La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado hoy ante el Grupo de Trabajo sobre Schengen y Control de Fronteras del Parlamento Europeo que el Ministerio del Interior fracasó antes, durante y después de la mayor avalancha migratoria de España sufrida en Ceuta. Más de 72.000 personas entraron irregularmente en apenas dos días en una ciudad de 85.000 habitantes, mientras los policías sostenían la frontera europea sin medios suficientes, sin previsión y en condiciones indignas.

CEP ha trasladado a los eurodiputados de todos los grupos políticos que no se trató de un episodio imprevisible ni de una crisis inevitable. Ceuta llevaba semanas alertando del aumento diario de entradas a nado; el 29 de julio, un día antes del colapso, CEP denunciaba ya que más de mil personas habían llegado en una sola semana, que las instalaciones de acogida de la ciudad autónoma estaban saturadas y que los policías ya no podían asumir más presión.

“El Ministerio del Interior no fue víctima de la crisis: fue responsable de no anticiparla. Sabía lo que estaba ocurriendo, recibió avisos y decidió no reaccionar hasta que la frontera ya había saltado por los aires”, ha advertido CEP ante el Parlamento Europeo. Desde CEP hemos recordado que, desde el 8 de julio, Interior conocía además una sentencia del Tribunal Supremo que exigía tramitar individualmente los rechazos en frontera de quienes llegasen a nado. Lejos de activar refuerzos, procedimientos y recursos, el Ministerio dejó que la vulnerabilidad marítima de Ceuta se convirtiera en una puerta abierta para decenas de miles de personas.

Desde CEP hemos recordado que, desde el 8 de julio, Interior conocía además una sentencia del Tribunal Supremo que exigía tramitar individualmente los rechazos en frontera de quienes llegasen a nado. Lejos de activar refuerzos, procedimientos y recursos, el Ministerio dejó que la vulnerabilidad marítima de Ceuta se convirtiera en una puerta abierta para decenas de miles de personas.

A la improvisación en Ceuta se suma, según CEP, la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo calculó que afectaría a unas 500.000 personas, pero acabó recibiendo 1.174.978 solicitudes. Más de un millón de expedientes de identificación, comprobación documental y consulta de antecedentes que han recaído sobre una Policía Nacional sin refuerzos suficientes y con más de 600.000 solicitudes aún pendientes de resolver.

CEP ha alertado de que esta decisión no es un asunto exclusivamente interno, de nuestro país. Aunque un permiso de residencia español no habilita para trabajar o instalarse en otro Estado miembro, sí permite viajar por el espacio Schengen durante noventa días de cada ciento ochenta. “España no puede actuar unilateralmente en una frontera exterior de la Unión y después pretender que los efectos de sus decisiones terminen en la frontera española”, ha subrayado el sindicato. La comparecencia ha puesto el foco también en las contradicciones del Gobierno tras la avalancha. Mientras Interior aseguró que la situación estaba revertida en veinticuatro horas, veintiséis días después declaró una situación de interés para la seguridad nacional. El Ministerio habla ahora de 72.000 entradas, 70.000 retornos

y 5.000 personas aún en Ceuta. Las cuentas no salen porque el Gobierno ceutí sitúa la presencia real entre 8.000 y 11.000 personas. “Un Estado que no sabe cuántas personas han entrado, cuántas han salido y cuántas permanecen en su territorio tampoco sabe quiénes son, dónde están ni qué riesgos debe afrontar. Eso no es gestión: es un agujero negro de seguridad”, ha denunciado CEP. Por otra parte, y como ya denunció CEP, los policías enviados como refuerzo a Ceuta llegaron a dormir hacinados sobre colchones viejos y sucios y alrededor de setenta agentes tuvieron que compartir un único inodoro. A pesar de ello, siguieron acudiendo ejerciendo sus cometidos con profesionalidad en la frontera y las calles de la ciudad, incluso después de las agresiones sufridas por policías, guardias civiles y militares. Para CEP, el sacrificio de los agentes se ha convertido en la única respuesta real de un Ministerio sin plan de contingencia.

La asociación reclama al Gobierno medidas que reduzcan el desproporcionado margen de beneficio de las energéticas.

Agosto finaliza con el recibo de la luz más caro en casi cuatro años. Según el análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción, el recibo de la luz del usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) se ha situado en los 96,65 euros. Hay que remontarse a octubre de 2022 para encontrar una factura más alta, cuando alcanzó los 103,34 euros.

El recibo ha subido un 19,8% con respecto a los 80,71 euros que costó en agosto de 2025. En los últimos años, la factura del usuario medio —un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales— del mes de agosto ha sido de 96,65 euros en 2026, 80,71 euros en 2025, 78,21 euros en 2024, 73,21 euros en 2023 y 158,30 euros en 2022.

En cuanto a la evolución mensual, la subida con respecto a julio —que había sido hasta entonces el mes más caro del año— ha sido del 3,2%. Se situó entonces en los 93,65 euros.

El precio medio del kWh de energía consumida en agosto ha estado en 26,89 céntimos en horario punta, 18,68 céntimos en el llano y 21,76 céntimos en el valle. Así, el precio de la energía ha subido con respecto a agosto de 2025 un 10,4% en punta, un 17,9% en llano y un 39,8% en valle.

