La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia que el Ministerio del Interior todavía mantiene en
alojamientos tercermundistas a parte de los policías enviados a reforzar la seguridad de Ceuta, pese a las
mejoras anunciadas y a las reiteradas advertencias sobre sus condiciones. Seis semanas después del asalto
migratorio del 30 de julio, los agentes siguen teniendo que descansar sobre colchones manchados y
almohadas mugrientas en unas dependencias cuyo estado conoce Interior. Por ello, desde CEP acusamos a
Fernando Grande-Marlaska de consentir este trato y exigimos el traslado inmediato de los afectados a un
alojamiento digno.
Las nuevas fotografías y vídeos del acuartelamiento Teniente Fuentes Pila, del Regimiento Mixto de Artillería
30 de Ceuta, muestran hasta qué punto Interior ha desatendido nuestras denuncias. Almohadas con
extensas manchas amarillentas, colchones deteriorados, ventanas corroídas y literas envejecidas
componen el alojamiento reservado a parte de los efectivos de las Unidades de Intervención Policial y de
las Unidades de Prevención y Reacción. Resulta difícil imaginar que alguno de los responsables políticos que
permiten su estancia allí -y que, como esta misma semana, visitan la ciudad autónoma pernoctando en
buenos hoteles- aceptara pasar una sola noche en esas camas.
Han transcurrido seis semanas desde el asalto y más de tres desde que CEP denunció públicamente estas
condiciones el 18 de agosto. Interior ha dispuesto de tiempo más que suficiente para sustituir el material
deteriorado y encontrar alternativas. También ha recibido nuestras reclamaciones expresas y eso impide
alegar cualquier desconocimiento. Si los policías siguen alojados así es porque quienes tienen que
resolverlo han permitido que la situación se prolongue, acreditando con ello un desprecio intolerable a
unos servidores públicos que sí están dando la cara donde ellos no aparecen.
Y es que la urgencia de los primeros días no puede servir ya de coartada, cuarenta y dos días después. Un
Ministerio capaz de movilizar unidades desde distintos puntos de España tiene que ser capaz de
proporcionarles una cama limpia. Que a estas alturas siga pendiente algo tan elemental revela una
negligencia vergonzosa y una absoluta falta de respeto hacia los funcionarios.
Son estos compañeros los que han dejado sus casas y sus familias para reforzar un dispositivo extraordinario
de seguridad. Cumplen servicios exigentes y necesitan recuperarse antes de volver a salir a la calle. Obligarles
a soportar semejantes condiciones de descanso constituye un abuso miserable de su disponibilidad y de su
profesionalidad. Y frente a ello, el ministro parece dar por hecho que los policías aguantarán cualquier
cosa. CEP no va a aceptar que ese desprecio infame determine dónde duermen, cómo se asean o en qué
condiciones pasan semanas desplazados.
La gravedad del abandono aumenta cuando se examinan los antecedentes. La propia Administración ha
reconocido dos casos de sarna entre los funcionarios desplazados y ha comunicado actuaciones de limpieza
y desinfección. Pese a ello, una de las respuestas remitidas a CEP tras nuestras denuncias considera que no
procede una inspección preventiva de riesgos laborales. A quienes sostienen esa valoración les exigimos que
pisen el terreno, comprueben el estado de las dependencias, duerman en esas camas y expliquen a los
compañeros por qué consideran suficiente la calidad de esas instalaciones.
Interior también se ha excusado en las respuestas dadas a CEP hasta ahora en que las instalaciones no
pertenecen a la Dirección General de la Policía. Es una explicación impropia de la gravedad de la denuncia.
La titularidad del edificio no cambia quién ha enviado allí a los policías ni quién debe procurarles un
alojamiento adecuado. Si las dependencias disponibles no reúnen condiciones, se traslada a los agentes o se
despliega el esfuerzo presupuestario necesario para dignificarlas.
Por ello, CEP exige el realojo inmediato de los afectados, la sustitución de colchones y almohadas
deteriorados y una inspección presencial urgente de las condiciones de alojamiento, higiene y descanso.
Exigimos, además, que se identifique a los responsables de haber mantenido esta situación después de
recibir las denuncias.
A este maltrato se añade el intento del Gobierno de desacreditar a los profesionales que advirtieron de lo
que podía ocurrir en Ceuta. La documentación publicada ayer en la web de Moncloa, tras la desclasificación
aprobada por el Consejo de Ministros, acredita que hubo información y avisos previos. Policías nacionales,
guardias civiles y personal del CNI hicieron su trabajo de detección y advertencia.
Pese a ello, el Gobierno ha ido cambiando su versión de lo ocurrido. Desde la inexistencia de informes,
pasando por la falta de traslado a los responsables políticos, el carácter informal de las comunicaciones y la
insuficiente concreción de las advertencias. Ahora insiste en que no permitían anticipar la magnitud de lo
sucedido. CEP considera escandaloso que se utilicen esas explicaciones para cuestionar a los profesionales y
eludir las responsabilidades del Ejecutivo. ¿Necesitaba, acaso, el Gobierno conocer el número exacto de
personas que iban a entrar para tomarse en serio el aviso? ¿Una relación nominal, a lo mejor…?.
CEP denuncia la extrema gravedad institucional que supone que el Ejecutivo ponga bajo sospecha el
trabajo de policías, guardias civiles y personal de inteligencia para defender sus versiones públicas. Son
servidores del Estado, con obligaciones de reserva y una capacidad limitada para responder a las
descalificaciones políticas. Aprovechar esa posición de debilidad para cargarles el fracaso de la gestión
política es una deslealtad intolerable. El Gobierno debe explicar qué hizo con la información disponible, qué
decisiones adoptó y por qué resultaron insuficientes porque la reputación de los profesionales de la
seguridad pública y de la seguridad del Estado no puede utilizarse para salvar la de un ministro.
Marlaska debe dimitir. Los policías, los guardias civiles y los profesionales del CNI sirven a España, y su lealtad
al Estado no les obliga a encubrir la negligencia de un Gobierno ni a soportar que se manche su nombre para
salvar un cargo político. Ellos advirtieron del peligro y, cuando llegó, fueron los compañeros desplegados en
Ceuta quienes tuvieron que afrontarlo. Merecen respeto, condiciones dignas de alojamiento y responsables
políticos que den la cara. CEP no permitirá que quienes sí han estado a la altura en la grave crisis de Ceuta
acaben pagando por quienes siguen aferrados al sillón. Que asuman sus responsabilidades y se marchen.
La dignidad de nuestros compañeros vale más que la carrera política de todos ellos.

