La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia el fiasco de la Plataforma Única de Emergencias de Navarra -el sistema que integra en el teléfono 112 todos los recursos policiales que operan en la Comunidad Foral- que, después de dos décadas de debates y discusiones en la Junta de Seguridad, se ha materializado con una solución técnica que no es válida ni aceptable porque ha supuesto el arrinconamiento intolerable de la Policía Nacional, con la pérdida de más de un 90% de las comunicaciones que antes se recibían en la línea 091. La nueva fórmula de gestión de llamadas de ciudadanos para pedir ayuda de los diferentes Cuerpos de seguridad cojea desde el minuto uno de su activación, el pasado 14 de agosto, porque está realizando una distribución desigual de las comunicaciones que perjudica, en última instancia, a los ciudadanos.
Este despropósito resulta todavía más escandaloso cuando se contrasta con la realidad delincuencial de Navarra, una Comunidad Autónoma cuya tasa de criminalidad se sitúa dos puntos por encima de la media nacional y que cerró 2025 con 52,4 infracciones penales por cada mil habitantes, ocupando el quinto puesto entre las autonomías con mayor criminalidad de España. Lejos de corregirse, la evolución de 2026 amenaza con superar ese indicador y acercarse, cuando no rebasar, el lamentable récord histórico alcanzado en 2024, con 52,9 delitos por cada mil habitantes. En una Comunidad con estos niveles de delincuencia, resulta sencillamente indignante que las prioridades del Gobierno de Navarra y de la Delegación del Gobierno parezcan estar más relacionadas con quién controla la información policial que con quién protege mejor a los ciudadanos.
Porque lo que ambas Administraciones han terminado impulsando, en una alianza institucional tan llamativa como difícil de justificar a la vista de sus resultados, es la concentración de las comunicaciones policiales en un centro de emergencias que no tiene naturaleza policial ni está atendido inicialmente por policías. Una decisión que supone entregar a operadores ajenos a los Cuerpos de seguridad la recepción y primera clasificación de informaciones que pueden resultar decisivas para prevenir delitos, identificar delincuentes y movilizar patrullas. El Gobierno foral y la Delegación del Gobierno deben explicar por qué consideran prioritario centralizar ese caudal de información en el 112 y qué beneficio concreto obtienen los navarros al apartar a la Policía Nacional del conocimiento directo de tantas incidencias. Lo que no resulta admisible es presentar como una mejora de la seguridad ciudadana una reorganización que reduce las capacidades operativas de uno de los principales Cuerpos policiales de España.
Los datos recopilados por CEP son demoledores. Entre el 1 y el 15 de septiembre de 2025, la Policía Nacional recibió 136 incidencias para su intervención. En idéntico periodo de 2026, una vez activada la plataforma, únicamente recibió 12. Esa caída de más del 91% no obedece a una desaparición milagrosa de la delincuencia, sino a una reducción brutal de los servicios que llegan a conocimiento de la Policía Nacional. Las llamadas recibidas también experimentaron un descenso extraordinario, cercano al 90% en los primeros periodos comparados, sin que exista una explicación pública suficientemente convincente sobre el destino de todas esas comunicaciones, los criterios empleados para distribuirlas o la forma en que se garantiza que cada incidente llega al recurso policial más adecuado.
Y el problema va mucho más allá de las estadísticas. Cuando una llamada al 091 pasa por diferentes filtros, operadores y centros de coordinación antes de llegar eventualmente a la Policía Nacional, se debilita una capacidad esencial para combatir la delincuencia. Se está privando a los policías de información que necesitan para trabajar, mediante un sistema que presenta, además, deficiencias especialmente preocupantes en la distribución de servicios. Y se ralentiza la agilidad en la respuesta al ciudadano.
Así, el modelo anunciado a bombo y platillo prometía una asignación objetiva y automatizada de las incidencias, atendiendo a la proximidad, disponibilidad y competencias de los recursos policiales. Sin embargo, el funcionamiento observado demuestra que determinados avisos atraviesan sucesivas fases de clasificación y derivación, incluso con intervención previa de otros Cuerpos, antes de incorporarse al circuito compartido y llegar, en su caso, a la Policía Nacional. A ello se añade la imposibilidad de que este Cuerpo reconstruya y supervise íntegramente el recorrido de las comunicaciones desde su entrada en el 112. No se puede hablar de una coordinación transparente y equilibrada cuando uno de los participantes desconoce qué llamadas se han recibido, por qué se han asignado a otros Cuerpos o cuánto tiempo ha transcurrido hasta que se le ha comunicado una incidencia.