Reclama medidas al Gobierno

FACUA reclama al Gobierno medidas que reduzcan el desproporcionado margen de beneficio de las energéticas. La asociación también lleva años pidiendo que las energías nuclear e hidroeléctrica salgan de la subasta marginalista diaria y sean sometidas a precios fijos fijados por el Gobierno a largo plazo. De esta forma se evitarían los denominados beneficios caídos del cielo de estas tecnologías gracias al diseño que desde hace décadas tiene el sistema marginalista, donde el precio de mercado lo determina la oferta más cara que permite satisfacer la demanda cada hora.

La asociación también reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez un cambio regulatorio para convertir en estable y permanente un tipo de IVA reducido para la luz. Se trata de una de las reivindicaciones históricas de la asociación, que considera injusto para los usuarios domésticos que se les repercuta el IVA más elevado a un suministro esencial y básico como es el de la electricidad. Así, es fundamental la consolidación de un impuesto reducido para no afectar aún más la castigada economía de los hogares españoles.

La bajada de recaudación para las arcas, señala FACUA, puede ser perfectamente compensada con un aumento en los impuestos directos que afecte a quienes más ganan —las grandes empresas—, de manera que no afecte a la financiación de otras cuestiones esenciales como sanidad o educación.

Pero, además, también insta al Ministerio para la Transición Ecológica que lleve a cabo de una vez actuaciones encaminadas a potenciar que los usuarios soliciten los descuentos del bono social. Año tras año, las cifras constatan que la gran mayoría de sus beneficiarios potenciales no lo solicitan. No lo hacen porque desconocen su existencia y características o debido a que creen que no tienen derecho a recibirlo. A día de hoy, el Gobierno continúa sin emprender campañas de publicidad institucional potentes sobre estos descuentos.

Asimismo, FACUA reclama medidas para fomentar que los consumidores optimicen la potencia contratada en sus viviendas. Según un análisis de la asociación, los consumidores domésticos pagan a las eléctricas cerca de mil millones de euros de más cada año por el exceso de kilovatios que figuran en sus contratos.

El perfil de usuario de los análisis de FACUA

El usuario medio utilizado por FACUA en sus análisis tiene una potencia contratada de 4,4 kW —la misma en horario punta y valle— y un consumo de 366 kWh mensuales. Es un perfil elaborado tras el análisis de varias decenas de miles de facturas de viviendas habitadas. En cuanto a los porcentajes de consumo en los tres tramos horarios del nuevo sistema de facturación, la asociación ha tomado como referencia el perfil de usuario medio tradicional sin discriminación horaria publicado en 2021 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que consume el 45% de la electricidad en el horario valle, el 29% en el horario punta y el 26% en el horario llano.

De lunes a viernes, el horario punta se aplica de 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas, el llano de 14 a 18 horas y de 22 a 00 horas, y el valle de 00 a 8 horas. Sábados, domingos y festivos nacionales se aplica las 24 horas el horario valle.

_{Los datos corresponden a la tarifa semirregulada, denominada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidores (PVPC). Se indican con el 27,19% que representan el IVA (21%) y el impuesto especial sobre la electricidad (5,11269632%) incluidos hasta el 21 de marzo de 2026 y desde el 1 de junio de 2026. En el periodo intermedio, el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, introdujo un IVA del 10% y un impuesto especial sobre la electricidad del 0,5%, lo que representa un 10,55% total. Los datos relativos a la potencia son la suma de sus tarifas en horario punta y valle. Los de la energía se han calculado a partir de la tarifa media diaria en cada tramo horario. El usuario medio tiene un consumo de 366 kWh mensuales, de los que 106 kWh corresponden al horario punta, 95 al llano y 165 al valle. No se incluye el coste regulado asociado al mecanismo de financiación del bono social. El PVPC lo ofrecen las comercializadoras Energía XXI (de Endesa), Curenergía (Iberdrola), Gas & Power (Naturgy), Régsiti (Repsol) y Baser (TotalEnergies).}

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La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia la grave escalada de incidentes violentos que están sufriendo en Ceuta los profesionales encargados de proteger la seguridad ciudadana, garantizar el ejercicio de los derechos y libertades y preservar el orden público. En apenas unos días se han sucedido ataques contra policías nacionales, guardias civiles y militares protagonizados por personas que accedieron irregularmente a la ciudad durante la entrada masiva del pasado mes de julio y que todavía permanecen en ella.

Estos incidentes no son simples episodios de desobediencia, sino que acreditan que parte de esos inmigrantes no reconoce ni respeta el principio de autoridad y está dispuesta a enfrentarse abiertamente a quienes representan y hacen cumplir la ley. Una realidad que el Ministerio del Interior no puede seguir ocultando detrás de eufemismos, silencios o mensajes tranquilizadores que ya no se sostienen frente a lo que está ocurriendo en las calles de Ceuta.