La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado hoy ante el Grupo de Trabajo sobre Schengen y Control de Fronteras del Parlamento Europeo que el Ministerio del Interior fracasó antes, durante y después de la mayor avalancha migratoria de España sufrida en Ceuta. Más de 72.000 personas entraron irregularmente en apenas dos días en una ciudad de 85.000 habitantes, mientras los policías sostenían la frontera europea sin medios suficientes, sin previsión y en condiciones indignas.

CEP ha trasladado a los eurodiputados de todos los grupos políticos que no se trató de un episodio imprevisible ni de una crisis inevitable. Ceuta llevaba semanas alertando del aumento diario de entradas a nado; el 29 de julio, un día antes del colapso, CEP denunciaba ya que más de mil personas habían llegado en una sola semana, que las instalaciones de acogida de la ciudad autónoma estaban saturadas y que los policías ya no podían asumir más presión.

“El Ministerio del Interior no fue víctima de la crisis: fue responsable de no anticiparla. Sabía lo que estaba ocurriendo, recibió avisos y decidió no reaccionar hasta que la frontera ya había saltado por los aires”, ha advertido CEP ante el Parlamento Europeo. Desde CEP hemos recordado que, desde el 8 de julio, Interior conocía además una sentencia del Tribunal Supremo que exigía tramitar individualmente los rechazos en frontera de quienes llegasen a nado. Lejos de activar refuerzos, procedimientos y recursos, el Ministerio dejó que la vulnerabilidad marítima de Ceuta se convirtiera en una puerta abierta para decenas de miles de personas.

Desde CEP hemos recordado que, desde el 8 de julio, Interior conocía además una sentencia del Tribunal Supremo que exigía tramitar individualmente los rechazos en frontera de quienes llegasen a nado. Lejos de activar refuerzos, procedimientos y recursos, el Ministerio dejó que la vulnerabilidad marítima de Ceuta se convirtiera en una puerta abierta para decenas de miles de personas.

