«No se puede hablar de seguridad sin pisar el terreno: paralizar atracciones sin inspección es una irresponsabilidad institucional»
A día de hoy, y a tan solo unos días del inicio de las fiestas grandes de Vigo, muchas atracciones
de feria seguimos sin haber recibido ningún tipo de notificación por parte del Ayuntamiento, en un
silencio administrativo que nos impide saber si podremos instalarnos, trabajar o simplemente
ejercer nuestros derechos como profesionales y contribuyentes.
No es una situación nueva: desde que el año pasado se produjo el trágico accidente en una
atracción durante unas fiestas en Vigo, el Ayuntamiento ha adoptado una postura de bloqueo
institucional que, lejos de mejorar los mecanismos de control, se ha convertido en un veto
encubierto a toda una actividad. Y ahora, con otra tragedia ocurrida recientemente en Murcia -una
niña fallecida electrocutada por una cama elástica sin toma de tierra-, parece consolidarse un
mensaje implícito: mejor no autorizar nada, por si acaso.
Pero esta estrategia no es legal, ni ética, ni responsable.
Porque no se puede hablar de seguridad si no se hace un trabajo de campo. No se puede hablar de
riesgos sin pisar el lugar donde se instalan las atracciones. No se puede emitir juicios técnicos sin
realizar ninguna inspección técnica presencial.
Las atracciones de feria estamos obligadas a presentar proyectos y certificados firmados por
ingenieros titulados, colegiados y responsables civiles y penales de sus actos. Estos documentos
tienen plena validez legal y no pueden ser «interpretados» ni cuestionados por criterios subjetivos de
un técnico municipal que ni siquiera ha visitado la instalación. Ningún técnico municipal puede
invalidar ni ignorar la validez de un certificado de montaje firmado por un ingeniero, porque se tratade un documento con eficacia jurídica plena.
Y si existen dudas, el procedimiento legal es claro: hay que realizar una inspección in situ,
solicitando las aclaraciones técnicas necesarias, acompañando al ingeniero responsable si hace
falta, y siempre permitiendo la subsanación previa en caso de detectarse alguna deficiencia.
Lo que está ocurriendo en Vigo es exactamente lo contrario: vetos sin informe, informes sin visita,
criterios sin base y bloqueos sin resolución. Y mientras tanto, decenas de familias que dependen
del trabajo de estas atracciones ven desaparecer su medio de vida, en un momento del año en que
solo disponen de unos pocos meses para trabajar y sostener su economía.
No se puede criminalizar a todo un sector por la actuación aislada de un caso concreto. No se
puede castigar a todo un gremio por miedo institucional a asumir responsabilidades. Y sobre todo,
no se puede vulnerar el derecho a trabajar ni la seguridad jurídica amparándose en un supuesto
principio de precaución que, en realidad, se ejerce sin ni siquiera pisar el terreno.
También queremos denunciar el trato vejatorio y los comentarios clasistas y racistas que están
circulando en redes sociales, donde se nos tacha de forma genérica como «gitanos» o «irregulares».
Primero, no todas las personas que trabajan en el sector de las atracciones son de etnia gitana,
aunque eso tampoco debería ser motivo de exclusión o desprecio. Hay profesionales honestos, con
negocios legalizados, que trabajan bajo control técnico y con la documentación en regla. Y quien no
lo haga así, debe ser corregido mediante inspecciones, no excluido colectivamente.
Por todo ello:
Reclamamos públicamente:
- Que el Ayuntamiento de Vigo notifique en plazo y forma las autorizaciones solicitadas.
Página 2 - Que se respete la validez jurídica de los certificados técnicos firmados por ingenieros.
- Que se realicen inspecciones presenciales cuando haya dudas, y no vetos desde un despacho.
- Que se habiliten mecanismos de diálogo y subsanación previa, como exige la ley.
- Que se ponga fin a la criminalización indirecta de nuestro sector y se garantice el derecho al
trabajo bajo condiciones de seguridad y dignidad.
Nosotros también queremos trabajar con seguridad.
Nosotros también tenemos familias que dependen de esta actividad.
Nosotros también queremos que las atracciones sean revisadas y cumplan la normativa.
Lo que no podemos aceptar es ser castigados sin ser el problema.