El último policía nacional herido pertenece a la VII Unidad de Intervención Policial, desplazada desde Sevilla para reforzar el dispositivo de seguridad. Durante la tarde del 26 de agosto, los agentes tuvieron que acceder al recinto de Loma Colmenar para poner fin a una pelea multitudinaria entre inmigrantes. Mientras trataban de separar a los implicados, dispersar a los participantes y evitar que el enfrentamiento adquiriese consecuencias todavía más graves, uno de los compañeros recibió en la mano derecha el impacto de un objeto contundente lanzado desde el interior de la multitud. Aunque las primeras pruebas descartaron una fractura ósea, el agente quedó con la mano completamente inutilizada y pendiente de una valoración más precisa de las lesiones en tejidos blandos. Su estado ha obligado a dar por terminada anticipadamente su comisión de servicio y a organizar su regreso a la base.

A este episodio se suma la agresión sufrida en la mañana del 27 de agosto por un grupo de militares en Benzú. Una multitud de inmigrantes acometió contra los efectivos, causó lesiones a uno de ellos y ocasionó daños en un vehículo militar. A tenor de la información que ha trascendido, estamos ante un ataque colectivo en el que los militares fueron rodeados y apedreados, una actuación de extrema gravedad que evidencia hasta qué punto se está erosionando el principio de autoridad en Ceuta.

Durante las últimas semanas también se han registrado el lanzamiento de piedras contra policías, guardias civiles y militares en Loma Colmenar; la agresión a patadas y puñetazos sufrida por un guardia civil fuera de servicio después de identificarse como agente; el empujón a otro guardia civil durante un intento de fuga en el Tarajal; y la amenaza directa de un inmigrante armado con un machete contra un policía nacional, que tuvo que efectuar un disparo al aire para proteger su integridad.

La concentración de tantos incidentes en un periodo tan corto resulta especialmente alarmante si se compara con la evolución de los delitos de atentado contra agente de la autoridad en Ceuta. Después de registrarse 96 casos en 2017 y 93 en 2019, la cifra descendió hasta 52 en 2023 y se mantuvo en 53 tanto en 2024 como en 2025. Ceuta venía mostrando, además, una tendencia descendente que no seguía la evolución general de España. Que en apenas unos días se hayan acumulado tantos ataques contra quienes ejercen funciones policiales o de seguridad constituye una señal de alarma que ningún responsable público puede minimizar.

Por otra parte, la tensión social también crece. El 25 de agosto, una concentración convocada contra la reubicación de inmigrantes en el acuartelamiento ‘Coronel Fiscer’ comenzó con unas 150 personas y llegó a reunir aproximadamente a un millar. Ese mismo día, otra movilización para exigir la dimisión del delegado del Gobierno por la gestión de la crisis migratoria arrancó con unas 800 personas y terminó congregando alrededor de 1.200. No se produjeron episodios violentos, pero la dimensión alcanzada por ambas convocatorias demuestra el hartazgo de una ciudad que lleva semanas soportando una presión extraordinaria y que no encuentra una respuesta suficiente por parte del Gobierno.

El Ministerio del Interior tiene la obligación de recuperar el control de la situación y proteger a quienes está enviando a hacerlo. No puede exigir a los policías que contengan peleas multitudinarias, afronten lanzamientos de objetos, intervengan frente a individuos armados y respondan a altercados crecientes mientras mantiene un despliegue insuficiente y regatea los medios necesarios. Cada día que Interior aplaza una respuesta proporcional a la gravedad de la crisis aumenta el riesgo para los agentes y para el conjunto de los ciudadanos de Ceuta.

CEP exige el envío inmediato de nuevos efectivos especializados en orden público, tanto de las Unidades de Intervención Policial como de las Unidades de Prevención y Reacción. Los refuerzos deben responder a una planificación estable y suficiente, no a parches improvisados ni a desplazamientos que se agotan conforme se multiplican los incidentes. Ese despliegue debe realizarse, además, en condiciones dignas. Los policías trasladados a Ceuta necesitan un alojamiento adecuado, manutención suficiente, garantías de salubridad, periodos reales de descanso y un trato acorde con la dureza de la misión que están desempeñando. No es admisible que quienes están soportando jornadas de enorme tensión, exposición constante al riesgo y una carga física y emocional extraordinaria tengan que pelear también por unas condiciones mínimas durante su comisión de servicio. CEP reitera igualmente la exigencia, ya formulada días atrás, de que estos servicios sean objeto de compensaciones económicas extraordinarias. La penosidad, peligrosidad, duración y excepcionalidad del despliegue están fuera de cualquier prestación ordinaria y deben ser reconocidas como tales. Interior debe decidir de una vez si está dispuesto a preservar el principio de autoridad o si va a seguir abandonando a los policías frente a quienes desafían abiertamente la ley. Los agentes no pueden continuar pagando con su integridad física la pasividad, la imprevisión y la falta de firmeza política del Ministerio. Ceuta necesita más policías, los necesita ya y los necesita protegidos, respaldados y tratados con la dignidad que merece quien se juega su seguridad para defender la de todos.

Un análisis de LALIGA explora el vínculo entre los éxitos internacionales de la última década en clubes y selecciones españolas de diferentes categorías al modelo español de apuesta por la cantera

LALIGA ha realizado un análisis en profundidad sobre el impacto de la cantera en el éxito deportivo y económico del fútbol español, tomando como referencia la conquista del Mundial 2026 y el rendimiento acumulado de las selecciones españolas masculinas, femeninas y de categorías inferiores durante la última década, además del reflejo en los éxitos de los clubes en LALIGA EA SPORTS y HYPERMOTION. Los datos reflejan que la apuesta sostenida por la formación de talento se ha convertido en uno de los principales motores de competitividad del fútbol español a nivel global.