A la improvisación en Ceuta se suma, según CEP, la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo calculó que afectaría a unas 500.000 personas, pero acabó recibiendo 1.174.978 solicitudes. Más de un millón de expedientes de identificación, comprobación documental y consulta de antecedentes que han recaído sobre una Policía Nacional sin refuerzos suficientes y con más de 600.000 solicitudes aún pendientes de resolver.

CEP ha alertado de que esta decisión no es un asunto exclusivamente interno, de nuestro país. Aunque un permiso de residencia español no habilita para trabajar o instalarse en otro Estado miembro, sí permite viajar por el espacio Schengen durante noventa días de cada ciento ochenta. “España no puede actuar unilateralmente en una frontera exterior de la Unión y después pretender que los efectos de sus decisiones terminen en la frontera española”, ha subrayado el sindicato. La comparecencia ha puesto el foco también en las contradicciones del Gobierno tras la avalancha. Mientras Interior aseguró que la situación estaba revertida en veinticuatro horas, veintiséis días después declaró una situación de interés para la seguridad nacional. El Ministerio habla ahora de 72.000 entradas, 70.000 retornos

y 5.000 personas aún en Ceuta. Las cuentas no salen porque el Gobierno ceutí sitúa la presencia real entre 8.000 y 11.000 personas. “Un Estado que no sabe cuántas personas han entrado, cuántas han salido y cuántas permanecen en su territorio tampoco sabe quiénes son, dónde están ni qué riesgos debe afrontar. Eso no es gestión: es un agujero negro de seguridad”, ha denunciado CEP. Por otra parte, y como ya denunció CEP, los policías enviados como refuerzo a Ceuta llegaron a dormir hacinados sobre colchones viejos y sucios y alrededor de setenta agentes tuvieron que compartir un único inodoro. A pesar de ello, siguieron acudiendo ejerciendo sus cometidos con profesionalidad en la frontera y las calles de la ciudad, incluso después de las agresiones sufridas por policías, guardias civiles y militares. Para CEP, el sacrificio de los agentes se ha convertido en la única respuesta real de un Ministerio sin plan de contingencia.

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La carta recuerda a estas empresas que la prórroga de los contratos de alquiler deberá ser aceptada obligatoriamente una vez sea solicitada por el arrendatario, según el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en materia de alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la situación internacional, aprobado en Consejo de Ministros.

• La comunicación se dirige a diferentes actores clave, como inmobiliarias y fondos de inversión, que concentran o gestionan más de 100.000 viviendas en alquiler en España

•   Los inquilinos con contratos que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 pueden solicitar la prórroga de su contrato de alquiler con las mismas condiciones

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha enviado este lunes una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión para informarles de que deben prorrogar obligatoriamente los contratos de sus inquilinos que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y que así lo soliciten. Entre todas concentran más de 100.000 viviendas de alquiler en todo el país.

En la carta, que ha sido enviada por el Director General de Consumo, se informa a las 13 empresas de la aprobación del Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la situación internacional en Consejo de Ministros.

Las medidas afectan directamente a los arrendamientos de vivienda habitual, sector en el que operan estas inmobiliarias, por lo que se les recuerda la obligación de cumplir estas normas según lo aprobado en el Real Decreto-ley. 

El documento explica la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual: El inquilino podrá renovar de forma extraordinaria su contrato de alquiler una vez finalice la duración de este por plazos anuales, y hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que el contrato estuviese entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Por tanto, la norma genera un nuevo derecho de renovación del plazo del contrato de alquiler por dos años que, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador, manteniéndose los términos y condiciones del contrato en vigor.

Consumo ha solicitado a las entidades la máxima diligencia para asegurar la correcta aplicación de las medidas, así como la adopción de los procedimientos internos necesarios para su cumplimiento inmediato.

