- La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas emplaza al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible la una reunión para exponer el nuevo estudio de la Xunta que concluye que el rescate es en este momento a solución más ventajosa para el interés público y cuantifica esta medida en 2.356 M€
- Es la quinta ocasión en que Allegue reclama una reunión con el ministro, hasta ahora todas sin respuesta
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, viene de solicitar por carta una reunión de trabajo con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para abordar la gestión de la AP-9 delante del último dictamen de la Comisión Europea relacionado con las prórrogas del contrato concesional de la autopista.
Allegue emplaza al ministro a esta reunión, la quinta que solicita en el último año para abordar la gestión de la AP-9, ante la falta de información del Gobierno central sobre la responde que va a dar ante lo citado dictamen y para exponer el nuevo estudio de la Xunta que concluye que el rescate es en este momento a solución más ventajosa para el interés público y cuantifica esta medida en 2.356 M€. En este estudio, además, se realiza una evaluación del impacto que en cuanto al tráfico supondría la liberación del peaje de la AP-9.
No estudio actualizado de la Xunta, el citado coste de la indemnización calculado en este 2025 es mayor (2.356 M€) que el calculado en 2024 (2.331 M€), a pesar de que transcurrió un año más de la concesión. Esto se debe la que el resultado de la concesión, el beneficio de la concesionaria, es cada vez mayor, con el que el coste aumenta, y la concesionaria además se apunta un año más de beneficios. Por esta razón, la Administración autonómica concluye que el rescate es mejor afrontarlo lo antes posible.
La conselleira recuerda que la opción del estudio del rescate ya había sido sugerida por el Consejo de Obras Públicas y el Consejo de Estado nos sus informes sobre el proyecto de RD 680/2021 en el que se que introdujo las bonificaciones para los usuarios, luego ampliadas en el 2024. Ambos organismos señalaban que, ante lo enorme compromiso de gasto previsto, se debía analizar la conveniencia del rescate de la concesión, cuestión que no fue atendida.
Allegue señala que además del cálculo del coste de la indemnización, el Estado debe realizar también un análisis coste-beneficio equivalente a lo que elaboró para la circunvalación de la AP-7 en Alicante y que concluyó señalando los beneficios socioeconómicos y medioambientales que motivaron posteriormente la liberación definitiva del peaje en esta autopista.
La conselleira muestra su disposición para exponer los términos del estudio elaborado por la Administración autonómica y recuerda que en el último año la Xunta ha solicitado en múltiples ocasiones una reunión para abordar una cuestión de tanta trascendencia como la gestión de la AP-9 en múltiples, sin respuesta hasta ahora.