El estudio realizado por el área de Proyectos de Fútbol de LALIGA, arquitectos del Plan Nacional de Canteras de los clubes de la entidad, muestra que España es la selección europea con mayor éxito internacional acumulado en los últimos diez años, con un total de 23 títulos conquistados entre selecciones absolutas y categorías inferiores masculinas y femeninas, seguidos de lejos por los 9 títulos de Alemania, los 7 de Inglaterra, 6 de Francia y Portugal, 5 de Países Bajos y 4 de Italia. Desde 2016 se aprecia una aceleración de estos éxitos deportivos, en paralelo a la consolidación del trabajo desarrollado por clubes, federación y LALIGA en materia de formación y desarrollo de jugadores a través de la red de inteligencia colectiva de los Encuentros de Cantera desde 2016 y el Plan Nacional de Mejora y Optimización de Canteras lanzado en 2022.

Juan Florit, responsable de Proyectos de Fútbol de LALIGA, señaló: “Los datos muestran que el compromiso con la cantera a largo plazo es una estrategia contrastada que genera resultados tanto en lo deportivo como en lo económico. Desde LALIGA trabajamos junto a los clubes para ayudarles a fortalecer sus procesos de desarrollo, compartir conocimiento y elevar los estándares de calidad de sus canteras, siempre respetando la identidad y filosofía propia de cada entidad. La evidencia demuestra que los proyectos que mantienen una apuesta sostenida por la formación generan más oportunidades para sus jugadores, más valor para sus clubes y mayores éxitos para el conjunto del fútbol español, tanto en clubes como en selecciones. Para nosotros, lo más importante no son únicamente los grandes resultados, sino el camino que hace posible alcanzarlos y sostenerlos en el tiempo.”

La generación campeona del mundo nace de las canteras españolas

Uno de los principales hallazgos del análisis es la estrecha relación entre el éxito de la selección campeona del mundo y el trabajo realizado en las estructuras de formación de los clubes.

Según el estudio, 25 de los 26 jugadores convocados por España en el Mundial 2026 pasaron por sistemas de cantera antes de alcanzar la élite, con presencia directa de 11 clubes de LALIGA entre los clubes formadores de la plantilla campeona. El dato confirma que el éxito de la selección no es consecuencia del trabajo de unas pocas academias, sino el resultado de un ecosistema formativo amplio, diverso y conectado.

Los clubes formadores de los internacionales españoles campeones del mundo que han sido traspasados a otros clubes han obtenido más de 466 millones de euros en ingresos por traspasos de estos futbolistas a lo largo de sus carreras, sin contar posibles ingresos adicionales por derechos de formación u otros mecanismos de solidaridad y compensación. A esta cifra se

suma el valor generado por aquellos jugadores que continúan en sus clubes de origen. Los nueve campeones del mundo que siguen en su club formador representan aproximadamente 545 millones de euros en valor deportivo y patrimonial, evitando importantes costes de mercado y convirtiéndose en activos estratégicos para sus entidades.

Más canteranos, más competitividad

El informe también evidencia una relación entre el uso de futbolistas formados en casa y el rendimiento deportivo en competición.

Durante la temporada 2025/26, LALIGA volvió a liderar entre las cinco grandes ligas europeas el porcentaje de minutos disputados por canteranos, con un 20,1% del total, por delante de Ligue 1 (16,1%), Bundesliga (11,9%), Premier League (8,3%) y Serie A (7,6%).

Además, varios de los clubes con mayor protagonismo de futbolistas formados en sus propias canteras figuran entre los proyectos más competitivos del fútbol español. En la temporada 2025/26 destacan Athletic Club (69,5% de los minutos disputados por canteranos), Real Sociedad (55,2%), FC Barcelona (47,5%), RC Celta (43,1%), CA Osasuna (26,1%) y Sevilla FC (25,0%), seguidos por Valencia CF (23,8%) y Real Madrid (23,1%). Estos datos demuestran que apostar por el talento propio no solo es compatible con competir al máximo nivel, sino que puede convertirse en una ventaja competitiva sostenible tanto en el ámbito deportivo como en el económico, ya que los rankings de uso de canteranos correlacionan en gran medida con los primeros puestos de la clasificación final.

Esta relación entre cantera y rendimiento competitivo también se observa en LALIGA HYPERMOTION. Los tres clubes que lograron el ascenso a LALIGA EA SPORTS, Real Racing Club, RC Deportivo y Málaga CF, se encuentran entre las entidades que más protagonismo conceden a jugadores formados internamente. El Málaga lideró la categoría con un 57,3% de los minutos disputados por canteranos, mientras que Racing (21,4%) y Deportivo (17,7%) también figuraron entre los proyectos con mayor peso del talento propio. Asimismo, los tres clubes se situaron entre los equipos con más canteranos en plantilla: Málaga contó con 11, Racing con 9 y Deportivo con 6, reforzando la idea de que la apuesta por la formación puede ser un factor diferencial para alcanzar el éxito deportivo.

Un modelo que forma jugadores más completos y adaptables

El análisis también identifica una característica diferencial de los jugadores desarrollados en el sistema español: su capacidad de adaptación.