Ingresó en el cuerpo en 1990 y desde julio de 2022 era jefe superior de Policía de Illes Balears

El comisario principal José Santafé Arnedo ha sido
nombrado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a propuesta
del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, nuevo
director adjunto operativo de la Policía Nacional. Santafé Arnedo era hasta ahora
el máximo responsable de la Jefatura Superior de Policía de Illes Balears.
El comisario principal Santafé Arnedo ingresó como alumno de la escala
ejecutiva de la Policía Nacional en 1990. Como inspector de policía ocupó
diferentes puestos de trabajo en el ámbito de la seguridad ciudadana, policía
judicial y extranjería en las jefaturas superiores de Madrid e Illes Balears.
En 2005 ascendió a inspector jefe y en 2012 a comisario. En esta categoría
asumió responsabilidades en las jefaturas superiores de Canarias y de nuevo en
Illes Balears. En el año 2020 alcanzó la máxima categoría en la Policía Nacional
y desde el mes de julio de 2022 desempeñaba el puesto de jefe superior en esta
jefatura.
Es diplomado en Magisterio por la Universidad Complutense de Madrid y ha
realizado numerosos cursos y jornadas formativas relacionadas con la actividad
policial como delitos de odio, dirección estratégica de la seguridad pública,
cooperación internacional en políticas de seguridad, liderazgo, y transformación
digital en la Policía Nacional, entre otras.
El comisario principal Santafé Arnedo ha recibido además numerosas
condecoraciones y reconocimientos por su trayectoria profesional.

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N destaca la implantación territorial alcanzada y la capacidad de movilización del colectivo en un día especialmente complejo para el cierre de negocios

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N valora como un nuevo paso adelante la movilización nacional celebrada el pasado 2 de marzo, que ha reunido a casi 20.000 autónomos y simpatizantes en 35 ciudades de toda España, en una convocatoria desarrollada con total normalidad y sin incidentes.

La jornada ha supuesto la segunda gran acción estatal del movimiento tras la histórica movilización del 30 de noviembre, que congregó a cerca de 80.000 participantes. En esta ocasión, la convocatoria se ha celebrado en pleno lunes laboral, circunstancia que condicionó inevitablemente la asistencia al tratarse de un colectivo que, en su mayoría, solo puede participar cerrando temporalmente su actividad económica. “La realidad del autónomo hace especialmente difícil movilizarse en día laborable. Cada persona que ha estado hoy en la calle ha tenido que parar su negocio, reorganizar turnos o asumir pérdidas. Eso da aún más valor a la participación”, señala una coordinadora estatal de la Plataforma 30N.

Lejos de restar relevancia a la jornada, la Plataforma considera que este contexto pone de manifiesto el compromiso del sector. Miles de profesionales decidieron detener su actividad total o parcialmente para visibilizar una problemática que comparten autónomos de todo el país.

Implantación nacional y crecimiento territorial

Si la primera convocatoria marcó un punto de partida histórico, la movilización del 2 de marzo confirma la consolidación del movimiento a escala estatal, ampliando presencia territorial y reforzando redes locales en decenas de ciudades.

“La participación simultánea en 35 sedes demuestra que no hablamos de un malestar puntual ni localizado. Existe una preocupación estructural que afecta al conjunto del trabajo autónomo en España”, afirman desde la Plataforma.

El movimiento ha logrado implicar a sectores clave de la economía real: comercio de proximidad, hostelería, transporte, construcción, peluquería y estética, profesionales liberales, sector agrario y pequeños empresarios.

Una jornada cívica y responsable

Todas las concentraciones se desarrollaron de forma pacífica, ordenada y con un comportamiento ejemplar por parte de los asistentes. Familias, trabajadores y ciudadanos se sumaron a las concentraciones mostrando apoyo a un colectivo que sostiene buena parte del tejido económico y social del país.

El único incidente reseñable se ha producido en la capital de España. En Madrid, estaba prevista la participación del sector del taxi y de vehículos ligeros de transporte, cuya incorporación al recorrido había sido previamente autorizada por la administración competente y contaba con el correspondiente permiso. Sin embargo, finalmente no se permitió su acceso al recorrido establecido, lo que impidió su participación efectiva en la movilización. “Hasta el momento no hemos recibido ninguna explicación oficial sobre lo ocurrido en Madrid. Esperamos que se aclare lo sucedido, porque hablamos de un sector que contaba con autorización expresa”, declara la responsable de prensa de Madrid de la Plataforma.

Un movimiento que se afianza

Desde la organización consideran que, en términos de implantación y estructura interna, la jornada supone un avance significativo.

