Inyecta 1.512 millones de euros en los últimos seis años a Policías Autonómicas de Cataluña, País Vasco y Navarra mientras niega medios, instalaciones, unidades y efectivos policiales a Galicia
Policías nacionales y guardias civiles se manifiestan en Lugo convocados por el sindicato de la
Policía Nacional de referencia en Galicia, Confederación Española de Policía (CEP), y apoyados
por la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) dentro de su campaña de reivindicación
de “Dignidad Policial” para denunciar el abandono que sufren tanto en medios humanos como
materiales mientras el Gobierno Central riega en forma de lluvia de millones la financiación
de las Policías Autonómicas de Cataluña, País Vasco y Navarra, con una inversión nunca
antes vista que alcanza ya los 1.512 millones de euros en los últimos seis años, y es que
califican que “mientras unos reciben una lluvia de millones de euros y efectivos policiales otros
reciben una lluvia de agravios, desprecios y promesas incumplidas”.
Con esta práctica, una suerte de dopaje presupuestario que permite a Cataluña mantener
una seguridad pública con mayores recursos y capacidades financieras que Galicia.
Denuncian que el buen hacer de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Galicia contrasta con
la realidad delincuencial de Cataluña, País Vasco y Navarra, ya que estos cuerpos policiales
han podido contener con su trabajo la subida de los delitos en mayor medida que en estas
comunidades, y ahora se les niegan efectivos policiales, medios y derechos sociolaborales
que se le otorgan a policías de comunidades autónomas con gobiernos independentistas.
Galicia en la actualidad cuenta con una Unidad Adscrita con un 33% menos de personal que
cuando se creó, que unido a las necesidades actuales de las comisarías superan los 500
agentes, esto sin contar con las necesidades de la Guardia Civil.
Pero es que, además denuncian, lo que constituye un agravio “escandaloso e indignante
para los policías nacionales porque seguimos sin tener la consideración de profesión de riesgo
-que permita una jubilación anticipada sin perder dinero- o una jubilación digna”, el Ejecutivo
central viene haciéndose cargo, precisamente, del coste de las cotizaciones recargadas por
la jubilación anticipada de los Mossos desde el año 2022, por un importe de 125,6 millones
de euros. Ese mismo esfuerzo presupuestario para costear la jubilación anticipada de
Cuerpos policiales autonómicos se está aplicando a la Ertzaintza (103,2 millones de euros,
desde 2019) y a la Policía Foral de Navarra (7,77 millones de euros, desde 2022). Esta situación
contrasta enormemente con la intención del Ministerio del Interior de elevar la edad de
jubilación de los policías nacionales a los 67 años con una pensión bastante inferior a la de los
otros cuerpos policiales, que se pueden jubilar a los 59 años, lo cual no se entiende por parte
de un Gobierno que se llama progresista y que crea con esta discriminación la nueva esclavitud
del siglo XXI.
Remarcan que la generosidad del Gobierno central, que dedica fondos de todos a mejorar
la seguridad de unos pocos, constituye otro ejemplo del abismo que separa al Ministerio del
Interior de los policías nacionales. Lugo sigue con una comisaría del paleolítico, como poco, y
sin una Unidad de Prevención y Reacción que vigile el ocio nocturno y puntos negros, una
denuncia que llega después del grave apuñalamiento sufrido este fin de semana. Y esto es así
porque Interior sigue despreciando las principales reivindicaciones que plantean los
representantes de los policías, como son “una jubilación digna, para no perder cientos de
euros al mes después de toda una vida protegiendo la de los demás; ser considerados, al igual
que otros muchos colectivos y Cuerpos de seguridad, profesión de riesgo, para poder
anticipar la edad de jubilación y percibir la pensión mejorada que planteamos; lograr una
equiparación salarial real, para no seguir cobrando menos sueldo que otros Cuerpos
autonómicos y locales; y contar con mayor protección física y jurídica frente al intolerable
aumento de agresiones”. Precisamente por la negativa de Grande- Marlaska a negociar estas
mejoras, CEP mantiene desde hace un año ya, un conflicto colectivo frente al Ministerio del
Interior, de tal forma que esta organización sindical no participa en ninguna de las reuniones
del Consejo de Policía, órgano paritario en el que se sienta la Administración con los sindicatos
representativos de nuestro Cuerpo.
Por otra parte, esos 1.512 millones de euros dedicados por el Gobierno a las Policías
autonómicas equivalen a todo el presupuesto del Programa de Acción Social de la Policía