La comparación entre la selección campeona de la Eurocopa 2024 y la campeona del Mundial 2026 revela que España logró el éxito con estilos de juego significativamente distintos. Mientras la selección campeona de Europa presentó un perfil más vertical y basado en las transiciones, la campeona del mundo destacó por un juego más asociativo y apoyado en la posesión. La capacidad de los mismos jugadores para rendir en ambos contextos demuestra el valor de un modelo centrado en la formación integral del futbolista, haciendo de la “marca de la casa” del futbolista formado en las canteras españolas el hecho de ser un “futbolista total”.

Una apuesta estratégica para el futuro

Los datos refuerzan la visión que guía el Plan de Canteras impulsado por LALIGA junto a los 42 clubes profesionales: una estrategia a largo plazo destinada a fortalecer el liderazgo internacional del modelo español de formación mediante la mejora continua de estructuras, metodología,

recursos, atención integral al jugador y transición al fútbol profesional, con KPIs específicos sobre protección al jugador, mejora de infraestructuras, carrera dual o protección del menor, reforzadas este año mediante la certificación AENOR-LALIGA, que cuenta con 66 KPIs que se certificarán mediante auditorías exhaustivas en los clubes candidatos.

En los últimos años, LALIGA ha impulsado además este modelo a nivel mundial mediante el trabajo con clubes, federaciones y ligas internacionales en países como Iraq, China, Vietnam o Perú, donde se han llevado a cabo desde proyectos de consultoría para formar de cero una estructura de fútbol base hasta formaciones de directores de cantera o entrenadores de fútbol base.

Seguridad, prevención y responsabilidad.

Con motivo de la celebración del elevado número de espectáculos pirotécnicos en la provincia de Pontevedra durante la época estival, el Equipo de Inspección de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, está llevando a cabo labores de inspección y control para garantizar que estas actividades se desarrollen conforme a la normativa vigente y con las máximas garantías y condiciones de seguridad.

Las inspecciones, que se contabilizan durante el año 2026 en 34 hasta el momento, y de las que sólo se ha efectuado una denuncia, tienen como objetivo comprobar, entre otros aspectos, las condiciones de instalación y montaje, las zonas de seguridad y protección, los medios de prevención disponibles, la correcta manipulación y almacenamiento del material pirotécnico y el cumplimiento de las medidas de seguridad que previamente se establecen para cada espectáculo. Todo ello a fin de evitar cualquier riesgo para la ciudadanía con la colaboración de todos los expertos y servicios de seguridad que toman parte en cada espectáculo.

Objetivo de las Inspecciones:

Comprobar que los espectáculos pirotécnicos se desarrollen con seguridad, verificando:

. Condiciones de instalación y montaje.

. Zonas de seguridad y protección.

. Medios de prevención y protección.

. Correcta manipulación y almacenamiento del material pirotécnico.

. Cumplimiento de la normativa aplicable a cada espectáculo.

El Equipo de Inspección, recuerda que la utilización de artículos pirotécnicos debe realizarse siempre siguiendo las instrucciones del fabricante y respetando las edades y categorías autorizadas a los usuarios.

Así mismo, se recomienda a los expertos del sector la realización de los espectáculos con la máxima atención a la normativa de aplicación y directrices marcadas por los Equipos de Inspección orientadas al desarrollo del espectáculo con la máxima seguridad para todos los asistentes.

En este aspecto, es primordial la colaboración de los vecinos y demás asistentes, siguiendo una serie de recomendaciones tales como, asistir a las zonas de observación con tiempo sin provocar aglomeraciones, respetar las indicaciones de los organizadores y no invadir las áreas delimitadas para el lanzamiento.

Evitar la exposición innecesaria de animales y personas con sensibilidad sensorial.

LA PREVENCIÓN COMIENZA ANTES DEL ENCENDIDO

El cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de organizadores, profesionales y ciudadanía permite disfrutar de las celebraciones reduciendo de manera significativa el riesgo de accidentes.

La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia el trato indigno y miserable que el Ministerio del Interior está dispensando a los policías desplazados a Ceuta para reforzar el dispositivo de seguridad ante la mayor crisis migratoria vivida en nuestro país. Mientras a estos agentes se les exige disponibilidad absoluta, profesionalidad y capacidad para responder a una situación extraordinaria, cuando termina su servicio Interior los devuelve a unas dependencias marcadas por el hacinamiento, el calor, la falta de higiene y unas condiciones de descanso impropias de una Administración que pretenda respetar a sus policías. Mientras el ministro se desplaza a Ceuta a gastos pagados y a dormir en un hotel, los policías se ven obligados a dormir en catres o en colchones viejos y sucios en el suelo de instalaciones del siglo pasado

Como en toda crisis grave que vive España, los policías nacionales están a la altura de lo que se espera de ellos. Protegen vidas y bienes y auxilian a los ciudadanos. Pero el ministro del Interior, Grande-Marlaska, todavía no ha sido capaz de garantizar algo tan elemental como que puedan dormir, ducharse, asearse y recuperarse en condiciones dignas. Esta actitud, que se ha venido reiterando durante los ocho años en los que ha ostentado esa responsabilidad, confirman lo que CEP viene defendiendo desde hace tiempo: estamos ante el peor ministro que hemos tenido los policías en democracia.

