La Confederación Española de Policía (CEP) se va a concentrar frente al Ministerio del Interior el próximo 24 de
febrero para exigir la dimisión del titular del departamento, Fernando Grande-Marlaska, tras el escándalo
generado por el cese del número dos de la Policía Nacional al ser denunciado en sede judicial por una agresión
sexual sufrida por una subordinada. El acto de protesta pondrá el foco en la relación entre ambos, ministro y
alto cargo policial ya cesado, tras haber impulsado el primero una modificación legal, en noviembre de 2024,
para premiar al Director Adjunto Operativo con una jubilación privilegiada consistente en exceptuarle de la regla
general que obliga a todos los miembros de la Policía Nacional a retirarse forzosamente a los 65 años. Aquella
medida, que CEP ya denunció con contundencia, unió la suerte de ambos, ministro y DAO, de tal forma que los
graves hechos que estamos conociendo no pueden acabar con la dimisión voluntaria del máximo responsable
operativo de nuestro Cuerpo
Siempre respetando la presunción de inocencia, los hechos conocidos ayer son escandalosos y repugnan no
sólo a cualquier policía sino a todo ciudadano decente. Y siendo eso así, la caída del DAO ayer debería haberse
producido mediante un cese inmediato. Una destitución fulminante que es la misma que se habría aplicado a
cualquier policía ante hechos de esa extrema gravedad. No puede haber dobles varas de medir e Interior
permitió ayer una salida amortiguada, a la carta, que jamás habría tolerado para un policía normal, al que
habría aplicado la máxima contundencia disciplinaria, profesional, penal y policial.
Frente a eso, el ministro se ha resistido a dejar caer al máximo mando operativo de la Policía Nacional y lo ha
hecho después de haberse tirado meses justificando haberle dado un trato privilegiado. Que este DAO haya sido
el primer y único funcionario del Cuerpo, en toda su historia democrática, al que se haya permitido permanecer
en su puesto más allá de la jubilación no es una casualidad. Y que Grande-Marlaska haya defendido esa anomalía
escandalosa poniendo la mano en el fuego por él y fabricando una modificación legal vinculada a la DANA para
darle cobertura legal le deja al borde del abismo -y con la mano abrasada- como ministro.
El máximo responsable de la seguridad pública de nuestro país no puede permanecer un solo minuto más en
su puesto después de haberse vinculado de una forma tan reiterada y llamativa a quien ahora ha sido
denunciado por hechos tan graves. Ambos son un ‘ticket’ y la caída de uno no es suficiente como cortafuegos de
una crisis que, además, ha generado honda preocupación y vergüenza en las decenas de miles de policías que
jamás toleraríamos comportamientos abyectos y repugnantes como los que ahora se están investigando.
Grande-Marlaska ya está achicharrado. Reprobado reiteradamente en sede parlamentaria, en CEP llevamos
exigiendo su dimisión desde hace dos años y recordando que es el peor ministro del Interior que hemos tenido
los policías en democracia. La duda ahora es si el Gobierno no va a exigir ni una sola responsabilidad a quien ha
cometido un error de juicio tan alarmante o si el propio ministro no va a adoptar, de una vez por todas, un acto
de coherencia y presentar hoy mismo su dimisión ante el Presidente Sánchez. Ya está tardando.
