- Explica que su objetivo principal será fijar los criterios para gestionar las actividades estratégicas en la franja costera con el propósito de garantizar el equilibrio entre los recursos naturales y los ecosistemas con el desarrollo económico y social
- Indica que desarrollarán los criterios que se aplicarán para poder implantar las instalaciones de la cadena mar-industria, la Red de sendas del litoral o para localizar aparcamientos al servicio de las playas o áreas para estacionamiento de autocaravanas
- El Consejo tomó razón de la publicación de la consulta pública previa, que estará disponible «dos meses», del que será el marco general de referencia para el desarrollo de los planes de ordenación del litoral previstos en la Loxilga
- Con este nuevo paso, la Xunta «continúa avanzando en el desarrollo de la Ley del litoral», a la espera del traspaso de medios personales y materiales solicitado al Ejecutivo central, cuya previsión es que se haga efectivo en el primer trimestre de 2025
- El Gobierno gallego ya puso en marcha un visor web con información cartográfica de las tres zonas de la costa reguladas por la Loxilga, constituyó la Comisión Interdepartamental de Coordinación de la Ordenación del Litoral y sometió a consulta pública previa la creación del Foro del litoral
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció hoy el acuerdo del Consello para «abrir el período de consulta pública previa del anteproyecto de decreto por el que se crean las Directrices de ordenación del litoral (DOL)», con el objetivo de compilar aportaciones y sugerencias en relación a la elaboración y contenido del que será el instrumento clave para garantizar la gestión integral de la costa en Galicia. El trámite se iniciará en los próximos días y, tal y como indicó Rueda, «durante dos meses» estará abierto a todas las personas, entidades y administraciones interesadas en participar.
La gestión integrada del litoral requiere preservar la costa en beneficio de las generaciones presentes y futuras y, para conseguir ese objetivo, hace falta garantizar que las actividades que se van a realizar en la costa permitan un desarrollo integral desde el punto de vista ambiental, social y económico. En esa línea, las DOL establecerán criterios generales coherentes y precisos -que serán regulados, posteriormente, por diversos planes de ordenación- para dotar la comunidad de una regulación coordinada y garantizar la seguridad jurídica en la ordenación y gestión del litoral.
Más al por menor, segundo explicó el presidente de la Xunta, estas directrices «fijarán los criterios de las actividades estratégicas que se pueden realizar» en las zonas en que se divide el litoral gallego, así como las que no son autorizables, con el propósito de garantizar el equilibrio entre la protección de los recursos naturales y de los ecosistemas con el desarrollo económico y social.
En concreto, apuntó Rueda, contendrán los criterios tanto para «identificar los espacios de interés ambiental y paisajístico que precisen de una mayor protección, conservación y ordenación», como para determinar las condiciones para implantar las distintas actividades económicas y sociales de agentes públicos y privados que operen en el litoral, como, por ejemplo, «el sector hostelero o la cadena mar-industria».
A mayores, el titular del Gobierno gallego señaló que también «fijarán las pautas para crear una Red de sendas del litoral» en la que se garantizará una intervención respetuosa con el paisaje y con los hábitats. De este modo, se aplicará una visión de conjunto para optimizar su ejecución y mantenimiento, facilitar su uso y aprovechar las sinergias con otros elementos de valor natural y cultural presentes en el mismo ámbito territorial. Las DOL fijarán las condiciones que deben reunir las vías que conformarán esa red, indicarán los requisitos para el acondicionamiento de nuevos tramos y detallarán los criterios de diseño, señalización y divulgación de la red.
Además, «determinarán los criterios para garantizar el acceso al mar y el estacionamiento», explicó el presidente de la Xunta. En este ámbito, incluirán cuestiones como los aparcamientos al servicio de las playas o las áreas para estacionamiento de autocaravanas.
En el primer caso, las DOL definirán las condiciones básicas para la localización y el diseño de estos espacios con el objetivo de proporcionar seguridad jurídica a los ayuntamientos que promuevan este tipo de actuaciones.