Los policías desplazados a Ceuta han sido instalados en dependencias del Regimiento Mixto de Artillería nº30 que, según la información trasladada a CEP, se encontraban previamente sin uso y fueron acondicionadas apresuradamente. El resultado habla por sí solo: siete u ocho funcionarios hacinados en pequeñas estancias o directamente en el suelo, entre literas, taquillas insuficientes, maletas y material acumulado; y, en una de las plantas, unos 70 policías obligados a compartir un único inodoro. Setenta agentes haciendo cola para poder utilizar un retrete después de haber sido enviados por el Estado a sostener un dispositivo policial extraordinario

Esta imprevisión se ha convertido en la marca de la casa de Interior. Y provoca, por ejemplo, que los compañeros allí desplegados se vean obligados a utilizar duchas con problemas de funcionamiento y suministro intermitente de agua caliente, ausencia de una climatización adecuada, ventilación insuficiente y ventanas deterioradas o rotas. En Ceuta, en pleno mes de agosto, con altas temperaturas, humedad y decenas de personas concentradas en espacios reducidos, el resultado es un ambiente que dificulta seriamente el descanso y la convivencia de quienes, pocas horas después, deben volver a estar en condiciones de prestar un servicio policial de máxima exigencia.

Pero el catálogo de despropósitos no termina ahí. Los agentes han tenido que utilizar colchones antiguos, deteriorados y con manchas, una situación documentada gráficamente y que retrata mejor que cualquier comunicado oficial la consideración que parece merecer para Interior el descanso de sus policías. No hablamos de hoteles, lujos ni privilegios. Hablamos de que un funcionario pueda regresar de un servicio extraordinario y acostarse sobre un colchón limpio. El listón no puede estar más bajo y, aun así, Interior ha conseguido pasar por debajo.

También merece capítulo aparte la alimentación facilitada durante los primeros días del despliegue, compuesta por una pequeña botella de agua, pan, una lata de conserva y unos gramos de mortadela envueltos en papel de aluminio. Cuesta asociar semejante ración con la logística de un Ministerio que sabe cuántos agentes desplaza, dónde los desplaza y durante cuánto tiempo pretende mantenerlos operativos. Y siendo eso así, la ofensa y el desprecio hacia los policías alcanza cotas jamás vistas en ese departamento y en un Gobierno que jamás ha movido un dedo por dignificar las dietas que perciben los policías y guardias civiles cuando son movilizados.

Para CEP resulta especialmente grave que esta situación se produzca en una ciudad en la que las infraestructuras policiales llevan años evidenciando un agotamiento que Interior conoce perfectamente. La propia Jefatura Superior de Policía ocupa un inmueble de apenas 1.700 metros cuadrados, procedente de una antigua estación de autobuses remodelada para albergar dependencias policiales y que se encuentra sobreocupado desde hace años. A ello se añade el edificio policial de la avenida San Juan de Dios, un inmueble construido en 1930, concebido originalmente como acuartelamiento de la Policía Armada y con una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados. Ese es el contexto real en el que Interior pretende gestionar ahora una crisis extraordinaria, con una estructura policial permanentemente tensionada, edificios que hace tiempo dejaron de responder adecuadamente a las necesidades operativas y, cuando llegan refuerzos, soluciones improvisadas que terminan convirtiendo el descanso de los agentes en otra prueba de resistencia.

Lo sucedido con el alojamiento de las unidades desplazadas es la consecuencia de una política de gestión en la que la Policía Nacional en Ceuta parece obligada a funcionar siempre al límite, confiando en que la profesionalidad y el sacrificio de los funcionarios compensen aquello que el Ministerio no planifica, no dota o no resuelve. Y la responsabilidad política de esto es inequívoca. Quien decide movilizar policías tiene la obligación elemental de garantizar su alojamiento, higiene, alimentación, descanso y protección de su salud.

CEP ya ha trasladado formalmente los hechos a la Comisión de Seguridad y Salud Laboral Policial de nuestro Cuerpo y ha exigido una inspección urgente, una evaluación específica de riesgos, mediciones de temperatura, humedad y ventilación, la revisión inmediata de aseos y duchas, la sustitución de colchones deteriorados, medidas efectivas de climatización y ventilación y, si esas dependencias no pueden garantizar unas condiciones dignas, el alojamiento inmediato de los policías en otras instalaciones.

El Ministerio del Interior debería explicar ahora quién consideró aceptables estas instalaciones, quién decidió alojar allí a los policías, qué evaluación preventiva se realizó antes de ocuparlas y quién piensa asumir la responsabilidad por haber permitido que esta situación llegara hasta aquí. Y en todo caso, lo que debe hacer un ministro reprobado y achicharrado políticamente es dejar de aferrarse a un cargo que, en lo relativo a las condiciones profesionales de más de 75.000 policías, ha ostentado con un fracaso total que exige su cese o dimisión.

La Sala estima el recurso presentado por el afectado contra la sentencia de primera instancia, que declaró que la incapacidad era por enfermedad común

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) reconoce como accidente de trabajo el desprendimiento de retina del ojo izquierdo sufrido por un conductor camión. De esta forma, estima el recurso interpuesto por el afectado contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº2 de A Coruña, en la que declaraba que la incapacidad temporal lo era por enfermedad común.

