 2.632 casos en 2018 y 2.896 en 2025, un 10,03 % más. Son cifras que evidencian el fracaso del delegado del Gobierno desde que ejerce el cargo y del Ministerio del Interior desde que en 2018 accediera al mismo Fernando GrandeMarlaska. Si alguien es responsable último de ese desastre es quien tiene la responsabilidad de hacer de Madrid un sitio más seguro y no una Comunidad Autónoma en el que el máximo representante del Estado se convierte en un comentarista de la actualidad policial.
En toda esta polémica no debemos olvidar que Francisco Martín ostenta, además, la jefatura gubernativa territorial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No es, por tanto, un observador ajeno a los dispositivos policiales o un ente ajeno, fiscalizador del trabajo policial. Su responsabilidad institucional comprende la seguridad ciudadana y la dirección de los Cuerpos policiales encargados de garantizarla. CEP considera que esa posición exige algo que Martín no viene acreditando desde hace tiempo y que es una especial prudencia a la hora de emitir valoraciones públicas sobre actuaciones cuya complejidad operativa no puede reducirse a unos segundos de una grabación en vídeo.
Para CEP, Francisco Martín ha cruzado una línea que ningún responsable público debería cruzar, al convertir las intervenciones policiales en objeto de condena pública antes de que se conozca toda la verdad de lo ocurrido. No puede exigir investigaciones urgentes y, al mismo tiempo, actuar ante los micrófonos como si sus conclusiones ya estuvieran escritas. No puede reclamar proporcionalidad mientras sus propias declaraciones carecen de la prudencia y el rigor que exige su cargo. Y no puede pretender que la responsabilidad termine siempre en los policías que están sobre el terreno, mientras quien dirige gubernativamente la seguridad en Madrid permanece al margen de cualquier explicación sobre su propia gestión. El delegado no es un observador ajeno. Es responsable, por acción u omisión, de todo lo que pasa en Madrid que incluye, entre otras cosas, un claro deterioro de los indicadores de delitos violentos.
