El sindicato JUPOL, mayoritario en el Consejo de Policía, celebra la reincorporación al servicio activo de dos Policías Nacionales destinados en las
comisarías de Vigo y Tui tras una larga batalla judicial contra el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía (DGP), que habían forzado su jubilación en contra de su voluntad y vulnerando sus derechos fundamentales
Las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo – Sección Quintade la Audiencia Nacional y por la Sección 1ª del Tribunal Superior de Justicia de Galiciahan estimado íntegramente las demandas interpuestas por el departamento jurídico de JUPOL, obligando a la DGP a la inmediata reincorporación de ambos agentes en suspuestos originales y en las mismas condiciones laborales que tenían antes de su jubilación forzosa
Los dos policías habían sido apartados del servicio tras una baja médica, pese a encontrarse en proceso de recuperación e incluso haber vuelto a desempeñar susfunciones con total normalidad. En uno de los casos, el agente fue cesado seis meses después de reincorporarse a su puesto de trabajo, sin justificación alguna.
Incumplimiento judicial y perjuicio económico
Lejos de acatar con diligencia las resoluciones judiciales, la Dirección General de la Policía incumplió reiteradamente las sentencias, retrasando durante meses lareincorporación de ambos agentes: uno de ellos permaneció casi dos años sin ser readmitido, y el otro diez meses, pese a contar con resoluciones firmes a su favor.
Este retraso injustificado ha generado un importante perjuicio económico. La DGP deberá ahora abonar la totalidad de los salarios dejados de percibir, así como lasdiferencias retributivas correspondientes. En uno de los casos, el agente ya ha recibidouna cantidad bruta de 162.000 euros, aunque aún reclama más de 8.000 euros enconcepto de turnos y vacaciones. El segundo agente, reincorporado a finales de septiembre, continúa pendiente del pago, que previsiblemente se demorará varios
meses más.
Una práctica que vulnera derechos
Desde JUPOL denunciamos que la DGP mantiene una doble vara de medir en la gestiónde las incapacidades de los funcionarios policiales: mientras que en los casos de lesionesen acto de servicio se niega sistemáticamente el reconocimiento de una pensión digna,en otros supuestos se opta por la vía rápida de la jubilación forzosa, eliminando efectivosy reduciendo costes a costa de los derechos de los trabajadores
“Estas resoluciones judiciales ponen en evidencia la política de recursos humanos de laDirección General de la Policía, que prefiere jubilar a sus agentes en lugar de adaptar lospuestos de trabajo o reconocer su plena capacidad, como ha sucedido en estos casos”,ha señalado JUPOL, que subraya que ambos policías desempeñan actualmente susfunciones con total normalidad y en plenas condiciones físicas.
Además, JUPOL recuerda que, hasta la reciente sentencia del Tribunal Supremo queobliga a equiparar las jubilaciones de la Policía Nacional con las de otros cuerposautonómicos y locales, las pensiones suponían una pérdida económica notable para losagentes, resultando “mucho más barato” para la Administración forzar su jubilación quegarantizar sus derechos.
JUPOL seguirá defendiendo a los agentes
Desde el sindicato reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos detodos los funcionarios policiales y advertimos que seguiremos acudiendo a los tribunalescada vez que la Administración vulnere la legalidad. “Los derechos laborales no sonnegociables y no vamos a permitir que se juegue con el futuro de quienes velan por laseguridad de todos los ciudadanos”, han concluido desde la delegación de JUPOL en
Vigo.