La Sala de lo Social subraya que el desprendimiento de retina que ha dado lugar a la incapacidad temporal cuya contingencia se discute en la sentencia “se ha producido en el tiempo y en el lugar de trabajo, esto es, durante la conducción del camión”. A lo que añade que se manifestó “cerca de la medianoche”, es decir, “en un momento en que la conducción obligaba a un esfuerzo visual importante”.

En la resolución, los magistrados explican que, para romper la presunción de laboralidad, “la juzgadora de instancia atribuye credibilidad al informe pericial médico aportado por la mutua demandante”. Sin embargo, recalcan que “ni los antecedentes de desprendimiento de retina, ni su acaecimiento en los seis meses siguientes a una cirugía de catarata, ni la consideración del desprendimiento de retina como una complicación reconocida, excluyen el nexo de laboralidad cuando, además de producirse en tiempo y en lugar de trabajo, se produce con ocasión de la realización de la  propia actividad profesional, siendo una actividad de conducción exigente para la visión, y más si se conduce cerca de la medianoche”.

Finalmente, y a favor de la consideración como accidente de trabajo, el TSXG resalta que “opera la circunstancia de que el Equipo de Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social, organismo especializado en la valoración de las contingencias y de reconocida competencia por su composición multidisciplinar, ha concluido, valorando las circunstancias del accidente de trabajo y la totalidad del historial médico, la existencia de accidente de trabajo, lo que corrobora una conclusión a favor de la laboralidad”.

La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El IMV llega en julio a 879.225 hogares y supone una nómina mensual de 473,3 millones de euros, mientras crece el debate sobre la dependencia de las prestaciones frente a la creación de empleo

El Gobierno de Pedro Sánchez continúa ampliando las prestaciones sociales. En julio de 2026, el Ingreso Mínimo Vital ha llegado a 879.225 hogares, en los que viven 2.682.646 personas, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

La nómina del IMV correspondiente a julio de 2026 asciende a 473,3 millones de euros, con una prestación media de 504,5 euros al mes por hogar.

Además, en julio se contabilizan 126.756 prestaciones activas más que en el mismo mes de 2025, lo que supone un incremento del 16,9%. El número de beneficiarios también crece: 383.646 personas más que hace un año, un 16,7%.

El Gobierno presenta estas cifras como un refuerzo de la protección social. Sin embargo, los datos también abren otro debate: ¿por qué cada vez son más las personas que necesitan una prestación pública y no se pone el mismo esfuerzo en crear las condiciones necesarias para que puedan vivir de un empleo?

Más ayudas en julio, pero la pregunta sigue siendo el empleo

El IMV puede resultar imprescindible para familias que atraviesan una situación de vulnerabilidad. El problema está en convertir las prestaciones en la principal respuesta ante las dificultades económicas.

En julio de 2026, más de 1,08 millones de menores son beneficiarios del IMV y cerca del 70% de los hogares que reciben esta prestación tienen menores a cargo.

El sistema se completa con el Complemento de Ayuda para la Infancia, que en julio llega a 613.088 hogares, con una ayuda media de 122,8 euros por hogar.

Las cifras son importantes porque muestran el alcance que ha adquirido la red de prestaciones públicas. Pero también deberían llevar al Gobierno a plantearse una cuestión fundamental: ¿cuántas de estas familias podrán dejar de necesitar estas ayudas gracias a un empleo estable?

Crear empleo debería ser la prioridad

Una prestación puede ayudar a una familia a superar una situación complicada, pero un empleo estable proporciona independencia económica y una salida de la vulnerabilidad.

Por eso, además de mantener una red de protección para quienes realmente la necesitan, las políticas económicas deberían centrarse en facilitar la contratación, reducir la burocracia y aliviar las cargas que soportan autónomos y empresarios.

Porque el objetivo no debería ser simplemente aumentar cada año el número de beneficiarios de las ayudas públicas.

El verdadero éxito de una política social debería medirse por el número de personas que consiguen dejar de necesitarlas porque han encontrado un empleo.

Los datos de julio de 2026 vuelven a poner esta cuestión sobre la mesa: mientras el IMV alcanza ya a 2,68 millones de personas y mueve 473,3 millones de euros en un solo mes, el debate sobre cómo generar más empleo y reducir la dependencia de las prestaciones sigue abierto.

Ayudar a quien lo necesita es necesario. Crear las condiciones para que cada vez menos personas necesiten ayuda debería ser la prioridad.

El desempleo registrado aumentó en 19.517 personas durante julio, situándose en 2.311.499 parados. Aunque el Gobierno destaca que es la cifra más baja para un mes de julio desde 2007 y que el paro ha descendido un 3,87% en el último año, el incremento mensual refleja un deterioro del mercado laboral en plena temporada estival.

El paro registrado en España aumentó en 19.517 personas durante el mes de julio, un 0,85% más que en junio, hasta alcanzar los 2.311.499 desempleados, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Pese a este incremento, el Ejecutivo subraya que se trata del menor número de personas en paro en un mes de julio desde 2007 y que, en comparación con hace un año, el desempleo se ha reducido en 93.107 personas, lo que supone una caída del 3,87%.