La gravedad de este fiasco aumenta cuando se comprueba que las objeciones a la plataforma no proceden exclusivamente de la Policía Nacional. Organizaciones sindicales de la Policía Foral también han denunciado deficiencias en la asignación de servicios, retrasos y falta de transparencia, mientras que representantes de los trabajadores del propio 112 han advertido de problemas organizativos, incremento de la carga de trabajo y atención de comunicaciones policiales que no constituyen verdaderas emergencias. Es decir, la controversia afecta a distintos ámbitos profesionales y pone en cuestión aspectos fundamentales del funcionamiento del nuevo modelo. Pese a ello, el Gobierno de Navarra continúa defendiendo públicamente una implantación cuyas disfunciones iniciales ha llegado a reconocer.
Para CEP, lo ocurrido en Navarra debe encender todas las alarmas en el conjunto de España. Porque cabe preguntarse si algunos de quienes llevan años aspirando a la salida de la Policía Nacional de Navarra pretenden conseguir ahora por la puerta de atrás lo que no han logrado por otras vías: cerrar el grifo de la información policial hasta convertir a nuestro Cuerpo en un actor testimonial de la seguridad ciudadana. Si no llegan llamadas, no se comunican incidencias y se priva a los policías de información esencial, se puede arrinconar a una institución sin necesidad de modificar formalmente una sola de sus competencias. Una maniobra miserable que, de responder a esa finalidad, resultaría absolutamente intolerable y frente a la que CEP no piensa permanecer impasible.
La seguridad pública no puede convertirse en un laboratorio de experimentos ni en un nuevo terreno en el que el Gobierno foral pelee por ganar espacios de poder institucional. Mucho menos en un territorio donde los indicadores de criminalidad deberían obligar a las administraciones a reforzar todos los recursos policiales disponibles, en lugar de introducir mecanismos que reducen su capacidad de intervención.
Por todo ello, CEP exige una auditoría técnica y operativa externa, independiente y exhaustiva de la Plataforma Única de Emergencias, que permita conocer el recorrido completo de las llamadas, los tiempos reales de clasificación y asignación, las incidencias no comunicadas a los distintos Cuerpos, los criterios aplicados para movilizar patrullas y las consecuencias de la implantación sobre la actividad policial.
Reclamamos igualmente la convocatoria urgente de la Junta de Seguridad de Navarra para acordar la paralización del actual modelo de integración de comunicaciones, hasta que existan garantías verificables de transparencia, reparto objetivo de servicios y acceso completo a la información por parte de los Cuerpos competentes. No basta con anunciar ajustes informáticos ni con divulgar estadísticas parciales que no permiten comprobar si los ciudadanos reciben una respuesta policial más rápida y eficaz.
La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, merece una censura especialmente severa. Resulta vergonzoso que quien representa al Estado haya avalado un sistema que está arrinconando a uno de sus principales Cuerpos policiales. De continuar por este camino, Echeverría tendrá el deshonroso y lamentable papel de pasar a la historia como la representante del Estado que más daño ha causado a la Policía Nacional en Navarra. Y no por enfrentarse a quienes pretenden reducir nuestra presencia, sino por haberles facilitado, con su respaldo a este acuerdo, un resultado que difícilmente podrían haber conseguido por sí solos. Tanto ella como el ministro Fernando Grande-Marlaska deben explicar semejante atropello y, si no pueden hacerlo, cesar de inmediato.
Después de veinte años de negociaciones, el Gobierno de Navarra y el Ministerio del Interior no pueden presentar como un éxito haber alcanzado un acuerdo si su resultado es apartar a la Policía Nacional de las demandas de seguridad de los ciudadanos. La seguridad de los navarros no es patrimonio político de ninguna administración, la información policial no es un botín que deba repartirse entre instituciones y los ciudadanos no pueden seguir pagando las consecuencias de decisiones que priorizan el control de las comunicaciones sobre la lucha contra la delincuencia.
