- Los vecinos informan de vertidos continuadas en el Río Oitavén
- Los residuos pueden generar afecciones en el agua potable de varios municipios y la ciudad de Vigo.
- Ecologistas en Acción reclama que los vertidos autorizados cumplan con la ley que obliga a los titulares de las autorizaciones a garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales antes de su vertidos.
Según testimonios vecinales y observaciones directas realizadas en el entorno de la presa del Octavio (Embalse de Eiras). Ecologistas en Acción informa de la detección de vertidos continuadas de aguas residuales en el Río Oitavén, situación que supone una grave amenaza para la calidad ambiental del río y para la salud de las personas que viven en su entorno. Estas vertidos provocan la contaminación de las aguas, afectando a la biodiversidad acuática, alterando los ecosistemas y generando riesgos sanitarios significativos, incluyendo la presencia de patógenos y sustancias químicas nocivas.
La organización denuncia que estos vertidos afectan al Río Oitavén, un curso fluvial estratégico ya que abastece el Hallazgo de Eiras, la principal fuente de agua potable del área metropolitana de Vigo y de su comarca.
Ecologistas en Acción, preocupada por los impactos que el cambio climático tendrá sobre el medio ambiente y la salud pública, llama la atención de las autoridades competentes y de la ciudadanía sobre que estos vertidos, habituales en la Comunidad Autónoma Gallega, suponen un peligro para los ecosistemas y para la salud de las personas.
La organización ecologista reclama una actuación inmediata de las autoridades competentes para identificar las causas de estas vertidos, adoptar medidas correctoras y garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales y de saneamiento vigentes, con el objetivo de proteger tanto los ecosistemas fluviales como la salud pública. El vertido denunciado vulnera el principio de no deterioro recogido en la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) e incumple las obligaciones establecidas en la Ley 9/2010 de Aguas de Galicia, que obliga a los titulares de las autorizaciones a garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales antes de su vertido.