El aumento del paro se concentró principalmente en el sector servicios, con 8.221 desempleados más, seguido del colectivo sin empleo anterior, que sumó 8.268 personas, además de la construcción, con 2.433 parados más. La industria y la agricultura registraron incrementos mucho más moderados.

En cuanto al desempleo por sexos, el paro femenino aumentó en 7.707 mujeres, hasta situarse en 1.396.016, mientras que el masculino creció en 11.810 hombres, alcanzando los 915.483 desempleados. En ambos casos, las cifras siguen siendo inferiores a las registradas hace un año.

El dato más positivo vuelve a ser el de los menores de 25 años, cuyo paro descendió hasta 159.562 personas, el nivel más bajo de toda la serie histórica.

Durante julio se firmaron 1.587.141 contratos, de los cuales 617.211 fueron indefinidos, lo que representa el 38,89% del total.

En materia de protección social, la cobertura por desempleo alcanzó en junio el 80,96%, el porcentaje más elevado para ese mes desde que existen registros. La inversión total en prestaciones ascendió a 1.942,1 millones de euros.

Valoración crítica

El incremento del paro en julio resulta especialmente significativo al producirse en uno de los meses de mayor actividad turística y contratación del año. Aunque el Gobierno pone el foco en la mejora interanual y en el mínimo histórico para un mes de julio desde 2007, el aumento mensual evidencia que el mercado laboral pierde dinamismo en un contexto marcado por la desaceleración económica, el aumento del coste de la vida y la incertidumbre sobre el crecimiento.

Los datos muestran que la creación de empleo continúa siendo insuficiente para absorber toda la demanda laboral, especialmente en el sector servicios, que tradicionalmente impulsa la contratación durante el verano. El repunte del desempleo en plena campaña estival invita a la prudencia sobre la evolución del mercado de trabajo en los próximos meses y refleja que la recuperación del empleo sigue enfrentándose a importantes desafíos estructurales.

Se trata del segundo mes de julio con menor número de fallecidos desde que se tienen registros junto con el de 2014, solo por detrás del de 2021 en un contexto con 6,3 millones de movimientos más que ese año.

Durante el mes de julio se han registrado en las carreteras 97 siniestros mortales en los que han fallecido 107 personas. Se trata de la segunda cifra más baja de la serie histórica junto a 2014, solo por detrás del mes de julio de 2021 cuando se registraron 99 fallecidos en un contexto en el que se produjeron 43,2 millones de movimientos de largo recorrido frente a los 49,5 registrados este mes (+6,3 millones), los cuales suponen un incremento del 2,14% respecto a julio de 2025.

Aunque las vías convencionales continúan siendo las más peligrosas, habiéndose cobrado la vida de casi 7 de cada 10 víctimas mortales de este mes, las autopistas y autovías han registrado este mes 13 fallecidos más que en el mismo mes de 2025.

Si tenemos en cuenta el medio de desplazamiento, aunque el número de usuarios vulnerables fallecidos ha descendido con respecto al mismo mes de 2025 (-9), sí han aumentado los peatones (+1) y los ciclistas fallecidos (+3).

En función del tipo de siniestro, descienden los fallecidos por salidas de vía con 33 fallecidos, 16 menos que en el mismo mes del año anterior, mientras que aumentan las colisiones laterales, frontolaterales, traseras y múltiples con 28 fallecidos, 12 más que en julio de 2025.

Respecto al uso de los sistemas de seguridad, 13 de los fallecidos no hacían uso del correspondiente dispositivo de seguridad en el momento del siniestro: 8 conductores de turismo, 2 de furgoneta y 1 de camión no llevaban el cinturón de seguridad y 2 ciclistas no hacían uso del casco.

Por tramos de edad, aumentan los fallecidos de entre 45 y 54 años (+7) y los de entre 15 y 24 años (+2), comparados con el mismo mes del año anterior.

Por comunidades autónomas, Castilla y León, con 18 víctimas mortales, es la Comunidad que mayor número de fallecidos registra este mes de julio y también la de mayor incremento con respecto al mismo mes de 2025.

El día con más víctimas mortales fue el viernes 10, con 9 fallecidos, mientras que, durante el mes de julio se registraron 2 días con 0 fallecidos: el jueves 9 y el martes 21.

Siniestralidad del primer fin de semana de agosto

En lo que respecta al fin de semana que ha coincidido con la Operación especial 1 de agosto, desde las 15 horas del viernes 31 de julio y hasta la medianoche del domingo 2 de agosto, han fallecido en vías interurbanas 11 personas en 11 siniestros mortales.

Atendiendo a la tipología de la vía, 9 de las víctimas mortales lo fueron en siniestros ocurridos en carreteras convencionales y 2 en vías de alta capacidad.

De los 11 fallecidos, 4 eran usuarios vulnerables, todos ellos motoristas.

Todos los siniestros mortales fueron salidas de vía.

Los siniestros han tenido lugar en Castell de Castells (Alicante), Jurisdicción de Lara (Burgos), Hervás y Villamiel (Cáceres), Benicasim (Castellón), Cabana de Bergantiños (A Coruña), Lezo (Gipuzkoa), Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) y Cebolla y Nambroca (Toledo).

En lo que llevamos de año han fallecido en las carreteras 611 personas, 36 menos que en el mismo periodo del pasado año.