En el que alcanza al estacionamiento de autocaravanas, se trazarán las líneas de acción para el acondicionamiento de estas áreas, en las que se garantizará la convivencia con otro tipo de vehículos, se asegurará la dotación de servicios básicos y se evitará la creación de pantallas visuales que obstaculicen la contemplación de los paisajes costeros.
Las DOL también abordarán cuestiones relativas a determinar la concentración urbana admisible en el litoral; orientar las acciones de renovación o rehabilitación urbana y ampliación de los espacios públicos; identificar las acciones necesarias para su aprovechamiento racional y sostenible, así como los criterios para establecer los usos estratégicos y prioritarios del mar a los efectos de elaborar el Plan de ordenación marina.
Un paso clave para la gestión del litoral
Este nuevo instrumento será el marco general de referencia para el desarrollo de las restantes herramientas de ordenación previstas en la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia (Loxilga), así como para el planteamiento y la ejecución de las distintas políticas sectoriales sobre la costa.
Las determinaciones contenidas en las directrices de ordenación del litoral indicarán de modo inequívoco cuál será el alcance de cada uno de los planes que las desarrollarán, orientativo o vinculante, o, cuando sea el caso, se tendrán carácter de normas de aplicación directa.
Por lo tanto, su elaboración supone un paso decisivo para que Galicia ejerza las competencias plenas y efectivas que le atribuye el Estatuto de autonomía sobre la ordenación y la gestión del litoral y que fueron ratificadas por la sentencia del Tribunal Constitucional que, en abril de 2024, avaló la Loxilga al rechazar 70 de las 72 impugnaciones presentadas por el Gobierno central.
Con todo, la autorización por parte de la Xunta de las actividades estratégicas que se desarrollen en el dominio público marítimo-terrestre se producirá cuando el Ejecutivo central haga efectivo el traspaso a la Comunidad de los medios materiales y personales necesarios para la gestión completa del litoral. «Seguimos trabajando para asumir plenamente esta competencia», apuntó Alfonso Rueda.
Hace falta recordar que, después de cerrar el acuerdo con el Gobierno central para la celebración de la Comisión Mixta de Transferencias en la que se concretará esa cuestión, la previsión es que ese traspaso se haga efectivo en el primer trimestre de 2025. En este sentido, Rueda informó de la remisión de una carta al ministro de Política Territorial para urgirlo a desbloquear la situación lo antes posible.
Visor web
La Xunta ya viene trabajando en el desarrollo de la Ley del litoral. En el último trimestre de 2024 se constituyó la Comisión Interdepartamental de Coordinación de la Ordenación del Litoral, a la que le compete la coordinación de la elaboración de estas directrices, así como de los instrumentos que las desarrollarán, y se avanzó, a través de su sometimiento al procedimiento de consulta pública previa, en la creación del Foro del Litoral, como órgano de asesoramiento.
A mayores, ya está a disposición de la ciudadanía, empresas y administraciones un visor web a través del que se puede acceder a la información cartográfica de las tres zonas en que la Ley del litoral de Galicia divide la costa y conocer tanto el área en la que se localizan los terrenos de su interés como los usos permitidos.
Hace falta recordar que con la aprobación de la Loxilga, Galicia se convirtió en la primera comunidad española en regular a través de una normativa propia e integral a franja costera en toda su extensión, es decir, tanto mar dentro como tierra dentro. De hecho, a través la diere la Xunta gestionará algo más de 1.600.000 hectáreas terrestres y marítimas.
Partiendo de la consideración de la costa desde una triple perspectiva (social, ambiental y económica), la ley, además de delimitar las actuaciones y usos estratégicos que permitirán la ocupación y el asentamiento de la costa a través de las autorizaciones pertinentes, establece una nueva zonificación de esta franja, con tres grandes áreas diferenciadas en función de su estado de conservación y necesidades particulares, al tiempo que concreta los usos permitidos y prohibidos en el litoral.
