- Ambas infracciones se consideran penalidades muy graves por las que cabe imponer cuantías de entre 5.000 y 10.000 euros
- A mayores no contar con la documentación acreditativa de la autorización de transportes y del seguro obligatorio a bordo del vehículo supone infracciones de hasta 201 euros
- El Gobierno gallego recuerda que cuando, en el marco del exhaustivo control que se realiza en el transporte, se detectan desajustes o incumplimientos se actúa para garantizar las condiciones de los contratos y la correcta prestación de los servicios
La Xunta le abrirá expedientes sancionadores a la empresa propietaria del autobús de transporte de uso especial escolar inmovilizado el pasado viernes en Pontevedra por la Policía Local, tras comprobar que circulaba con la Inspección Técnica de Vehículos negativa, lo que lo inhabilitaba expresamente para circular por las vías públicas, y con extintores caducados. El Gobierno gallego está tramitando el correspondiente expediente por los incumplimientos contractuales previstos en el pliego que rige la contratación.
Así, según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tanto por la circulación con la ITV negativa como por el uso de extintores caducados cabe imponer penalidades muy graves que pueden suponer cuantías de entre 5.000 y 10.000€ por ambas infracciones. En el primer caso, en relación con la cláusula referida al estado general de conservación y mantenimiento de los medios y del material valorado en las inspecciones técnicas como muy defectuoso y, en el segundo, por ejercer la actividad sin cumplir las condiciones reglamentarias y, en especial, la falta de elementos de seguridad, higiene y salubridad necesarios para la prestación.
La Xunta verificó que el servicio que realizaba el autobús inmovilizado, de la ruta CEIP de Vilaverde-Mourente, contaba con la autorización en vigor para prestar el servicio de transporte escolar, otorgada antes de la ITV negativa, así como el seguro obligatorio. Con todo, supone infracciones de hasta 201 euros no contar con la documentación acreditativa de la autorización de transportes ni con el seguro obligatorio a bordo del vehículo.
En esta línea, el Gobierno gallego subraya la importancia esencial de asegurar el máximo rigor en el cumplimiento de las condiciones de seguridad en la prestación de los servicios de transporte de escolares, por lo que remarca la colaboración entre las administraciones autonómica y local en las competencias de control e inspección.
Recuerda también que cuando se detectan desajustes o incumplimientos en los servicios, fruto del control sistemático y exhaustivo que se realiza en el sector del transporte, se actúa con la apertura de expedientes a las empresas para garantizar las condiciones de los contratos y la correcta prestación de los servicios.
La Xunta destaca además el seguimiento del servicio con inspecciones realizadas desde el Gobierno gallego que, en el caso del transporte escolar, se complementan con las campañas de control en las que colabora la Guardia Civil de Tráfico. En estos controles por lo que, además del cumplimiento de cuestiones contractuales y lo que respecta a vehículos y personal, también se revisan cuestiones de seguridad. A mayores, hace falta señalar que el propio Plan de Transporte Público cuenta con mecanismos reguladores y de control.