“Más allá de la cifra de asistencia, lo importante es que el movimiento está creciendo en cohesión, en organización y en presencia territorial. Hoy hemos demostrado que existe una red consolidada en todo el país”, concluye la coordinación estatal.

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N agradece la implicación de participantes, colectivos y ciudadanía, y reafirma su voluntad de continuar trabajando para trasladar institucionalmente las demandas del sector.

FACUA ha analizado la evolución del precio de 41 roscones de diferentes marcas y formatos a la venta en Mercadona, Hipercor, Alcampo, Eroski y Carrefour.

El precio de los roscones de Reyes se ha incrementado de media un 6,8% en las grandes cadenas de distribución en el último año, con picos de subida de hasta el 34%. Esta es una de las conclusiones que se extrae del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en el que ha analizado la evolución de 41 roscones de Reyes a la venta en Mercadona, Hipercor, Alcampo, Eroski y Carrefour (ver tablas).

FACUA advierte a los consumidores que no se dejen confundir por precios supuestamente bajos, ya que puede tratarse de roscones que en lugar de nata tienen en su relleno un preparado a base de nata y grasas vegetales. Es el caso del roscón de 800 gramos que Mercadona vende por 9,30 euros.

Del total de precios analizados por la asociación en los meses de diciembre de 2024 y 2025, seis tienen el mismo importe que el año pasado y siete cuestan menos. El resto, es decir, 28 de 41, son más caros que hace un año.

Los supermercados donde más se han encarecido los roscones de Reyes han sido Alcampo (un 13,5% de media), seguido de Mercadona (un 9,7%) e Hipercor (un 6,2%). Le siguen Eroski (un 4,5%) y Carrefour (un 3,4%).

Subidas más destacadas

Entre los productos analizados, la mayor subida se ha registrado en el roscón de reyes pequeño (210 gr.) de la marca Carrefour Extra. A principios de diciembre de 2024 estaba en oferta a 3,69 euros, mientras que actualmente está a 4,95 euros (un 34,1% más caro).

Le sigue el roscón bombón relleno de nata (600 gr.) de Carrefour. En este caso, ha pasado de 11,99 euros el año pasado a 15,95 euros este 2025 (un 33,0% más). Por su parte, el roscón de 100% nata (800 gr.) y el roscón mixto de nata&trufa (800 gr.), ambos de la marca Eroski, han pasado de estar en oferta a 10,95 euros en 2024, a los 13,95 euros que cuestan actualmente (un 27,4% más).

Entre los siete que cuestan menos que el año pasado, la mayor bajada se ha producido en el roscón 100% nata (400 gr.) de Eroski, que ha pasado de 8,95 euros en 2024 a 6,49 euros en oferta en 2025 (un 27,5% menos). Le sigue el roscón de Reyes relleno de nata Carrefour Extra (420 gr.), cuyo precio era el año pasado de 7,99 euros por los 6,49 euros que cuesta actualmente (un 18,8% menos).

Cambios de formatos

FACUA ha detectado también un cambio de formato o de peso en algunos de los roscones analizados. El roscón de Reyes sin relleno, sin lactosa y sin gluten de la marca Hacendado se comercializaba en Mercadona en 2024 en cajas de 370 gramos. El mismo producto, este año, contiene 360 gramos. Pese a perder 10 gramos, su precio ha aumentado un 5,6% (de 9,00 euros en 2024 a 9,50 euros en 2025).

Por su parte, el roscón de Reyes mediano relleno de nata de la marca Carrefour contenía el año pasado 800 gramos, mientras que el formato que se vende este año pesa 750 gramos. Su precio ha bajado ligeramente de 9,95 euros en oferta en 2024 a 9,49 euros en 2025 (un 4,6% más barato).

La asociación también ha detectado un caso en el que ha aumentado el peso, con una subida significativa también en el precio. El roscón de Reyes de la marca Airos que se vende en Alcampo pesaba 500 gramos el año pasado, mientras que el mismo producto pesa ahora 550 gramos. Si bien contiene 50 gramos más, su precio ha subido cuatro euros (de 10,99 euros en 2024 a 14,99 euros en 2025).

Denuncias de FACUA

Más allá del precio o el formato del producto, FACUA considera fundamental tener en cuenta los ingredientes a la hora de adquirir un producto. Y es que hay roscones que, sólo por la denominación que aparece en el envase, pueden generar confusión al consumidor sobre la composición del mismo.

