La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia que el Ministerio del Interior todavía mantiene en
alojamientos tercermundistas a parte de los policías enviados a reforzar la seguridad de Ceuta, pese a las
mejoras anunciadas y a las reiteradas advertencias sobre sus condiciones. Seis semanas después del asalto
migratorio del 30 de julio, los agentes siguen teniendo que descansar sobre colchones manchados y
almohadas mugrientas en unas dependencias cuyo estado conoce Interior. Por ello, desde CEP acusamos a
Fernando Grande-Marlaska de consentir este trato y exigimos el traslado inmediato de los afectados a un
alojamiento digno.
Las nuevas fotografías y vídeos del acuartelamiento Teniente Fuentes Pila, del Regimiento Mixto de Artillería
30 de Ceuta, muestran hasta qué punto Interior ha desatendido nuestras denuncias. Almohadas con
extensas manchas amarillentas, colchones deteriorados, ventanas corroídas y literas envejecidas
componen el alojamiento reservado a parte de los efectivos de las Unidades de Intervención Policial y de
las Unidades de Prevención y Reacción. Resulta difícil imaginar que alguno de los responsables políticos que
permiten su estancia allí -y que, como esta misma semana, visitan la ciudad autónoma pernoctando en
buenos hoteles- aceptara pasar una sola noche en esas camas.
Han transcurrido seis semanas desde el asalto y más de tres desde que CEP denunció públicamente estas
condiciones el 18 de agosto. Interior ha dispuesto de tiempo más que suficiente para sustituir el material
deteriorado y encontrar alternativas. También ha recibido nuestras reclamaciones expresas y eso impide
alegar cualquier desconocimiento. Si los policías siguen alojados así es porque quienes tienen que
resolverlo han permitido que la situación se prolongue, acreditando con ello un desprecio intolerable a
unos servidores públicos que sí están dando la cara donde ellos no aparecen.
Y es que la urgencia de los primeros días no puede servir ya de coartada, cuarenta y dos días después. Un
Ministerio capaz de movilizar unidades desde distintos puntos de España tiene que ser capaz de
proporcionarles una cama limpia. Que a estas alturas siga pendiente algo tan elemental revela una
negligencia vergonzosa y una absoluta falta de respeto hacia los funcionarios.
Son estos compañeros los que han dejado sus casas y sus familias para reforzar un dispositivo extraordinario
de seguridad. Cumplen servicios exigentes y necesitan recuperarse antes de volver a salir a la calle. Obligarles
a soportar semejantes condiciones de descanso constituye un abuso miserable de su disponibilidad y de su
profesionalidad. Y frente a ello, el ministro parece dar por hecho que los policías aguantarán cualquier
cosa. CEP no va a aceptar que ese desprecio infame determine dónde duermen, cómo se asean o en qué
condiciones pasan semanas desplazados.
La gravedad del abandono aumenta cuando se examinan los antecedentes. La propia Administración ha
reconocido dos casos de sarna entre los funcionarios desplazados y ha comunicado actuaciones de limpieza
y desinfección. Pese a ello, una de las respuestas remitidas a CEP tras nuestras denuncias considera que no
procede una inspección preventiva de riesgos laborales. A quienes sostienen esa valoración les exigimos que
pisen el terreno, comprueben el estado de las dependencias, duerman en esas camas y expliquen a los
compañeros por qué consideran suficiente la calidad de esas instalaciones.
Interior también se ha excusado en las respuestas dadas a CEP hasta ahora en que las instalaciones no
pertenecen a la Dirección General de la Policía. Es una explicación impropia de la gravedad de la denuncia.
La titularidad del edificio no cambia quién ha enviado allí a los policías ni quién debe procurarles un
alojamiento adecuado. Si las dependencias disponibles no reúnen condiciones, se traslada a los agentes o se
despliega el esfuerzo presupuestario necesario para dignificarlas.
Por ello, CEP exige el realojo inmediato de los afectados, la sustitución de colchones y almohadas
deteriorados y una inspección presencial urgente de las condiciones de alojamiento, higiene y descanso.
Exigimos, además, que se identifique a los responsables de haber mantenido esta situación después de
recibir las denuncias.
A este maltrato se añade el intento del Gobierno de desacreditar a los profesionales que advirtieron de lo
que podía ocurrir en Ceuta. La documentación publicada ayer en la web de Moncloa, tras la desclasificación
aprobada por el Consejo de Ministros, acredita que hubo información y avisos previos. Policías nacionales,
guardias civiles y personal del CNI hicieron su trabajo de detección y advertencia.
Pese a ello, el Gobierno ha ido cambiando su versión de lo ocurrido. Desde la inexistencia de informes,
pasando por la falta de traslado a los responsables políticos, el carácter informal de las comunicaciones y la
insuficiente concreción de las advertencias. Ahora insiste en que no permitían anticipar la magnitud de lo
sucedido. CEP considera escandaloso que se utilicen esas explicaciones para cuestionar a los profesionales y
eludir las responsabilidades del Ejecutivo. ¿Necesitaba, acaso, el Gobierno conocer el número exacto de
personas que iban a entrar para tomarse en serio el aviso? ¿Una relación nominal, a lo mejor…?.
CEP denuncia la extrema gravedad institucional que supone que el Ejecutivo ponga bajo sospecha el
trabajo de policías, guardias civiles y personal de inteligencia para defender sus versiones públicas. Son
servidores del Estado, con obligaciones de reserva y una capacidad limitada para responder a las
descalificaciones políticas. Aprovechar esa posición de debilidad para cargarles el fracaso de la gestión
política es una deslealtad intolerable. El Gobierno debe explicar qué hizo con la información disponible, qué
decisiones adoptó y por qué resultaron insuficientes porque la reputación de los profesionales de la
seguridad pública y de la seguridad del Estado no puede utilizarse para salvar la de un ministro.
Marlaska debe dimitir. Los policías, los guardias civiles y los profesionales del CNI sirven a España, y su lealtad
al Estado no les obliga a encubrir la negligencia de un Gobierno ni a soportar que se manche su nombre para
salvar un cargo político. Ellos advirtieron del peligro y, cuando llegó, fueron los compañeros desplegados en
Ceuta quienes tuvieron que afrontarlo. Merecen respeto, condiciones dignas de alojamiento y responsables
políticos que den la cara. CEP no permitirá que quienes sí han estado a la altura en la grave crisis de Ceuta
acaben pagando por quienes siguen aferrados al sillón. Que asuman sus responsabilidades y se marchen.
La dignidad de nuestros compañeros vale más que la carrera política de todos ellos.
