- El Ejecutivo autonómico toma esta decisión tras el dictamen favorable del Consello Consultivo de Galicia
- Rueda apunta que el decreto ley invade una competencia propia de las autonomías
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció que el Consello da Xunta autorizó hoy la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra lo Real decreto ley 2/2025, de 18 de marzo , sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, que el Gobierno central impone a las comunidades autónomas, después de recibir el pronunciamiento favorable del Consello Consultivo de Galicia (CCG). «El dictamen de este órgano consultivo da varias razones y argumentos jurídicos. El principal es que hay una invasión clara de las competencias autonomías», destacó el presidente.
El Consello Consultivo de Galicia emitió un dictamen en el cual indica que esta norma invade las competencias autonómicas en materia de asistencia social y protección de menores. En su pronunciamiento, este órgano señala que el Real decreto – ley sería inconstitucional, cuando menos, en seis artículos, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.
En este sentido, el dictamen del CCG destaca que, a pesar de que el Estado invoca las competencias en materia de inmigración y extranjería para fundamentar la regulación del RDL, en realidad estamos ante una materia vinculada a las competencias de asistencia social, que le corresponde en exclusiva a la comunidad autónoma. El titular del Ejecutivo gallego apuntó que el dictamen cuestiona la exigencia del acuerdo unánime sobre el que descansa la regulación, ya que en su defecto (para lo cual bastaría el voto en contra, por ejemplo, del representante estatal en la Conferencia sectorial) la intervención pasa a ser estatal, con el que se impide la participación de la Comunidad en el que debe ser un proceso colaborativo: «Se trata de un decreto sin objetivar y sin tener en cuenta a las que tienen que prestar los servicios, que son las comunidades autónomas», destacó Rueda.
El Consello Consultivo también cuestiona el uso del Real decreto ley para este supuesto, ya que se trata de una figura a la cual se debe recurrir en casos de urgente y extraordinaria necesidad, tal como se recoge en el artículo 86 de la Constitución. En este caso no estaría justificado, al ser una situación que se viene produciendo en los últimos ocho años. En esta línea, el Consultivo recuerda que desde 2022 se produjeron varios acuerdos sobre esta materia en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
Tras la valoración favorable por mayoría del Consello Consultivo de Galicia, Rueda anunció que la Xunta va a interponer el recurso de inconstitucionalidad ante una norma que considera que invade competencias autonómicas, que «perjudica claramente el sistema de protección de la infancia», y que diseña un modelo que obliga a Galicia a emplear sus propios fondos para prestar un servicio que viene impuesto por el Estado sin consenso previo.
En este sentido, Rueda apuntó que la Xunta de Galicia siempre votó a favor de los distintos repartos de menores migrantes no acompañados en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, ya que todos ellos se realizaron de manera consensuada, planificado y con financiación por parte de la Administración general del Estado, que es lo que sigue demandando el Gobierno gallego: «Galicia no se va a negar nunca a ser solidaria, pero demandamos que las cosas se hagan bien, con planificación y financiación», destacó. Por el contrario, el Real decreto – ley anula el consenso y la participación de las comunidades autónomas, y opta por la vía de la imposición, al tiempo que el propio Gobierno central reconoció que no prevé acercar financiación por estos traslados.