Tras las denuncias presentadas por FACUA en 2022, las cadenas Lidl, Aldi y Dia y el fabricante Aserceli fueron multadas por la Dirección General de Consumo de las Islas Baleares por publicidad engañosa. Los supermercados denunciados recurrieron ese año a colocar carteles con expresiones como “nata”, “de nata” o “con nata” para describir sus roscones, cuando en realidad sus rellenos no eran de nata sino de un preparado que incluía también grasas vegetales. En cuanto al fabricante, también fue multado por etiquetarlos fraudulentamente con la palabra “nata”.

La asociación también denunció en enero de 2024 a Mercadona por incurrir en publicidad engañosa en los carteles con los que describía sus roscones de reyes, induciendo a los consumidores a creer que están rellenos de nata al incluir el texto «Roscón relleno N.».

Con la llegada del Black Friday, se realizarán múltiples fraudes tipo “phising” por parte de los ciberestafadores

La Policía Nacional, ante la llegada del Black Friday y el Cyber Monday, en las que se realizan gran cantidad de compras “on line”, quiere recordar las técnicas que utilizarán los ciberestafadores para intentar hacerse con nuestro dinero, así como recomendaciones para evitar ser víctima de ellas.

El phishing es una de las ciberestafas más comunes, que además aprovecha diferentes eventos a lo largo del año para captar posibles víctimas camuflándose con las transacciones legítimas, como en estas fechas, la campaña comercial del Black Friday.

Los estafadores suplantarán la identidad de empresas relacionadas con las compras que se realizan estos días, como tiendas o empresas de paquetería o envíos, para robar datos personales o financieros a través de un enlace, o bien, directamente nuestro dinero.

Permanezcamos alerta antes esta 3 técnicas

-Typosquatting: Entrar en una página web maliciosa con una dirección (URL) muy similar, pero no idéntica, a la del sitio verdadero, al haberla tecleado mal o por un enlace fraudulento.

-QRishing: Manipulación de códigos QR para que el usuario descargue software malicioso (malware) o sea redirigido a una web fraudulenta.

-Webs Falsas: Sitios de comercio electrónico fraudulentos que clonan webs de marcas reconocidas y normalmente desaparecen tras recaudar dinero.

La mejor herramienta es la prevención

-Cuidado con los enlaces: No hagas clic en enlaces de promociones que llegan por email, SMS o redes sociales. En su lugar, escribe la dirección del comercio electrónico directamente en tu navegador.

-Desconfía de los precios imposibles: Los artículos más solicitados con descuentos excesivos son un anzuelo habitual. Si parece un chollo irreal, probablemente sea una estafa.

-Verifica la URL (Typosquatting): Asegúrate de que la dirección web de la tienda esté escrita correctamente. Un solo carácter diferente puede llevarte a una web fraudulenta.

-Desconfía de códigos QR que te pidan descargar algo o te redirijan a webs sospechosas en las que además pedirán tus datos.

-Cuidado con la paquetería: Es habitual recibir SMS o emails de supuestas empresas de envío. No pinches en los enlaces que soliciten pagos o datos.

-Examina la tienda online: Si no es una página conocida, fíjate en el diseño, la calidad de las imágenes, si hay faltas de ortografía o textos mal traducidos, y si no incluye información de contacto o datos fiscales (CIF). Comprueba que la URL empiece por https:// y que aparezca el icono de un candado cerrado en la barra de direcciones.

-Método de Pago: Desconfía si la web solo te pide datos de tu tarjeta o cuenta bancaria sin ofrecer otras pasarelas de pago seguras.

Si has sido víctima: cambia tus contraseñas, cancela la tarjeta de crédito/débito inmediatamente, contacta con tu banco y denuncia en la Policía Nacional.

FACUA ha analizado la evolución de 185 precios de productos a la venta en Mercadona, Dia, Hipercor, Alcampo, Eroski y Carrefour.

El precio de los dulces navideños se ha incrementado de media un 15,4% en las grandes cadenas de distribución en el último año, con picos de subida de hasta el 65,3%. Esta es una de las conclusiones que se extrae del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en el que ha analizado la evolución de 185 precios de bombones, turrones, mantecados y polvorones a la venta en Mercadona, Dia, Hipercor, Alcampo, Eroski y Carrefour (ver tablas completas).

Por supermercados, donde más se han encarecido desde finales de octubre de 2024 a finales de octubre de 2025 ha sido en Hipercor (un 20% de media), seguido de Alcampo (un 19,8%), Carrefour (un 18,0%), Eroski (un 13,1%), Dia (un 12,4%) y Mercadona (un 9,0%).

En su análisis, la asociación ha registrado 185 precios de diferentes productos entre los que hay tanto marcas blancas de los propios supermercados (Hacendado, Dulce Noel, El Corte Inglés, Alcampo o Eroski) como otras muy conocidas que se comercializan en diferentes establecimientos (Nestlé, Ferrero Rocher, Mon Cheri, Suchard, El Almendro, El Lobo, La Casa, Delaviuda, Lindor, Merci, Dulcinea o Vicens).

Subidas más destacadas

Entre los productos analizados, la mayor subida se ha registrado en el turrón de yema tostada Calidad Suprema El Corte Inglés Selection en Hipercor, que ha pasado de 2,39 euros en 2024 a 3,95 euros en 2025 (un 65,3% más caro). Le sigue el surtido de bombones de chocolate Guylian en Alcampo, donde ha pasado de 6,85 a 10,95 euros (casi un 60% más).

En Carrefour, la bolsa de bombones de avellana, almendra, trufa y chocolate negro de su marca propia (470 gr.) se ha disparado un 47% en un año (de 4,89 euros en 2024 a 7,19 euros en 2025). En Dia, los bombones rellenos de cereza al licor Trapa (120 gr.) se han encarecido un 40% en este mismo periodo (de 2,35 euros en 2024 a 3,29 euros en 2025).

En Eroski, la caja de bombones Lindor (337 gr.) ha pasado de 11,99 euros en 2024 a 16,49 euros en 2025 (incremento de precio del 37,5%). En Mercadona, la tableta de turrón de Suchard costaba 3,99 euros el año pasado, mientras que actualmente está a 5,00 euros (subida del 25,3%).

Encarecimiento del 22,6% desde 2023

FACUA también ha comparado la evolución de los precios de los dulces navideños en los dos últimos años. En este caso, el encarecimiento medio de estos productos ha sido del 22,6% con respecto al precio que tenían a finales de octubre de 2023 (ver tablas completas).

Donde más ha subido el precio de los bombones, mantecados y polvorones en los últimos 24 meses ha sido en Alcampo (un 40% de media). El mayor incremento se ha producido en los bombones de chocolate Guylian, que han pasado de 5,99 euros en 2023 a 10,95 euros en 2025 (un 82,8% más.)

En Carrefour, la subida media ha sido del 28,6% en este mismo periodo. En esta cadena de distribución francesa hay productos que cuestan actualmente más del doble que hace dos años. En concreto, el turrón de chocolate crujiente de la marca Trapa estaba a 0,99 euros en 2023, mientras que ahora cuesta 1,99 euros (un 101% más).

En Hipercor, estos dulces son actualmente un 27,3% más caros que en la Navidad de 2023. Un 21% más caros de media son en Eroski y en Dia, mientras que en Mercadona también han subido un 20,7% durante este periodo. En esta cadena la mayor subida se ha registrado en el turrón de chocolate crujiente de la marca Hacendado, que ha pasado de 1,70 euros en 2023 a 2,40 euros en 2025 (un 41,2% más caro).

Reduflación en bombones de Mercadona

Mercadona ha reducido notablemente el envase de sus bombones Senzza de chocolate con avellana, fondant, praliné y almendra. En 2023, este producto contenía 470 gramos (40 bombones) y costaba 4,20 euros (3,50 euros en oferta). En 2024 era el mismo formato que el año anterior pero su precio subió a 4,90 euros (4,40 euros en oferta). Este año, en envase que se vende es de 330 gramos (28 bombones) y su precio es de 4,30 euros (3,90 euros en oferta).

De este modo, el precio de estos bombones es actualmente de 11,81 euros/kilo, mientras que en 2024 era de 9,36 euros/kilo (2,45 euros menos) y en 2023 de 7,44 euros/kilo (4,37 euros menos).